El pasado mes de marzo la Consejería de Educación del Principado de Asturies sacaba a información pública el borrador del futuro Decreto de Equidad Educativa. El documento recoge las líneas maestras de la atención a la diversidad del alumnado y condicionará el futuro de la orientación educativa, un sector con un alto grado de “queme” por los niveles de interinidad, la falta de medios y el excesivo número de alumnos por orientador.
Un grupo de orientadores y orientadoras ha decidido organizarse para presentar alegaciones contra lo que califican de “ninguneo” a los profesionales en la elaboración del decreto. Y es que más allá de las buenas intenciones del documento, como la prevención del absentismo y las dificultades del aprendizaje, o la estimulación de la comunicación y del lenguaje oral, consideran que el decreto nace muerto sin más trabajadores y trabajadoras para llevarlo a práctica.
Una orientadora de uno de los Equipos de Orientación Educativa (EOE) que atiende a la vez a cuatro colegios rurales relata así su situación “tengo diecisiete informes nuevos solo de la estrategia de la Consejería sobre Altas Capacidades, que se suman a los veinticinco de media de cada curso, estoy haciendo jornadas laborales de diez y hasta de doce horas diarias para cumplir los plazos impuestos por Educación”. Sobre sus funciones diarias, esta profesional lamenta que “no somos capaces de cumplir todo lo que se supone que debemos hacer y pretenden vender que tenemos un modelo preventivo, nos llenan a protocolos e informes mientras tenemos que abandonar intervenciones con el alumnado en riesgo de exclusión o abandono escolar”. La situación obliga a las familias a acudir a gabinetes privados, cuando se lo pueden permitir, buscando soluciones, que en muchas ocasiones responden a intereses mercantilistas más que pedagógicos.
Acerca de los famosos informes, reflexiona otra profesional de otro de los EOE que da servicio a las etapas de Infantil y Primaria: “hay mucho desconocimiento por parte de las familias y la sociedad sobre nuestro trabajo y lo que hay detrás de cada informe: las entrevistas con las familias, las pruebas y test, su corrección, la recogida de información en coordinación con el contexto, la observación en diferentes situaciones del alumnado, la redacción, la devolución en varias reuniones diferentes si los progenitores están separados….” “¿Dónde está el tiempo para intervención directa, orientación profesional, preparación de sesiones de tutoría, formación, decenas de llamadas y correos con todo tipo de entidades y profesionales internos y externos, o las coordinaciones con especialistas, tutores y profesorado, los protocolos de acoso escolar o de suicidio, o el acompañamiento emocional al alumnado con problemas de Salud Mental? Es imposible con ocho horas diarias de trabajo, en muchas ocasiones itinerando con un único día de atención semanal o incluso quincenal en muchos centros rurales” explica.
“hay mucho desconocimiento por parte de las familias y la sociedad sobre nuestro trabajo y lo que hay detrás de cada informe”
Como colectivo creen firmemente en la prevención, pero afirman que no hay tiempo para la planificación, la coordinación y todo lo que implica sacar adelante programas que verdaderamente sean preventivos. “Esto lleva tiempo y mucho y los recursos son los justos para salvar el expediente o ni eso. La consecuencia es que cuando se detectan las dificultades, normalmente llegando a tercero de primaria, la brecha entre el alumnado con dificultades y el resto ya es insalvable” sentencia otra orientadora de un Departamento de Orientación de un centro público de educación básica situado en una zona rural.
“La orientación educativa es un factor crucial en la formación académica y personal y un derecho del alumnado. Privarles de la atención y acompañamiento que precisan por parte este servicio educativo puede generar graves consecuencias en diferentes áreas de su vida” reflexiona otra orientadora de uno de los centros de educación especial que hay en la región. En primer lugar, añade, “puede afectar negativamente el rendimiento académico. Sin una guía adecuada, es posible que el estudiante no tenga una visión clara de sus propias habilidades y debilidades, lo que dificulta su capacidad para establecer metas y objetivos realistas. Además, la falta de orientación puede llevar a la desmotivación, la frustración y el abandono escolar”.
“Los problemas personales como la ansiedad, el estrés o la falta de confianza si no son detectados a tiempo y no se ofrecen las herramientas adecuadas para abordarlos, pueden tener un impacto negativo en su salud mental a largo plazo” explican desde el colectivo, que apunta que mientras los alumnos de clases medias y altas pueden recurrir a psicólogos privados, las familias de clases medias bajas y trabajadoras solo tienen a su disposición a los orientadores de los centros públicos para acompañarles.
El decreto no garantiza una ratio de 250 alumnos por orientador
Su indignación con el borrador del decreto, según señala otro orientador de un instituto masificado de la zona centro, se debe a que éste se aleja de las principales líneas de la LOMLOE en materia de inclusión educativa al no garantizar la ratio de una persona orientadora por casa 250 estudiantes, la recomendada según la ASCA, Asociación Americana de Orientadores Escolares; la AIOEP, Asociación Internacional para la Orientación Educativa y Profesional o el Informe Harris (2013); e incluso la UNESCO y el propio Ministerio de Educación. Además, no incluye compromisos como la inclusión de la orientación en todos los centros de Formación Profesional, no soluciona el desborde de trabajo en los centros grandes y los equipos de orientación en zona rural, no recoge los protocolos de coordinación con otros servicios como Servicios Sanitarios, Servicios Sociales o Salud Mental, no recoge las funciones de especialistas clave para la equidad como los y las Profesionales de Servicios a la Comunidad, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Mediación Comunicativa, Fisioterapia o Auxiliares educativas y no menciona ni tiene en cuenta objetivos contenidos en leyes como la de protección a la infancia ante la violencia (LOPIVI) o la Ley LGTBI-Trans.
En el colectivo se preguntan cómo la Consejería de Educación puede presumir de tener la mejor ratio docente por alumno cuando existen institutos con un orientador o orientadora por mil alumnos: “si con la dotación actual, ya no damos abasto para servir a la comunidad educativa aumentar nuestras funciones sin reforzar el personal va a empeorar nuestra situación y la calidad de nuestro servicio”.
El colectivo promete dar batalla recogiendo propuestas y animando a que “cuantas más compañeras y compañeros se pronuncien y registren sus propuestas, mejor”, para lo cual pondrán a disposición de estos un modelo-tipo que contiene más de treinta alegaciones para mejorar este Decreto que no es definitivo aún, pero sí será definitorio para calidad de la educación asturiana durante los próximos años.
