Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico han presentado este viernes un recurso ante la Audiencia Nacional contra el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que declaró “favorable” el estado de conservación del lobo ibérico y que facilita su caza.
El informe, aprobado el pasado 22 de junio a instancias de Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria, fue respaldado por la práctica totalidad de las comunidades autónomas, aunque contó con el voto en contra del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).
“Detrás de este posicionamiento de las comunidades autónomas subyace el propósito de matar lobos con cobertura legal”, ha afirmado Ernesto Díaz, portavoz del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico.
El lobo ibérico (Canis lupus) cuenta actualmente con una población estimada de 333 manadas, “lejos de las 500 unidades reproductoras que la comunidad científica internacional considera necesarias para garantizar su viabilidad genética a largo plazo”, según defienden ambas entidades.
Además, han señalado que buena parte de su área de distribución histórica permanece sin recuperarse y que la población de Sierra Morena se extinguió hace aproximadamente una década, por lo que consideran que cualquier declaración de “buen estado de conservación” es “cuanto menos, imprudente”.
Ecologistas en Acción y el Fondo Lobo sostienen que el propio informe técnico del ministerio reconoce que la ficha impulsada por esas cuatro comunidades autónomas “adolece de justificación científica”.
“No estamos ante un desacuerdo técnico legítimo, sino ante la imposición de una mayoría política sobre la evidencia científica. Que una especie deje de estar protegida no puede decidirse a golpe de votos autonómicos, sino con datos”, ha declarado Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción.
Oberhuber ha calificado además de “desinformación” llamar control de población a “lo que es simplemente matar lobos”.
“Los tribunales han demostrado ser, una vez más, el último dique de contención frente a decisiones que la ciencia no respalda”, ha añadido.
