En el momento que se escriben estas líneas la COP28 se celebra en Dubai, un escenario sorprendentemente peculiar para la conferencia más importante dedicada a abordar la crisis del calentamiento global. La elección de este país, uno de los principales exportadores de petróleo como sede, y la designación del sultán Ahmed Al Jaber presidente de ADNOC principal petrolera local, como líder de la COP28 y que en una épica representación gráfica de, No se podía saber. Es un negacionista climático que cree que “no hay evidencias científicas que justifiquen reducir el consumo de combustibles fósiles” , esto cuando menos plantea dudas sobre si realmente se busca tomar medidas urgentes contra el cambio climático o si se está facilitando a los grandes exportadores petroleros continuar con sus negocios.
En 2023, la temperatura media mundial ha superado los 1,4°C por encima de los niveles preindustriales, rozando el límite establecido en los Acuerdos de París para 2100. Este dato subraya la necesidad urgente de implementar medidas drásticas para reducir nuestras emisiones. Esto implica apostar por más energías renovables, mejorar la eficiencia, electrificar todo lo posible y adoptar una política de residuos eficaz que reduzca su impacto ambiental, junto con una economía circular que prolongue la vida útil de productos y materiales, avanzando hacia un residuo cero.
En el contexto español, según datos del Ministerio de Transición Ecológica, España es el país que paga la factura más alta por el cambio climático, generando un coste del 7,7% del PIB en las últimas cuatro décadas, equivalentes a 100.000 millones de euros. Sectores clave como la agricultura y el turismo son especialmente vulnerables a los impactos del calentamiento global, con sequías y fenómenos extremos que se han multiplicado por diez desde 1980, empeorando en el último lustro.
Pero no todo son malas noticias también hay ejemplos de que hacer las cosas bien no solo tiene beneficios medioambientales sino económicos, como el crecimiento del 1.200% en instalaciones solares desde la supresión del “impuesto al sol” en 2018, con un ahorro de 60.000 millones de euros en importaciones de petróleo no realizadas
Ahora situemos en qué lugar del camino se encuentra España en cuanto a separación y reciclaje y cuánto nos queda para llegar a ítaca.
España, con una tasa de reciclaje del 36`4% en 2020, ha incumplido los objetivos europeos de reutilización y reciclaje establecidos en un 50%, dificultando el cumplimiento de los objetivos del 55% en 2025 y del 60% en 2030. De esta situación y en aras de mitigar los efectos adversos derivados de la generación y gestión de residuos, surge un endurecimiento de las condiciones con la Ley 7/2022, de 22 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Que busca no solo una reducción en la producción de residuos por parte de ciudadanos y empresas, sino también la implementación de sistemas más eficientes en su tratamiento, incineración y recuperación. Basándose en el principio de “quien contamina paga” por eso la ley establece, en su artículo 11.3, que “las entidades locales establecerán, en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de la misma ley, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación (…)”.
España, con una tasa de reciclaje del 36`4% en 2020, ha incumplido los objetivos europeos de reutilización y reciclaje establecidos en un 50%
Esta tasa conocida popularmente conocida como la “tasa de basuras”, ya existía anteriormente, pero ahora pasa de ser opcional a convertirse en un requisito imperativo para los Ayuntamientos, que ya no tendrán la posibilidad de eludirla, financiando el servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos con recursos generales del presupuesto municipal ya que es condición que cubran íntegramente los costos del servicio. Hasta ahora, el grado de cobertura de la tasa sobre el costo real de la recogida promediaba el 59%, es decir, no se pagaba el costo real de la recogida ya que los ayuntamientos costeaban la diferencia, algo que la nueva ley no permite, en Román Paladino, el aumento de los futuros costes en la tasa de basuras viene dado por el aumento de costes en la implementación de medidas tendentes a aumentar la tasa de reciclaje y cumplir con las directivas europeas, y que la nueva ley de residuos y suelos contaminados obliga con el llamado pago por generación a repercutir obligatoriamente al usuario con el objeto de concienciar a la ciudadanía de los elevados costes de una correcta gestión de residuos y reciclaje, y que tendrá contadas excepciones como por ejemplo estar en consideración de personas en situación de riesgo de exclusión social
Una vez situado el marco legal y de situación vamos a centrarnos en las políticas desarrolladas y por desarrollar aquí, históricamente Asturias (como el resto de España) tenía como política básica, tímidas iniciativas de recogida selectiva, alguna campaña de concienciación y la ubicación de puntos limpios para llegar después la fase vertedero que una vez próximo sus límites físicos se plantea la construcción de una macroincineradora que queme los residuos que llegaban a vertedero.
No es hasta fechas relativamente recientes que esas políticas empiezan a modificarse, para encontrar ese punto de inflexión en la política asturiana hay que tirar de hemeroteca y buscar una PNL de Izquierda Unida en el parlamento asturiano, (que en aquel momento estaba gobernado por PSOE y la propia Izquierda Unida) que recogía el sentir tanto de las fuerzas ecologistas y vecinales como de la propia organización y donde se instaba a no construir una macroincineradora para quema de residuos y profundizar en la senda del acuerdo de investidura firmado conjuntamente con el PSOE apenas un año antes y que recogía el compromiso por la “reducción, reutilización y el reciclaje de residuos, la puesta en marcha de programas de recogida orgánica, el impulso de campañas continuadas de sensibilización, información y formación sobre el reciclaje, incluido tejido industrial y hostelero, y el desarrollo de un programa de fomento del compostaje y material bioestabilizado descartando aquellas medidas que tengan un mayor impacto ambiental”. Permitiendo así que Asturies cuente con un nuevo modelo de gestión de residuos sostenible a largo plazo y que en ningún momento pase por la incineración, emplazando el diseño del modelo al entorno del Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2017-2024 (PERPA).
Ese Plan fijaba como mayor inversión a ejecutar por COGERSA la construcción de una planta de tratamiento de los residuos mezclados ( recientemente inaugurada); la producción de un combustible sólido recuperado a partir de residuos no peligrosos y la intensificación del programa de recogida selectiva incrementando el reciclaje como principales ejes, la planta tiene una previsión de generar 150.000 toneladas anuales de Combustible Sólido Recuperado (CSR).
Hasta ahora esta ha sido la cronología de los hechos desde lo macro ( el mundo) hasta lo micro (Asturies), ahora toca afrontar el debate adulto que requiere un momento como este y huir de mensajes simples o populistas que reducen problemas complejos a simples proclamas electorales, la realidad en 2023 es que las políticas de Convocatoria xporAsturies (IU, Más País e Izquierda Asturiana), dan continuidad a las iniciadas por Izquierda Unida en 2016.
¿Cómo se consigue esto? Pues primero con la oposición frontal a la incineración de basura junto a la intensificación del programa de recogida selectiva, con la inversión en Cogersa y recogida en el PERPA de la construcción de una planta para la valorización de la fracción mezclada de los residuos municipales y de los residuos industriales y recientemente inaugurada, que facilitará dar un giro definitivo al modelo de gestión de los residuos en Asturias y nos permite reducir el volumen de 500.000 toneladas de basura a 150.000 toneladas de Combustible Sólido Recuperado (CSR)
CSR que la ley permite almacenar durante dos años y que el PERPA contemplaba eliminar a través de valorización química, tecnología que a día de hoy no está lo suficientemente madura lo que implica buscar una alternativa, de ahí surge la propuesta de Convocatoria x Asturies de la necesidad de unas jornadas específicas de COGERSA sobre economía circular y gestión de residuos circunscritas a la redacción del nuevo Plan integrado de residuos para una economía circular 2024 -2030 (Pireca) , donde expertos, técnicos, ecologismo, sindicatos y asociaciones aporten alternativas al posible uso final de CSR, aunque aquí más allá de las conclusiones a las que se llegue en dichas jornadas y de proseguir la exploración de la posibilidad o no de la valorización química, es importante situar un par de apuntes y salir al paso de determinadas declaraciones excesivamente reduccionistas que infantilizan problemáticas complejas como es esta.
El CSR no debe considerarse como basura, sino como un combustible utilizado en procesos industriales para reemplazar el uso de combustibles fósiles lo que resulta en una reducción de las emisiones generadas. Esta práctica es común desde hace años en países como Suecia, Dinamarca, Alemania y Países Bajos, especialmente en instalaciones públicas dedicadas a la generación de energía en diversas aplicaciones. En este contexto, la posibilidad de construir una planta de valorización energética de CSR para la generación de energía con fines públicos es una opción que debe considerarse seriamente.
Pero como decía antes hay que ser realistas con los mimbres que tenemos, la generación de 150.000 toneladas de CSR no es el escenario que querríamos tener a día de hoy pero si es es el mejor escenario posible y de menor impacto ambiental en esta coyuntura, pero en nuestra política tendente a residuos cero debe elaborarse con tiempo suficiente el Plan Integrado de Residuos para una Economía Circular en Asturias (PIRECA) que dará relevo al PERPA impulsando la economía circular en todos los ámbitos, incluidos el ámbito doméstico y el comercial, a través de campañas de sensibilización e información. Tiene que articular la protección e información de los consumidores con la búsqueda de fórmulas y actuaciones que conduzcan a mejorar la sostenibilidad de los modos de producción y consumo hacia un sistema más saludable y ecológico. Además, el nuevo Plan tiene que garantizar que COGERSA asuma la gestión integral de la recogida selectiva de basura integrando al personal que presta actualmente el servicio, generando así empleo de calidad, incluyendo dar respuesta a la gestión del CSR, cuya producción requiere una inversión pública que debería tener como destino preferente el sistema público y teniendo como horizonte una política de residuos cero.
