El anteproyecto de Ley de Estancias Turísticas elaborado por el Gobierno del Principado establece una nueva tasa turística de aplicación voluntaria para los ayuntamientos que oscilaría entre los 0,5 y los 3 euros diarios por persona para un máximo de cinco noches, y solo en temporada alta, del 1 de junio al 30 de septiembre.
Según el documento presentado este viernes por la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, se abonarían 0,5 euros por campamentos turísticos, acampadas por eventos culturales o recreativos y alojamientos de turismo rural.
La tasa subiría a un euro en las áreas especiales para autocaravanas y en las pensiones; a dos euros en los apartamentos turísticos y las viviendas vacacionales; a 2,5 euros en las viviendas de uso turístico, y a 3 en las estancias en cruceros, mientras que en el caso de los hoteles oscilará entre uno y tres euros en función de la categoría del establecimiento.
El modelo se diferencia del catalán y el balear, autonómica y obligatoria, o el vasco, una tasa homogénea para las tres provincias, y se asemeja al gallego, voluntaria y municipal. Galicia, gobernada por el PP, permite desde 2024 cobrar a los ayuntamientos que así lo deseen una pequeña tasa que va desde un euro a 2,5, en función de la categoría del establecimiento. Tanto Santiago de Compostela como A Coruña y Vigo, gobernadas por el BNG y el PSG-PSOE, ya aplican este recargo, que en el caso asturiano será más caro para los hoteles de lujo.
Para los partidos que han defendido el primer modelo, IU-Convocatoria, y Somos Asturies, el modelo escogido es insuficiente, si bien valoran que se haya dado un primer paso en su implantación. “La primera vez que Izquierda Unida planteó la tasa turística fue en 2002, es decir, hace 24 años. No es nuestro modelo, pero entendemos que es un inicio. El objetivo tiene que ser una tasa autonómica para todo el territorio” ha señalado Xabel Vegas. Por su parte, Covadonga Tomé ha destacado que “Somos exigió que la tasa estuviera para aprobar los presupuestos de 2026”. En opinión de la diputada, la medida es un avance con respecto a lo anterior, pero todavía insuficiente.
A pesar de que el impuesto tendrá una repercusión muy baja, la patronal OTEA ha mostrado “nuevamente su más absoluto rechazo” a esta medida que actuaría como “una barrera fiscal en una comunidad que apenas supera el 50% de ocupación y que arrastra un déficit histórico y crónico en sus comunicaciones e infraestructuras”. “Asturias dista mucho de sufrir la sobresaturación de otros destinos. Aquí no sobran turistas, sino que falta una gestión eficiente de los recursos que ya se recaudan a través de los impuestos ordinarios”, ha señalado la patronal en un comunicado.
Una tasa cargada de excepciones
El documento, que ahora iniciará su tramitación parlamentaria, recoge una serie de excepciones al pago de esta tasa, entre ellas los menores de edad; las personas con discapacidad igual o superior al 65 %; las que viajen subvencionadas por programas sociales de una administración pública de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, o las que pernocten en áreas especiales de acogida de autocaravanas en tránsito de titularidad pública.
También estarían exentas las estancias que se deban a causas de fuerza mayor debidamente justificadas; las realizadas por cualquier persona por motivos de salud y sus acompañantes, siempre que puedan justificar documentalmente que responden a la necesidad de recibir atención sanitaria integrada en la cartera de servicios del sistema sanitario público de Asturias, o las estancias que se deban a estudios en todos los niveles y grados del sistema educativo público, hasta el tercer ciclo universitario.
Tampoco se pagaría por las estancias que se realicen por motivos de investigación académica; las que se sean consecuencia de la participación en programas de talento organizados por las administraciones públicas del Principado, y las que lleven a cabo deportistas federados para participar en competiciones deportivas oficiales.
La vicepresidenta ha considerado que la tasa turística es una herramienta necesaria para destinar recursos a medidas vinculadas con la promoción, protección y desarrollo del turismo sostenible, así como al refuerzo de los servicios y la calidad de la experiencia turística.
“Queremos que quien nos visite tenga una corresponsabilidad y contribuya a cuidar nuestra tierra como la cuidamos los asturianos y las asturianas”, ha subrayado Llamedo, quien ha asegurado que “la experiencia muestra que la tasa no tiene un impacto en la ocupación, pero sí genera un retorno directo al territorio en forma de ingresos que permiten reforzar la sostenibilidad y calidad del destino”.
