Más de 1,89 millones de contratos de alquiler – 41.917 en Asturias- se podrán prorrogar en España con la entrada en vigor de la prórroga de dos años para los que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, una medida que tendrá que convalidar este viernes el Congreso.
Fuentes de Sumar han explicado este jueves que, teniendo en cuenta que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en cada hogar hay de media 2,5 personas, en total serían unos 5 millones de personas las beneficiadas por este medida.
Datos por comunidades
Por comunidades autónomas, Madrid sería la gran beneficiada con un total de 402.082 contratos prorrogables con el decreto ley, seguida de Cataluña con 339.088, de los cuales 248.053 corresponderían a Barcelona.
La tercera comunidad autónoma con más contratos prorrogables sería Andalucía, con 263.222, seguida de la Comunidad Valenciana, con 224.372 contratos.
Asimismo, en Galicia se podrían prorrogar 111.175 contratos, en las Islas Canarias 108.252, en Castilla y León 94.994 y en las Islas Baleares 69.154.
Completan la lista elaborada por Sumar Castilla y La Mancha (65.797 contratos), Aragón (64.272), Murcia (46.819), Asturias (41.917), Extremadura (30.630), Cantabria (21.180) y La Rioja (12.721).
Limitación de la actualización de renta
Asimismo, estas fuentes han cifrado en 3,26 millones de contratos los que se beneficiarán de la limitación de la actualización de la renta de los contratos hasta el 2 % y la congelación al 0 % de los contratos de alquiler que estén por encima del máximo que marca el índice de precios del Ministerio de Vivienda (IRAV).
Según este cálculo, esta medida beneficiaría a un total de 8,4 millones de personas aproximadamente.
Más de un millón de contratos quedan congelados. Se podrán beneficiar de ello 2,6 millones de personas cuya renta está por encima del límite máximo del índice estatal de referencia, y que no podrá actualizarse hasta el año 2028, mientras que los otros 2,25 millones de contratos tienen la subida limitada a un máximo del 2 % anual.
Por ello, según Sumar el ahorro estimado para los hogares inquilinos es de unos 626 millones de euros gracias al tope.
