Llamadas telefónicas con insultos, amenazas y golpes en la puerta de su casa. Este es el escenario de acoso que sufre un trabajador de la hostelería de 54 años en Gijón. La víctima vive sola en la vivienda desde hace trece años y cuenta con un contrato de alquiler vigente hasta 2028.
El origen del conflicto reside en las dificultades económicas del antiguo propietario del piso, que vendió parte de la propiedad y la deuda vinculada al inmueble al fondo de inversión noruego Axactor, especializado en la compraventa de carteras de deuda. Con el objetivo de liberar el inmueble para su posterior venta, Axactor recurrió a los servicios de la empresa de desokupación DIO Express. Además de la presión física y verbal, se ha bloqueado el cobro de las mensualidades del alquiler, una práctica orientada a colocar al inquilino en una situación de impago y forzar un motivo de desahucio.
Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias recuerdan que la compra de la deuda o del inmueble no invalida el contrato de arrendamiento en vigor. El colectivo ya ha interpuesto dos denuncias ante la Policía Nacional y exige la adopción urgente de medidas de protección cautelar para evitar que la situación escale a mayores. Por su parte, la redacción de este medio ha podido contactar con DIO Express, que admite haber realizado dos “visitas” a la vivienda, aunque niega rotundamente la existencia de amenazas o agresiones.
El historial de DIO Express
El caso de Gijón no representa un hecho aislado, sino que se suma a una trayectoria documentada de actuaciones al límite o directamente al margen de la legalidad. En junio de este año, un juzgado gallego sentó un precedente significativo. La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vigo condenó a un integrante de DIO Express por los delitos de coacciones y daños. La sentencia determinó que el 18 de febrero de 2025 dos empleados acudieron al domicilio de una vecina, Diana, “con el propósito manifiesto de perturbar la paz residencial de la denunciante y forzarla de forma intimidatoria a abandonar la vivienda fuera de los cauces legales ordinarios”.
A comienzos de 2026, y también en Asturias, el propio Sindicato de Inquilinas hizo pública otra denuncia penal contra la firma de desokupación. En aquel caso la víctima fue Camilo, un inquilino de Oviedo que sufrió la fractura reiterada de su cerradura, un abordaje intimidatorio en la vía pública y amenazas explícitas (“Si no te vas en 15 días, te damos una paliza”). Asediado por esta situación, Camilo optó finalmente por abandonar la vivienda.
El propietario de la compañía es el gallego Francisco Javier Fernández Ulfe. DIO Express presume de haber ejecutado más de 5.000 intervenciones extrajudiciales en todo el país, ofertando desalojos en 48 horas bajo la marca Desocupa 24 horas. Ya en abril de 2024, sindicatos de vivienda de Madrid protestaron en la sede de la empresa por el acoso a dos familias sin que existiera ningún proceso judicial de desahucio en marcha. Según El Salto, la Policía llegó a detener a varios integrantes de DIO Express durante una de sus intervenciones para expulsar a estas familias.
