Las consejerías de Derechos Sociales y Bienestar y de Salud han firmado un convenio que permitirá al personal sanitario encargado de la valoración de la dependencia acceder directamente a la historia clínica de las personas solicitantes, siempre con su autorización previa.
La medida responde al compromiso del Gobierno de Asturias de reducir los tiempos de espera y eliminar cargas administrativas innecesarias para la ciudadanía, especialmente para las personas mayores o con mayores dificultades de movilidad.
El acuerdo, suscrito con el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), introduce una mejora estructural en el funcionamiento del sistema de dependencia.
Hasta ahora, eran las propias familias las que debían solicitar, recoger y aportar un informe clínico junto con la solicitud. Con este nuevo modelo será la Administración la que, con el consentimiento expreso de la persona interesada, acceda directamente a esa información, simplificando así el procedimiento.
Además, permitirá que el personal técnico disponga de información clínica completa y actualizada desde el primer momento, lo que mejorará la calidad de las evaluaciones y contribuirá a una resolución más ágil de los expedientes.
El convenio incorpora un estricto marco de garantías para proteger la confidencialidad de la información sanitaria.
El acceso a la historia clínica sólo se producirá con autorización expresa y por escrito de la persona solicitante, que podrá retirarla en cualquier momento.
El Sespa mantendrá el control sobre la historia clínica electrónica y el acceso quedará limitado a los datos necesarios para la valoración de la dependencia.
Sólo podrán consultar esa información los profesionales que intervengan en el expediente, todos los accesos quedarán registrados y serán auditables, y el personal autorizado deberá firmar un compromiso de confidencialidad que seguirá vigente incluso después del cese de sus funciones.
El convenio se enmarca en el desarrollo del Plan Agiliza, la hoja de ruta del Ejecutivo autonómico para transformar el sistema de atención a la dependencia y reducir los plazos de tramitación.
A esta actuación se suma el refuerzo de los equipos profesionales, con la incorporación de 41 trabajadores al Servicio de Atención a la Dependencia, una medida aprobada por el último Consejo de Gobierno que supondrá una inversión de un millón de euros.
Con el despliegue del Plan Agiliza, el Ejecutivo autonómico aspira a situar en 180 días el plazo de resolución de las solicitudes de dependencia.
