A pesar de algunos avances en la protección de los chalets de Perlora, el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de la Ciudad Residencial sigue sin convencer a gran parte del tejido social asturiano. Este jueves concluyó el proceso de información pública con una elevada participación ciudadana.
La conservación de solo un ejemplar de cada una de las 31 tipologías de edificación, los cierres de manzanas o la construcción de nuevos hoteles son algunos de los asuntos que más polémica están suscitando. Casi todas las alegaciones presentadas coinciden en que el conjunto debe ser protegido en su integridad, tanto por sus valores arquitectónicos, como por su carácter de ciudad jardín, amenazado por el aumento de la edificabilidad previso en el plan.
Casi todas las alegaciones presentadas coinciden en que el conjunto debe ser protegido en su integridad, tanto por sus valores arquitectónicos, como por su carácter de ciudad jardín
Sindicatos, partidos políticos, personas a título individual y el Colegio de Arquitectos de Asturias han presentado sus alegaciones a un documento urbanístico que ahora tendrá que revisar el Ayuntamiento de Carreño, encargado de definir las reglas del juego de la llamada Nueva Perlora.
El movimiento vecinal ligado a la histórica Asociación Río Espasa ha sido uno de los agentes más activos en la presentación de alegaciones. Los vecinos de Perlora tachan la propuesta del Plan de Reforma de “claramente privatizadora, expulsando la vida social pública
de la Ciudad Residencial, añadiendo además el cercado de las manzanas y eliminando los espacios de recreo y deportivos interiores en favor de un uso único y exclusivo turístico elitista”.

El movimiento vecinal, que ha optado por las alegaciones individuales, ha manifestado su apuesta por la conservación integral del conjunto, así como por su carácter público y social “lejos de intereses puramente económicos, cerrando la posibilidad de intervenciones destructivas y, por tanto, la pérdida de un icono de una época que se debería de conservar, a la vez que invertir en él para su revitalización sin las ataduras de usos uniformes y exclusivos”.
El movimiento vecinal ha manifestado su apuesta por la conservación integral del conjunto, así como por su carácter público y social “lejos de intereses puramente económicos”
También CCOO ha alegado en favor de la conservación de Perlora como ciudad vacacional de carácter público, sin menoscabo de otros usos compatibles con el turismo social, como vivienda la cooperativa para personas mayores o un centro de formación profesional orientado a la hostelería.
El principal sindicato asturiano ha defendido también elevar la protección patrimonal del conjunto, en el que trabajaron algunos de los principales nombres de la arquitectura asturiana de la segunda mitad del siglo XX, motivo que también ha llevado al Colegio de Arquitectos de Asturias ha presentar alegaciones en defensa de una mejor conservación de una de las tres únicas ciudades vacacionales construidas por el Estado durante el franquismo.

Desde Ecoloxistes n´Aición d´Asturies se ha alegado una insuficiente justificación de la memoria económica que plantea el Plan de Reforma, la falta de alternativas, así como un incremento abusivo de la edificabilidad, encaminado a hacer más atractiva su explotación desde el sector privado. En opinión de la organización ecologista este cambio desfigura el carácter de ciudad jardín, aumentando sensiblemente la densidad en la zona.
Los ecologistas cuestionan la orientación privatizadora del PEPRI, apuntan que deja la puerta abierta a la demolición de edificaciones, y piden aumentar la protección de todos los chalets y el arbolado, al considerar que la ciudad residencial no se entiende pieza a pieza, sino como un conjunto y un paisaje. También han alegado al plan de cierres de manzanas o a las insuficiencias detectadas en la movilidad interna dentro de la ciudad vacacional.
También han presentado sus alegaciones la CNT y la agrupación de Carreño del Partido Comunista de los Trabajadores de España. Este último ha planteado reducir la edificabilidad, así como definir unos criterios claros en cuanto a posibles reconstrucciones de aquellos chalets que tuvieran que derribarse por daños irreversibles en su estructura. El PEPRI permite ahora “recrear” esas viviendas, sin necesidad de ceñirse estrictamente a la edificación anterior.
El PCTE ha reclamado también en su documento mantener no solo los edificios y el carácter abierto del conjunto, sino también su finalidad social y su carácter público: “la entrega de la Ciudad de Vacaciones de Perlora al capital privado es un atentado contra el derecho al descanso y al ocio de los trabajadores y trabajadoras asturianos”.
Por último, Somos Asturies, a través de su diputada autonómica Covadonga Tomé, ha registado varias alegaciones en defensa de la preservación del conjunto y de su estructura de ciudad jardín. La portavoz de Somos ha cuestionado los derribos y cierres planteados, pero también que se encamine la ciudad vacacional a una gestión privada. “Plantear, como plantea el PEPRI, un uso turístico privativo en la práctica totalidad del espacio, supone una transformación muy profunda del uso actual por parte de la población” señala la diputada, que defiende mantener el carácter abierto del conjunto, y tacha de especialmente grave la desprotección de dos de los comedores, presentes ambos en el archivo arquitectónico del movimiento moderno, el DOCOMOMO.



























