El Gobierno asturiano recuperará en un plazo de dos meses el Servicio de Seguridad Minera, suprimido en 2019 con la práctica liquidación del sector carbonero, y desarrollará un programa de inspecciones en las empresas que no recibirán aviso previo como venía ocurriendo desde hace décadas y mejorará los procedimientos de seguimiento de las denuncias recibidas en ese ámbito.
Así lo ha anunciado este miércoles el presidente del Principado, Adrián Barbón, tras analizar el informe de la Inspección General de Servicios sobre el accidente en el que fallecieron cinco trabajadores en la mina de Cerredo que refleja que Minas hizo una instrucción “insuficiente” al acreditar la solvencia de las empresas que la explotaban y que pudo utilizar la figura del ‘proyecto de investigación complementaria” (PIC) para autorizar la extracción de carbón y eludir así la aplicación del cierre de la minera no competitiva.
Según Barbón, el accidente no se habría producido si no hubiera habido una empresa que “de manera ilegal” incumplió todas las normativas de seguridad y que carecían de permiso para extraer carbón realizando “una actividad clandestina” que ha constatado la necesidad de “regenerar” en su conjunto el Servicio de Minas como ya hizo al desgajar la Consejería de Industria tras la dimisión de su anterior responsable.
A su juicio, la publicación del informe y las medidas que hoy ha anunciado son “el principio de todo” en torno a una investigación que abrió con el compromiso de “llegar hasta el final” para que se haga “justicia”.
A la vez ha incidido en que la modificación de la estructura administrativa que suprimió el Servicio de Seguridad Minera pasó “todos los filtros” previos y, por tanto, no fue objeto de debate en el seno del Consejo de Gobierno que aprobó ese cambio derivado de la idea de que el fin del carbón subvencionado supondría menor carga de trabajo aunque las labores de restauración e investigación generaron nuevas tareas.
El informe advierte de que, desde entonces, los objetivo marcados al departamento no eran acordes con su reducción de personal lo que llevará ahora, según ha anunciado Barbón, a reforzar ahora la dotación de personal del Servicio de Minas y a digitalizar el Catastro Minero, la gestión de las estadísticas en materia de accidentes y la comunicación de los planes de labores.
Las medidas que llevará a cabo el Principado, que van “más allá” de lo que plantea el mencionado informe según Barbón, contemplan además un mayor control de la transmisión de derechos mineros a través de una instrucción por la que será imprescindible determinar su motivación, así como la solvencia técnica y económica de las empresas tras lo ocurrido entre Blue Solving y la anterior titular de la mina de Cerredo.
Además, se elaborará otra instrucción para gestionar con más rigor y regular los denominados Proyectos de Investigación Complementaria, una figura que el informe apunta a que pudo ser utilizada por el Servicio de Minas para autorizar la extracción de carbón eludiendo la ley y que en ningún caso será autorizada a partir de ahora si conlleva la recolección de material.
Asimismo, Barbón ha avanzado que se pondrá en marcha una mejora en la coordinación interna y entre administraciones, fundamental con el Instituto de Transición Justa del Gobierno central -que aseguró desconocer que se extraía carbón en Asturias hasta el siniestro de Cerredo en marzo de 2025- y en la supervisión del seguimiento de las denuncias recibidas a través de los canales establecidos por el Principado.
Algunas de las denuncias recibidas sobre el funcionamiento de la explotación coincidieron, ha recordado, con inspecciones que fueron realizadas, pero es necesario introducir mejoras por que “no puede ser” que algunos funcionarios digan que están denunciando cuando se limitaron a elaborar un acta que no remitieron
