“Asturias contra el centro de datos” es una iniciativa ciudadana que se opone a la construcción de Digital Valley Asturias en Salas por sus impactos económicos, energéticos, ambientales, sociales y sobre la salud y las condiciones de vida de quienes habitamos este territorio.
El proyecto ha sido presentado como una oportunidad histórica. Una inversión de 1.226 millones de euros, diez módulos de centros de datos, una capacidad informática final de 120 MW, una subestación eléctrica propia y la promesa de empleo, riqueza, innovación y futuro para Asturias. El Gobierno del Principado habla de 1.318 empleos anuales entre directos, indirectos e inducidos y de una aportación de 4.177 millones de euros al PIB regional durante veinte años.
Son cifras lo suficientemente grandes como para deslumbrar. Precisamente por eso tenemos la obligación de mirar detrás de ellas.
Salas es un territorio habitado. Es paisaje, agua, pueblos, bosques, caminos, patrimonio, biodiversidad y relaciones humanas construidas durante generaciones. Es también una determinada forma de vivir: poder abrir una ventana y escuchar las aves de la zona en lugar de maquinaria industrial; desplazarse por carreteras rurales sin convertirlas permanentemente en corredores de tráfico pesado; conservar oscuridad nocturna, silencio, agua, suelo y paisaje. Todo esto tiene valor económico, pero tiene además un valor que ninguna contabilidad empresarial puede expresar correctamente: forma parte de nuestra forma de vivir.
Por eso la pregunta no puede ser únicamente cuánto dinero va a invertirse.
La pregunta es: ¿cómo será Salas después de Digital Valley?
Un proyecto de estas dimensiones transforma un territorio mucho antes de encender el primer servidor. La planificación oficial prevé obras de urbanización desde 2027 y construcción de infraestructuras hasta finales de 2030. Estamos hablando de años de movimientos de tierras, transporte de materiales, maquinaria, tráfico y transformación del suelo antes de entrar siquiera en la fase permanente de funcionamiento.
Y después permanecerán los edificios, las infraestructuras energéticas, la subestación, los sistemas de refrigeración y respaldo, el tráfico de funcionamiento y un enorme consumo eléctrico cuyo alcance exacto todavía desconocemos.
El espejismo del empleo
Uno de los argumentos más poderosos con el que estos proyectos llegan a los territorios rurales es siempre el mismo: el empleo. Y sabemos perfectamente por qué funciona.
Asturias conoce la despoblación, el envejecimiento, la marcha de jóvenes y la pérdida progresiva de servicios. Cuando a una comunidad que lleva décadas escuchando hablar de declive se le presentan cientos de millones de euros y miles de puestos de trabajo, decir que no parece casi irresponsable. Pero precisamente porque necesitamos empleo debemos preguntarnos qué empleo, durante cuánto tiempo y para quién.
El anuncio de Digital Valley habla de 1.318 empleos “anuales”, pero suma empleos directos, indirectos e inducidos. No sabemos todavía cuántos corresponden a la fase de construcción, cuántos existirán cuando el centro esté terminado, cuántos estarán físicamente en Salas y cuántos podrán ocupar personas residentes en el concejo o en su entorno.
La experiencia de otros centros de datos nos dice que estos empleos, en gran medida, no se reparten entre la población local, son principalmente temporales durante la construcción y que, en última instancia, solo se materializa una porción muy pequeña de lo publicitado. Pedimos prudencia con el número de empleos que se están anunciando.
La propia Microsoft explicaba en 2024 que la construcción de sus nuevos centros de datos españoles podía alcanzar 1.471 empleos en el pico de obra, mientras que estimaba solamente 106 trabajadores y contratistas a tiempo completo para el conjunto de sus instalaciones operativas en España a finales de 2026. Es la diferencia fundamental entre construir un centro de datos y mantenerlo funcionando.
Un estudio del Hamm Institute señala que en centros de datos ya en funcionamiento se necesitan únicamente entre 20 y 30 empleados por cada 100 MW de capacidad. En un centro de 120 MW como este, esto daría una estimación de entre 24 y 36 empleos permanentes.
En Aragón, el colectivo “Tu Nube Seca Mi Río” lleva años estudiando precisamente esta diferencia entre las promesas y la realidad. Su informe El precio de las nubes analiza los centros de AWS y concluye que las cifras agregadas de empleo difundidas públicamente dificultan saber cuántos trabajos estables se quedan realmente en los municipios que soportan las instalaciones. Su investigación sitúa el empleo directo observado en los centros ya operativos muy por debajo de las grandes cifras utilizadas durante su promoción.
Esto no significa que los centros de datos no creen empleo. Lo crean, especialmente durante la construcción. Significa algo diferente: no podemos aceptar que una cifra agregada de impacto económico sustituya a la pregunta sobre el retorno real para la comunidad local.
El territorio no termina en la frontera del concejo
También necesitamos recuperar una forma distinta de entender dónde vivimos. Asturias no es un caso aislado. Cantabria, Bizkaia y Galicia están atrayendo proyectos de centros de datos apoyándose en argumentos muy parecidos: inversión, empleo, disponibilidad eléctrica, suelo, conectividad y “oportunidad histórica”. Puede entenderse como una biorregión: un territorio conectado por cuencas hidrográficas, montañas, masas forestales, corredores ecológicos, suelos, paisajes y comunidades humanas.
Un centro de datos de estas características necesita energía producida en algún lugar, infraestructuras para transportarla, materiales procedentes de otros territorios y sistemas capaces de garantizar su funcionamiento continuado. Si necesita nueva generación eléctrica, nuevas líneas, almacenamiento o refuerzos de red, estos impactos también forman parte del proyecto aunque aparezcan kilómetros más allá de sus vallas.
Salas, además, no parte de cero. Durante las últimas décadas el concejo ha recibido minería, canteras, parques eólicos y proyectos de almacenamiento energético. Digital Valley llega a un territorio previamente transformado.
Tendríamos que hablar de impacto acumulativo y dejar de evaluar cada proyecto como si fuera el primero que llega al territorio. No sabemos si este punto se está teniendo en cuenta a la hora de evaluar el impacto de este proyecto.
El gasto energético: la factura que pagaremos todos
A la pregunta de qué ocurre fuera de las vallas del centro de datos hay que sumar otra: quién paga, en la factura de la luz, esta demanda añadida.
Un estudio publicado en mayo de 2026 en la revista Environmental Research Letters (Johnson, de Queiroz y otros; North Carolina State University, Sutubra Research, Universidad de Pittsburgh, Carnegie Mellon y Universidad de Toronto) estima que el crecimiento de los centros de datos en Estados Unidos —el país con mayor despliegue de esta industria hasta el momento— podría elevar los precios eléctricos hasta un 57% en 2030 en algunos estados, con un incremento medio nacional de entre el 6% y el 29% según los distintos modelos analizados (DOI: 10.1088/1748-9326/ae6c3d; consultado en septiembre de 2026). España no es Estados Unidos ni su mercado eléctrico funciona igual, pero la pregunta de fondo es la misma que cabe hacerse en Asturias: quién asume, en la factura, el coste de conectar y respaldar una demanda tan grande y tan constante.
La magnitud del proyecto ayuda a dimensionar esa pregunta. Digital Valley Asturias prevé 120 MW de capacidad informática funcionando de forma prácticamente continua: una demanda eléctrica equivalente, de media, a la de unos 290.000 hogares españoles, tomando como referencia el consumo eléctrico medio por vivienda del estudio SPAHOUSEC del IDAE. Cubrir esa demanda únicamente con energía solar, aplicando los factores de capacidad y las ratios de ocupación de suelo habituales en plantas fotovoltaicas de esta escala, exigiría una instalación de varios cientos de megavatios de potencia y una superficie del orden de miles de hectáreas: muy por encima de las 350 placas solares con las que contará el propio proyecto. El contraste entre la escala real de la demanda y la generación renovable propia que se anuncia es, en sí mismo, algo que merece respuesta pública.
¿Por qué siempre los territorios rurales?
Existe además un relato que se viene repitiendo en la periferia nacional y global: las mismas grandes tecnológicas que impulsan proyectos como este siguen una estrategia idéntica en otros países del sur global, como México, o en zonas rurales de Irlanda.
Donde hay despoblación se ofrece una oportunidad que “no podemos rechazar”. Donde hay envejecimiento de la población se ofrece un macroparque energético. Donde faltan oportunidades se ofrece una gran infraestructura. Y ahora se ofrecen centros de datos.
La vulnerabilidad de los territorios rurales se convierte en una oportunidad para un chantaje con los puestos de trabajo. El mensaje es seductor: esto traerá futuro.
Querríamos que en nuestro territorio se desarrollara actividad económica pero compatible con que siga siendo habitable dentro de veinte, cincuenta y cien años.
Desarrollo rural es mantener población, servicios, vivienda, agricultura, restaurar ecosistemas, cuidar bosques y ríos, apoyar pequeñas empresas, crear economía local diversificada y permitir que la gente joven pueda quedarse.
Convertirse en soporte físico de enormes infraestructuras digitales cuyo valor económico es apropiado por grandes multinacionales tecnológicas y tienen un nulo impacto –cuando no directamente un impacto negativo– sobre la vida de la población local no es desarrollo rural. Es simplemente una forma más de extractivismo.
Asturias no está sola
Esta discusión ya está ocurriendo en muchos lugares. En Aragón, Tu Nube Seca Mi Río y otras organizaciones han construido una de las redes de oposición más desarrolladas del Estado. Hace apenas unos días, asociaciones vecinales y la plataforma Salvemos los Pinares de Venecia presentaron 349 alegaciones contra el proyecto de Microsoft en Zaragoza, denunciando, entre otras cuestiones, los enormes movimientos de tierras y la forma en que se está tramitando.
En Lleida, el Ayuntamiento hizo algo todavía más significativo: rechazó dos proyectos de centros de datos. Su razonamiento fue precisamente que los puestos de trabajo previstos no compensaban la cantidad de suelo, agua y energía necesaria. El consistorio decidió priorizar actividades capaces de generar mayor valor añadido para su economía local.
Fuera de España tampoco somos pioneros en estas preocupaciones. Amsterdam llegó a poner en suspenso nuevas implantaciones de centros de datos mientras elaboraba una política específica para ordenar su crecimiento.
Irlanda ofrece probablemente la advertencia más clara. Los centros de datos han pasado de representar el 5% de la demanda eléctrica nacional en 2015 al 22% en 2024, y el regulador prevé que puedan alcanzar el 31% en 2034. Ante esa presión, Irlanda ha endurecido las condiciones de conexión: los nuevos proyectos deben aportar generación o almacenamiento equivalente a su demanda y cubrir al menos el 80% de su consumo anual con nueva generación renovable.
La tecnología no desaparece por establecer límites. Lo que desaparece es la idea de que puede crecer sin límites.
En plena emergencia climática
Y este debate se produce en el peor momento posible para tratar energía, agua y territorio como recursos infinitos. Estamos atravesando una emergencia climática que exige reducir emisiones, restaurar ecosistemas y aumentar la resiliencia de los territorios. El propio Gobierno de España acaba de reconocer el problema.
El 27 de agosto abrió a información pública una nueva regulación específica para centros de datos. El Ministerio para la Transición Ecológica advierte de que el enorme volumen de solicitudes de conexión podría obligar a dedicar una parte importante de las inversiones de la red eléctrica a estas infraestructuras y detraer capacidad necesaria para electrificar otros usos industriales, residenciales o de transporte. También reconoce explícitamente su impacto potencial sobre los recursos hídricos y territoriales.
La propuesta considera que a partir de 1 MW de potencia de acceso estos centros tienen una incidencia apreciable sobre la capacidad de red, el agua y el territorio. Digital Valley anuncia 120 MW únicamente de capacidad informática. No parece radical, por tanto, pedir explicaciones. Lo radical sería construir primero y preguntarnos después.
No queremos convertir Asturias en una zona de sacrificio
Nuestra oposición no nace del miedo a la tecnología. Usamos tecnología. Necesitamos infraestructuras digitales. Sabemos que los centros de datos existen y que algunos son necesarios. Tendríamos que plantearnos el uso que le damos a la tecnología, siendo que su impacto es real. Los debates que conectan el uso que hacemos de una industria y el consumo que hacemos de sus “productos” no son sencillos. La necesaria revisión de nuestros consumos es, sin duda, un reto.
Lo que rechazamos es otra cosa: que la necesidad de digitalización se convierta en una justificación automática para aceptar cualquier tamaño, cualquier ubicación y cualquier coste ambiental.
Rechazamos la idea de que por vivir en un territorio rural debamos sentirnos agradecidos cada vez que alguien decide utilizar nuestro suelo, nuestra energía o nuestra agua a cambio de una promesa de futuro.
Y rechazamos especialmente que las decisiones se adopten sin disponer antes de información completa y pública sobre sus impactos.
En un contexto de emergencia climática y pérdida acelerada de biodiversidad, seguir sacrificando territorios para sostener un modelo de crecimiento material aparentemente ilimitado puede calificarse, en sentido político y ecológico, como una lógica ecocida: destruir las condiciones que sostienen la vida en nombre de un supuesto progreso.
El verdadero progreso debería hacer exactamente lo contrario. Debería dejar a las generaciones que vienen más agua, más biodiversidad, mejores suelos, comunidades más fuertes, empleo más estable y territorios más habitables que los que nosotros recibimos.
