La dirección de TYC Narcea ha notificado este lunes a los representantes de los trabajadores la presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE) para la plantilla de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, formada por unos 70 empleados.
La empresa ha anunciado esta decisión a la plantilla en una primera toma de contacto para empezar la negociación del ERE sin que haya notificado por el momento el número de despidos en una plantilla en la que 55 operarios están ya sometidos a una regulación de empleo temporal mientras los quince restantes realizan labores de mantenimiento en la mina.
Los trabajadores de TYC Narcea esperaban además que este lunes se les notificara por parte de la Dirección General de Minas la autorización para realizar las labores de mantenimiento en la rampla de la explotación, que supondrían unos cuarenta días de trabajo, sin que por el momento se les haya notificado por parte de la administración autonómica, ha indicado el portavoz de los trabajadores.
La empresa ha adoptado esta decisión ante la congelación de las autorizaciones para retomar los trabajos ante la paralización indefinida del proyecto de investigación complementaria (PIC) y el retraso en la tramitación del proyecto de explotación en una mina que se encuentra parada desde el accidente del pasado 21 de noviembre, en el que perdieron la vida dos personas.
Cuando ocurrió el siniestro, TYC Narcea tenía un permiso para extraer 90.000 toneladas de carbón destinadas a evaluar su utilización en actividades industriales, entre ellas la fabricación de arrabio de bajas emisiones en altos hornos, y estaba tramitando el proyecto de explotación.
Los PIC se encuentran ahora en el foco de la polémica por su generalización durante la etapa de Belarmina Díaz como subterfugio para reabrir minas de carbón que habían recibido ayudas por cerrar.
El PIC que permitía realizar su actividad a la empresa fue suspendido por el Principado tras la denuncia de otra empresa del sector, una decisión ratificada en una sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que TYC Narcea recurrió ante el Tribunal Supremo.
Además, el Instituto de Transición Justa (ITJ) tiene pendiente aclarar si la empresa tiene que devolver las ayudas al cierre percibidas por la anterior propietaria de la explotación, una decisión a la que está condicionada la tramitación del proyecto de explotación por parte del Principado.
En relación con este asunto, el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha asegurado que desde el Principado estarán “vigilantes” para que se cumplan los derechos de los trabajadores y se ha mostrado confiado en una “rápida” respuesta del ITJ que determine si la empresa puede retomar su actividad o no.
