La apertura de nuevas universidades privadas en Asturias, especialmente en el ámbito de las ciencias de la salud, no puede entenderse únicamente como una apuesta educativa o empresarial. Es, sobre todo, el síntoma visible de un desajuste profundo entre las necesidades sociales y la capacidad actual del sistema público para darles respuesta.
En los últimos años, el déficit de profesionales de enfermería se ha reafirmado como uno de los principales problemas estructurales del sistema sanitario español. No se trata de un mero déficit coyuntural, sino de una escasez sostenida, alimentada por múltiples factores: el envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad, las condiciones laborales y la emigración de profesionales hacia otros países europeos. A ello se suma una oferta formativa pública limitada, incapaz de absorber la creciente demanda de estudiantes que buscan acceder a estos estudios y, sobre todo, de dar respuesta a las necesidades reales del Sistema Nacional de Salud. Esta desconexión queda patente en los últimos datos oficiales del Informe de Datos y Cifras del Sistema Universitario Español 2025/2026.
Según el Ministerio de Sanidad, en España se necesitan cerca de 120.000 enfermeras para alcanzar la media europea: 6,36 por cada 1.000 habitantes frente a las 8,5 de la Unión Europea. Una cifra que se ha visto incrementada con respecto a los anteriores datos disponibles. El Consejo General de Enfermería ha advertido de que hay diferencias sustanciales en los ratios de las comunidades autónomas: mientras regiones como Navarra superan esa media (8,84 enfermeras por cada 1.000 habitantes), otras, como Murcia o Madrid, quedan muy por debajo (4,99 y 6,54 respectivamente). Asturias, con una media de 7,13 enfermeras, se sitúa ligeramente por encima de la media nacional, pero lejos aún de los estándares europeos.
Este déficit genera un efecto negativo en cadena. Por un lado, tensiona el sistema sanitario público, donde la falta de personal y la consecuente sobrecarga de trabajo reducen la calidad de la atención. No se trata de una cuestión menor: un estudio publicado por investigadores del Reino Unido en el British Medical Journal señala que cada día de exposición a la falta de enfermeras en los primeros días de hospitalización incrementa el riesgo de fallecimiento en un 8% y prolonga las estancias hospitalarias, es decir, relaciona directamente la escasez de enfermeras con el riesgo de muerte de los pacientes. Por otro lado, hay un impacto de especial intensidad que a menudo pasa inadvertido en el tercer sector, ese entramado de organizaciones sociales que actúan como red de contención para los colectivos más vulnerables. Residencias geriátricas, entidades de atención a la dependencia o a la discapacidad, programas de salud comunitaria o de intervención social dependen en gran medida de las enfermeras para sostener su actividad, por lo que compiten por el mismo talento que el sistema público y el privado, pero lo hacen desde una posición claramente de desventaja.
En este contexto, la irrupción de universidades privadas que amplían la oferta de plazas en titulaciones sanitarias responde a una lógica de mercado evidente: demanda elevada, empleabilidad prácticamente garantizada y una oferta pública insuficiente. El nicho existe. Sin embargo, conviene no confundir la respuesta con la solución. La expansión de la formación universitaria privada en este ámbito plantea interrogantes relevantes. Por un lado, puede contribuir a aumentar el número de profesionales formados, lo cual es, sin duda, necesario. Pero, por otro, introduce dinámicas de mercantilización en un sector, el de la salud, que debería regirse por criterios de equidad y servicio público. El acceso a estos estudios queda condicionado por la capacidad económica, lo que puede reproducir desigualdades de origen y limitar la diversidad social en quienes ejercen las profesiones sanitarias. A ello se suma otro elemento crítico: el uso de dispositivos de la red sanitaria pública para las prácticas obligatorias por normativa europea, generando la saturación de los servicios con el consiguiente perjuicio para los pacientes, una mayor sobrecarga de los profesionales asistenciales y el desplazamiento del alumnado de la universidad pública, tal y como advierte la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sanidad Pública de Asturias. Además, formar más enfermeras no basta, por sí solo, para resolver el problema de fondo; si las condiciones laborales no mejoran, si la temporalidad y la sobrecarga persisten, y si el tercer sector sigue siendo el eslabón más débil en la cadena de cuidados, buena parte de esos nuevos profesionales seguirá abandonando el sistema o migrando hacia entornos más atractivos. El propio Ministerio de Sanidad, en el
Informe Anual del Sistema Nacional de Salud de 2024, recoge un dato alarmante: el 39,4% de las enfermeras en activo manifiesta su intención de abandonar prematuramente la profesión en los próximos 10 años debido a las condiciones laborales no sólo referidas a las condiciones económicas, sino, y sobre todo, a la falta de reconocimiento institucional, de oportunidad para promocionarse profesionalmente y de ejercer la profesión de acuerdo a la identidad y ética profesional propia.
Asturias reúne, además, características que intensifican este escenario: se trata de una de las poblaciones más envejecidas del país, con una demanda creciente de cuidados sociosanitarios y una presión sostenida sobre los servicios públicos y las entidades sociales. En este contexto, la apertura de universidades privadas no es casual: responde a una necesidad real, pero también a una oportunidad de negocio
derivada de la incapacidad del sistema público para anticiparse y adaptarse. El auge de la formación privada en enfermería no debería analizarse como un fenómeno aislado, sino como parte de un problema más amplio. La cuestión no es sólo cuántos profesionales se forman, sino en qué condiciones trabajan, dónde ejercen y al servicio de qué modelo de sociedad. Sin una apuesta decidida por reforzar lo público (en la educación, en la sanidad y en el ámbito social), el riesgo es que la solución aparentemente más simple termine profundizando las desigualdades que pretende corregir.
