Cuando todavía resuenan los ecos de la exigencia de su dimisión por parte de todos los grupos parlamentarios, excepto el PSOE, la ex consejera de Industria Nieves Roqueñí, uno de los nombres clave en el reciente escándalo de las minas del Suroccidente asturiano, protagoniza una nueva polémica, ahora en su calidad de prfesidenta de la autoridad porturiaria gijonesa. El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Xixón, Javier Suárez Llana, ha reclamado este martes a la presidenta de la Autoridad Portuaria que no adjudique el contrato de mantenimiento del sistema de vigilancia de El Musel a la empresa Magal Solutions, que ha obtenido la mayor puntuación en la licitación con una oferta de 156.628 euros.
La compañía forma parte del grupo Rafael Advanced Defense Systems, una de las principales empresas armamentísticas de Israel, implicada directamente en el genocidio palestino. En virtud del Real Decreto-ley 10/2025, que establece y consolida por ley el embargo de armas a Israel, contratar con Magal Solutions podría ser ilegal.
Llana considera que la posible adjudicación sería “ética y políticamente inaceptable” y, por tanto, el edil ha instado a la presidenta de la Autoridad Portuaria a desistir de esa contratación. Además, ha pedido explicaciones sobre la conveniencia de confiar a una empresa israelí el mantenimiento de los sistemas de videovigilancia, seguridad perimetral y comunicaciones del puerto, al tiempo que ha defendido que El Musel se alinee con la defensa de los derechos humanos y no contrate “con empresas vinculadas a la industria militar israelí”.
