Jarro de agua fría por parte de los arquitectos asturianos al convenio de La Vega. El Colegio Profesional presentó este martes en rueda de prensa sus alegaciones al acuerdo a tres bandas entre Ayuntamiento, Ministerio de Defensa y Principado. Los arquitectos señalan tanto defectos de forma como objeciones de fondo a un convenio para el que, revelaron, ni Principado ni Ayuntamiento llamaron en estos años para pedir su opinión.
Son 32 páginas sólidamente argumentadas, y difíciles de rebatir desde el punto de vista técnico, en las que los profesionales asturianos de la arquitectura y el urbanismo desmontan un convenio que consideran se mete en cuestiones de ordenación urbana que no son de su competencia, y proyecta 1.000 viviendas sin estudios que justifiquen su viabilidad económica o incluso su posibilidad geotécnica. Las alegaciones también cuestionan la ausencia de una catalogación del patrimonio industrial de la antigua fábrica de armas o la apuesta por desviar el tráfico a través del recinto, cuya unidad consideran amenazada con ese plan.
Se trata de críticas muy duras, que no viene por parte de activistas del movimiento ciudadano, sino de un colegio en el que conviven profesionales de muy diversas ideologías, pero que coinciden en que el convenio se ha extralimitado y debe corregirse, pues hace peligrar el patrimonio y la unidad de La Vega.
Las alegaciones se muestran especialmente críticas con el desvío del Bulevar a través de la Fábrica de La Vega y señalan que “el análisis adecuado de las necesidades de la ciudad debería encaminarse a una disminución de la contaminación en aras a la lucha contra el cambio climático, mediante la conservación y ampliación de los espacios libres y zonas verdes existentes en el ámbito y en la zona y, sobre todo, mediante su conexión con el sistema verde de la ciudad de Oviedo y de su entorno, así como mediante la implantación en el ámbito de sistemas de movilidad sostenible relacionadas con el resto de la ciudad”.
Los arquitectos no se oponen a introducir usos residenciales, pero en un proporción mucho menor a la prevista. Asimismo apuntan que la construcción de mil viviendas supondría “el equivalente a las compraventas de vivienda nueva en el concejo durante tres años, en un municipio que, pese a los datos de 2023, tiende a perder población y que tiene numerosas viviendas vacías a escasos metros del ámbito”. Aunque los profesionales consideran necesaria la vivienda para dar vida al conjunto, Mariana Borissova recordó que la fábrica ya está rodeada de abundante edificación residencial, por lo que esta no sería necesaria necesaria en las cantidades pactadas por Ministerio, Principado y Ayuntamiento.
En la rueda de prensa Miguel Casariego señaló que es positivo que el convenio hable de la posibilidad de trasladar esta vivienda a otras partes de la ciudad, pudiendo así reducir las edificaciones residenciales en La Vega. El presidente del Colegio apuntó también que no es necesario que sean todas de nueva construcción, y abogó por reciclar edificaciones del conjunto, ya que es más respetuoso con el patrimonio y sostenible desde el punto de vista ecológico: “es preferible aprovechar los edificios ya existentes siempre y cuando sea posible”.
De cara a los próximos pasos a dar, desde el Colegio apuestan por recurrir a la fórmula de concurso de ideas para definir el futuro de La Vega.
