El debate de orientación política ha culminado este viernes en el parlamento asturiano con la aprobación de 61 propuestas de resolución para orientar la actuación del gobierno autonómico lo que resta de legislatura, entre ellas, una defendida por PSOE e IU-Convocatoria que se fija como objetivo la construcción de 15.000 viviendas públicas en una década.
Esta propuesta, que se aprobó gracias a la abstención del PP, plantea también duplicar las ayudas al alquiler, hasta que beneficien a 10.000 familias, proseguir con la declaración de zonas tensionadas y firmar un Pacto Social por la Vivienda durante el próximo año.
Ésta es una de las más destacadas de las 28 planteadas de forma conjunta por los grupos que sustentan al Gobierno, PSOE e IU-Convocatoria por Asturies, que han salido adelante en su totalidad con el apoyo puntual de la diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, que también logró sacar adelante sus iniciativas en materia de vivienda.
Así, obtuvo el apoyo de los socios de gobierno para continuar los estudios sobre zonas tensionadas en el mercado residencial, poner en marcha el plan de prevención de desahucios y abordar el Plan Director de Vivienda Pública 2027-2030 o para incrementar el parque público de alquiler asequible para menores de 35 años.
En materia sanitaria y social, la Junta General respaldó la propuesta del PSOE e IU-CA para que el tiempo máximo de espera en Atención Primaria no supere las 72 horas, que la tramitación de los expedientes de dependencia se lleve a cabo en menos de seis meses y que se fortalezca el centro de menores de Sograndio.
En el apartado de infraestructuras se reitera la demanda al Gobierno de España de la liquidación inmediata del peaje del Huerna en la autopista AP-66, el impulso del Corredor Atlántico y la ejecución integral de las actuaciones previstas en las cercanías ferroviarias asturianas.
La Cámara autonómica ha respaldado también el blindaje de la costa frente al urbanismo, el abono anticipado del setenta y cinco por ciento de las ayudas de la PAC al sector ganadero y el apoyo a la flota pesquera artesanal.
Las iniciativas aprobadas contemplan el impulso de la compra del taller de Barros a Duro Felguera, en Langreo, para el proyecto de la empresa Indra, la garantía del transporte escolar en el medio rural, la lucha contra los discursos de odio y el apoyo a los migrantes.
Las propuestas tributarias volvieron a mostrar una división clara en la Cámara, en la que los grupos de la derecha no vieron aprobada ninguna de sus propuestas para deflactar el IRPF, simplificar los tramos de este impuesto o suprimir otros.
De las 46 propuestas defendidas por el PP, ocho fueron finalmente aprobadas, entre ellas, y por unanimidad, una en la que se insta a la eliminación del peaje del Huerna, y otras dos para reclamar un suministro competitivo a las empresas electrointensivas y mejorar la red eléctrica del Principado.
Con la única oposición del PSOE, también logró sacar adelante otra para que se reclamen responsabilidades políticas a los exconsejeros de Industria Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, y a Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, por el accidente que costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Cerredo.
El diputado de Foro también consiguió el respaldo suficiente para salvar diez de las 22 propuestas que defendió, entre ellas las que plantean una mayor estabilidad para la carrera investigadora y retener talento, reducir las listas de espera sanitaria, reforzar la Atención Primaria y mejorar la transparencia de las listas de espera del ERA.
Vox, sin embargo, no consiguió sacar adelante ninguna de las 33 propuestas que presentó, mientras que la diputada del Grupo Mixto sí vio aprobadas 15 de las 19 que defendió, aunque no consiguió el respaldo de los socialistas para que se garantizasen los recursos necesarios para evitar el deterioro de la sanidad pública o para incrementar la presión fiscal a las rentas más altas.
