Las fiestas populares son, probablemente, uno de los últimos espacios de soberanía cotidiana que se conservan en muchos pueblos y barrios. Aquí hablo de Asturias y, en concreto, del rural, pero podría ser un análisis aplicable a otros puntos. En un contexto donde buena parte de la vida colectiva está mediada por el mercado o por las instituciones, las fiestas de prao siguen funcionando con otra lógica. Una comunidad se junta, recauda entre la vecindad, reparte el trabajo, discute, decide y celebra. Ahí no hay solo fiesta. Hay una estructura organizada, la única que en algunas comunidades sigue en pie.
Una comisión de fiestas es un grupo de vecinas y vecinos que durante meses trabaja de manera altruista para sacar adelante una celebración. En Asturias esto lleva generaciones funcionando. Permitidme que haga una autorrevelación porque, en mi caso, lo he visto desde niño en El Franco, donde la Asociación Alameda lleva más de cuarenta años organizando la Noite Celta (por cierto, el 29 de agosto en Porcía será 42ª edición de la Noite Celta) y heredan la organización popular centenaria de la Romería del 8 de septiembre.
Conviene, eso sí, no idealizarlo. Las fiestas populares no existen fuera del mercado, ni de las instituciones, ni de la industria cultural. Contratan servicios, necesitan infraestructuras, se coordinan con administraciones y negocian con diferentes agentes. Y es precisamente por eso por lo que resultan interesantes. Stuart Hall advertía hace ya cuarenta años contra la idea de una cultura popular pura y autónoma, un reducto intacto desde el que el pueblo resiste a la cultura dominante. Lo popular, decía, es más bien un terreno en disputa donde se producen resistencias, apropiaciones y transformaciones.
Miradas así, las fiestas interesan porque son de los pocos lugares donde todavía se discute qué lógica organiza la cultura. Si manda quien consume o quien participa. Si manda la rentabilidad o el encuentro. Si la programación llega diseñada desde fuera o la decide una comunidad que ha hablado sobre qué quiere hacer consigo misma.
Tampoco se trata de enfrentar tradición y modernidad. Las fiestas son prácticas vivas que cambian, incorporan músicas nuevas, tecnologías y públicos diversos. La tradición no consiste en conservar intactas las formas antiguas, sino en recombinar elementos y darles significados nuevos en contextos históricos que también son nuevos. Por eso una fiesta no es popular porque tenga cien años, programe un género determinado o mantenga una estética concreta. Lo popular no está inscrito de manera fija en ninguna forma cultural. Depende de quién la organiza, para quién y bajo qué relaciones.
La tradición no consiste en conservar intactas las formas antiguas, sino en recombinar elementos y darles significados nuevos
Esto permite entender algo que a menudo se pasa por alto. La fiesta no solo expresa una comunidad que ya existe, también contribuye a producirla. La comunidad se hace y se rehace cuando la gente trabaja junta, discute, organiza, transmite saberes, recibe a quienes vuelven y ocupa colectivamente un espacio. El pueblo se construye cultural y políticamente. No está esperando en el fondo del mapa a que alguien lo saque a escena. Las fiestas son uno de los sitios donde eso ocurre.
Aprovecho la coyuntura para traer a Nancy Fraser. Su trabajo sobre la esfera pública ayuda a separar tres cosas que solemos confundir, lo público institucional, el mercado y esos espacios asociativos donde la gente se reúne a deliberar sobre asuntos comunes. Una comisión de fiestas no es una esfera pública en sentido estricto, pero comparte con ellas lo esencial. Quienes están implicados en una actividad colectiva deliberan sobre su diseño y deciden sobre su funcionamiento. No opinan para que otra persona resuelva en un despacho, sino que resuelven. Eso convierte a las fiestas en algo más que eventos culturales. Son pequeñas instituciones de democracia cotidiana donde se administra un dinero común, se reparten responsabilidades, se afrontan conflictos y se alcanzan acuerdos. No hay que exagerarlo, pero conviene mirar con atención los pocos espacios donde todavía queda práctica real de decisión compartida.
Una política cultural planificada y profesional hace falta de igual forma. Ambas cuestiones son necesarias. Un territorio no se sostiene solo con lo que las comunidades pueden hacer en verano y de manera altruista. Hace falta programación estable a lo largo del año, criterios técnicos, equipos que sepan de contratación, accesibilidad, seguridad, condiciones laborales dignas y equipamientos que funcionen fuera de temporada. En Asturias hay ejemplos de que las dos cosas conviven bien. Festivales como el Prestoso Fest de Cangas del Narcea o el Unirock de Puerto de Vega han ido profesionalizando y potenciando su producción sin perder la base vecinal que los sostiene. Las redes municipales y comarcales de programación llevan diferentes expresiones artísticas a concejos donde ninguna industria lo haría por sí sola. El error sería que uno sustituyese al otro: ni la gestión técnica debe desplazar a las comisiones por comodidad administrativa, ni la participación social puede servir de coartada para no invertir en un sector que también vive de esto y aporta valor.
El problema aparece cuando la capacidad comunitaria se debilita. La cultura dominante no actúa solo destruyendo las formas populares. Muchas veces las incorpora, las reorganiza y les asigna otra función. Una práctica puede conservar su nombre y su apariencia y haber cambiado por completo la relación que mantenía con quienes la producían. Ese es el riesgo verdadero de nuestras fiestas. No desaparecer, sino convertirse en otra cosa sin dejar aparentemente de ser ellas mismas. Mantener la fecha, la ubicación y los símbolos de siempre y haber pasado de ser un espacio producido por la comunidad a un producto pensado para públicos externos. Proteger una fiesta popular no es congelarla, es preservar la capacidad de la comunidad para transformarla ella misma.
Las administraciones tienen aquí un papel importante que no consiste en sustituir a las comisiones ni en dirigir desde fuera lo que ya funciona, sino en reforzar capacidades. Apoyo económico, infraestructuras, logística, menos papeleo y asesoramiento cuando se pida. La autonomía comunitaria exige también condiciones materiales, porque proclamar que todo el mundo puede participar no sirve de nada si las desigualdades lo impiden en la práctica. Quien tiene a alguien a su cargo en casa no llega a la reunión de los jueves por mucho que la convocatoria sea abierta.
Por eso no hay derechos culturales sin derechos sociales. Una fiesta necesita una comunidad, y una comunidad necesita vivienda, servicios públicos, oportunidades económicas, movilidad accesible y tiempo para sostener la vida colectiva.
Esto se vuelve especialmente visible en las periferias. Parroquias rurales, concejos pequeños, comarcas alejadas de los centros urbanos, territorios marcados por el despoblamiento y la pérdida de servicios. Esto también puede suceder –y sucede- en los barrios de las ciudades. Aquí una fiesta es más que un entretenimiento de temporada porque puede ser el momento del año en que un territorio afirma que sigue vivo. Cabe preguntarse hasta qué punto estas celebraciones permiten a las periferias representarse a sí mismas frente a los relatos que las describen como lugares vacíos, atrasados o destinados al consumo turístico. Hacia dentro reconstruyen comunidad y hacia fuera afirman que existe.
Quizá por eso deberíamos mirar las fiestas populares no solo como patrimonio que conservar, sino como prácticas de las que aprender. No son espacios puros ni necesariamente emancipadores. Contienen sus conflictos, sus desigualdades y sus contradicciones, empezando por quién coge el micro y quién friega las cazuelas. Una fiesta no es popular por antigua, rural o tradicional. Lo es cuando existe una comunidad con capacidad para intervenir en ella, transformarla y reconocerse en lo que hace.
En las periferias asturianas esa disputa adopta una forma bastante sencilla. Gente que se junta, reparte tareas, recauda dinero, gestiona y celebra. Puede parecer poca cosa. Pero mientras una comunidad conserve la capacidad de hacer eso, conserva también la de producir colectivamente una parte de su propia vida.
