Los ayuntamientos que decidan aplicar la tasa turística que va a regular por ley el Gobierno del Principado “tendrán libertad para poder destinar los fondos que recauden a la mejora de los servicios y a mejorar la conciliación entre turistas y residentes”, según ha señalado la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo.
Así, las instituciones locales podrán invertir esos fondos en mejorar el destino turístico, medidas de desestacionalización y de apuesta por el turismo de calidad, la profesionalización del sector, mejoras de movilidad y gastos extraordinarios derivados de esta actividad económica, ha indicado Llamedo, que ha trasladado este lunes el contenido de este proyecto de ley a la Federación Asturiana de Concejos.
El martes hará lo propio con la Mesa del Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios ya que, según la vicepresidenta, el proyecto de ley se encuentra ya en su última fase y solo está pendiente de algunos retoques antes de que salga a información pública y sea llevada al Consejo de Gobierno del Principado para su aprobación.
La tasa turística era una demanda de IU-Convocatoria por Asturies y Somos Asturies, que abogaban no obstante porque esta fuera de carácter obligatorio y autonómico. Finalmente, las resistencias de la FSA-PSOE han llevado a adoptar el nuevo tributo, pero en una versión muy diferente a la propuesta por sus socios de izquierdas.
Llamedo ha señalado que los municipios que decidan aplicarla deberán desarrollar ordenanzas para establecer la cuantía a aplicar y tendrán autonomía a la hora de decidir a qué destinarán la recaudación, que quedará en manos del Principado y será transferida trimestralmente a cada ayuntamiento.
Además, ha incidido en que esta ley se hace a semejanza de otras que hay en vigor en otras comunidades autónomas en las que hay una parte de recargo municipal, ha mostrado la disposición del Gobierno a colaborar con los municipios más pequeños para la redacción de las ordenanzas que deben aprobar para su aplicación.
La intención del Gobierno del Principado es que la nueva tasa turística autonómica de carácter voluntario para los ayuntamientos, que gravará la estancia de los turistas como suplemento a los alojamientos en los que pernocten y que podrá aplicarse también a los cruceristas, sea aprobada por el Consejo de Gobierno este semestre.
