Asturias construyó más de 35.000 viviendas protegidas desde comienzos de los años noventa. Hoy, una parte importante de ese parque ya ha desaparecido del sistema público o podría haberlo hecho. Más de 10.000 viviendas han perdido ya su protección y otras 8.000 podrían haber pasado al mercado libre mediante mecanismos de descalificación anticipada permitidos durante años por la normativa vigente.
Los datos aparecen en una investigación de la Fundación Civio sobre la evolución de la vivienda protegida en España y ayudan a poner cifras a un debate que lleva tiempo creciendo en Asturias: qué ocurrió con las viviendas levantadas con ayudas públicas durante las últimas décadas y por qué buena parte de ellas terminó funcionando como vivienda privada ordinaria.
Una cuantiosa pérdida de vivienda social a la que se suman los 21.000 pisos públicos privatizados en Asturias desde los años 80. Daniel Sánchez, director general de Vivienda del Principado, apunta que hace cuatro décadas el Principado contaba con 31.000 viviendas públicas, mientras que cuando el actual gobierno tomó posesión estas apenas llegaban a 9.600. “Si no hubiéramos perdido todo ese patrimonio ahora no tendríamos el problema de vivienda que tenemos, sobre todo en zonas tan tensionadas como Gijón” resume Sánchez.
La cuestión resulta especialmente relevante ahora que el Parlamento asturiano tramita una nueva ley de vivienda que pretende blindar permanentemente las VPO y prohibir la venta del parque público. Una reforma que el Gobierno autonómico presenta como un cambio de modelo y que mira directamente al precedente vasco. Euskadi fue la primera comunidad autónoma que convirtió en permanente la protección de sus viviendas protegidas y hoy es la única en la que ninguna VPO pasará próximamente al mercado libre. Porque el problema no fue solo construir poco. También fue perder parte de lo construido.
Cuando una VPO deja de ser protegida
La imagen más extendida de la vivienda protegida suele asociarse a pisos públicos permanentes, pero durante décadas el sistema español funcionó de otra manera. Muchas VPO tenían fecha de caducidad. Diez, quince, veinte o treinta años después de construirse, dejaban de estar sometidas a límites de precio y podían incorporarse al mercado libre. Muchas de estas VPO se ubican en zonas que se han revalorizado mucho, por lo que venderlas o dedicarlas al alquiler turístico se ha convertido en un gran negocio.
En algunos casos, además, las normativas autonómicas permitían incluso descalificar antes esas viviendas devolviendo determinadas ayudas públicas. La investigación de Civio calcula que, de las 35.047 viviendas protegidas construidas en Asturias entre 1991 y 2025, unas 10.259 ya habían perdido oficialmente su protección al cierre del pasado año. Otras 8.393 podrían haber sido descalificadas anticipadamente porque la legislación vigente cuando se construyeron lo permitía.
En la práctica, eso significa que más de la mitad de las viviendas protegidas levantadas en Asturias desde los años noventa podrían haber salido ya del sistema protegido, con el consiguiente efecto que esto tiene en la subida de precios.
El fenómeno no es exclusivo del Principado. En toda España, casi 400.000 viviendas protegidas construidas desde 1991 han perdido ya su protección y más de medio millón podrían haber pasado antes de tiempo al mercado libre, según la estimación de Civio. Pero el caso asturiano resulta especialmente significativo por el debate político abierto ahora sobre cómo evitar que siga ocurriendo.
“El problema con la vivienda protegida en España es que la mayor parte es para compra”
Un modelo pensado para vender
Durante décadas, España apostó sobre todo por un modelo de vivienda protegida orientado a la propiedad privada y no a la creación de un parque público estable de alquiler social. La consecuencia fue que muchas viviendas construidas con apoyo público acabaron incorporándose al mercado ordinario con el paso de los años.
“El problema con la vivienda protegida en España es que la mayor parte es para compra”, explica el economista Alejandro Inurrieta en la investigación de Civio. “Y encima en muchas comunidades se les permite luego hacer negocio y especular con esa vivienda al cabo de unos años”.
José María Escolástico, vicepresidente de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, define el modelo español como una anomalía europea: un sistema centrado en subvencionar vivienda privada en propiedad más que en consolidar un parque público permanente.
La lógica de ese modelo se hizo especialmente visible en Madrid, donde miles de viviendas protegidas acabaron en manos de fondos de inversión y fueron perdiendo después sus limitaciones de precio. Pero el mecanismo llevaba décadas funcionando también de forma mucho más silenciosa: viviendas construidas con ayudas públicas que, tras cumplir sus plazos de protección, terminaban vendiéndose a precio de mercado.
Asturias ya intentó blindar las VPO
El caso asturiano tiene además una particularidad poco conocida. En 2004, el Principado aprobó una reforma que establecía que las viviendas protegidas mantendrían su régimen hasta la declaración de ruina del inmueble. En la práctica, suponía acercarse a un sistema de protección permanente. Sin embargo, apenas dos años después Asturias modificó ese modelo y fijó un plazo general de 30 años para las viviendas protegidas que no fueran patrimonio público.
Ese giro resulta hoy especialmente relevante. Según los datos recopilados por Civio, en los últimos cuatro años cumplieron su plazo de protección más de 10.200 viviendas en Asturias, y otras 6.700 lo harán entre ahora y 2030. Mientras el acceso a la vivienda se convertía en uno de los principales problemas sociales y económicos del país, el parque protegido seguía reduciéndose.
Las 21.000 viviendas públicas perdidas
La nueva ley pretende precisamente evitar que esa situación vuelva a repetirse. El texto establece la protección permanente de todas las viviendas protegidas calificadas tras la entrada en vigor de la norma y prohíbe expresamente la venta o enajenación de las viviendas públicas del Principado.
El Gobierno asturiano plantea reforzar el parque público de alquiler asequible y evitar nuevas privatizaciones de vivienda protegida. La norma crea además el Sistema Asturiano de Vivienda Protegida, que centralizará la promoción, gestión, adjudicación e inspección de las VPO, para evitar que se especule con ellas.
La futura ley también ha recibido críticas desde la derecha política y parte del sector empresarial, que cuestionan el efecto de nuevas regulaciones sobre la oferta de vivienda.
El modelo al que mira Asturias con este gobierno tiene un referente bastante claro. Euskadi fue la primera comunidad autónoma que declaró permanente la protección de todas las viviendas protegidas, tanto públicas como privadas. Lo hizo en 2002 y, según destaca Civio, es actualmente la única comunidad en la que ninguna vivienda protegida pasará al mercado libre en los próximos años.
Asturias intenta ahora seguir parcialmente esa senda. La diferencia es que llega después de décadas en las que miles de viviendas protegidas fueron abandonando el sistema. La nueva ley no recuperará las viviendas ya perdidas, pero sí busca impedir que las próximas promociones públicas acaben recorriendo el mismo camino.
