La Unión de Consumidores Asturias ha advertido de que el 98 % de los más de 140.000 asturianos que adquirieron un vehículo nuevo o de kilómetro cero entre 2006 y 2012 no ha iniciado los trámites para reclamar una indemnización por el denominado cártel de los coches, pese a las sentencias judiciales favorables a los compradores.
La organización ha alertado de que el próximo 30 de octubre constituye una fecha límite para determinadas reclamaciones y ha denunciado las dificultades que afrontan los consumidores para recuperar las cantidades pagadas de más como consecuencia de las prácticas anticompetitivas sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Según sus estimaciones, los afectados soportaron un sobreprecio equivalente al 5 % del valor de los vehículos, lo que supondría alrededor de 1.000 euros para un automóvil adquirido por 20.000 euros. A esa cantidad habría que añadir los intereses legales, que pueden elevar las indemnizaciones hasta cifras de entre 1.500 y 3.000 euros, dependiendo de cada caso.
La asociación ha recordado que los tribunales asturianos han dictado numerosas resoluciones favorables a los compradores. Entre ellas, ha destacado una sentencia de la Audiencia Provincial de marzo de 2026 que confirmó una condena contra Ford, con indemnizaciones de entre 1.500 y 3.000 euros por vehículo, así como otra resolución del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo que condenó a Hyundai a abonar cerca de 15.000 euros a once compradores.
También se han producido resoluciones contra otros fabricantes, como Peugeot, Renault, BMW y Opel, según la organización, que señala que la Unión de Consumidores de Asturias acumula más de una veintena de sentencias favorables y ha conseguido recuperar más de 500.000 euros para sus asociados.
Los plazos de prescripción dificultan las reclamaciones
Consumidores Asturias ha señalado que uno de los principales obstáculos para obtener las indemnizaciones son los plazos de prescripción, que varían en función del fabricante y de la fecha en que adquirieron firmeza las resoluciones sancionadoras.
La organización sostiene que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha permitido ampliar las posibilidades de reclamación al vincular el cómputo de los plazos al conocimiento efectivo de la infracción y de sus responsables.
Asimismo, ha destacado una resolución del Tribunal Supremo de mayo de 2026 que, según su interpretación, abre la posibilidad de reclamar a otros fabricantes implicados en el cártel cuando haya prescrito la acción frente a la marca del vehículo adquirido. No obstante, ha reconocido que esta vía presenta dificultades jurídicas y requiere un análisis individualizado de cada reclamación.
La asociación atribuye el reducido número de afectados que han acudido a los tribunales al desconocimiento de sus derechos, las dificultades para recuperar documentación de compras realizadas hace más de una década y los costes económicos y personales de emprender acciones judiciales contra grandes fabricantes.
En este sentido, ha señalado que la ausencia de la factura original no implica necesariamente la imposibilidad de reclamar, ya que pueden existir otros documentos que permitan acreditar la adquisición del vehículo.
Reclaman indemnizaciones automáticas para los afectados
Consumidores Asturias ha denunciado lo que considera un «incentivo perverso» de la legislación española, al obligar a los perjudicados a iniciar procedimientos judiciales individuales para obtener compensaciones por prácticas anticompetitivas que ya han sido sancionadas.
«Estamos ante una paradoja inaceptable», han señalado sus servicios jurídicos, que consideran que las dificultades procesales trasladan a los consumidores una carga desproporcionada para conseguir la reparación del daño.
La organización ha reclamado una reforma legislativa inspirada en los mecanismos de acciones colectivas del derecho anglosajón, que permita extender las indemnizaciones a todos los afectados sin necesidad de que cada uno tenga que presentar una demanda individual.
Entre sus propuestas figura utilizar los registros de matriculación de la Dirección General de Tráfico para identificar a los compradores perjudicados y establecer mecanismos que obliguen a los fabricantes sancionados a consignar los fondos necesarios para devolver los sobreprecios.
A su juicio, las sanciones administrativas impuestas a las empresas no garantizan por sí solas la reparación del perjuicio económico ocasionado a los consumidores.
La asociación ha insistido en la necesidad de actuar antes de que venzan los plazos de reclamación aplicables a cada fabricante y ha advertido de que, si no se modifican los mecanismos de compensación, una gran parte de los afectados podría quedarse sin recuperar las cantidades abonadas de más.
