Cuando el COVID-19 golpeó en 2020, la economía mundial entró en una de las crisis más profundas de su historia moderna. En Europa, países como Italia, Francia y España se vieron especialmente afectados por la paralización de sectores clave como el turismo y el ocio. A la crisis sanitaria se sumó una recesión económica devastadora, que evocaba los peores momentos de la crisis financiera de 2008. Las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) mostraban una economía española anémica, que crecía a un ritmo inferior al de nuestros vecinos, situación que fue aprovechada por la derecha política y mediática para condicionar el debate público de los últimos 4 años, el relato de que España era la última economía de Europa en recobrar el PIB preCovid fue machaconamente repetido en prensa, radio y televisión poniendo en seria duda la eficacia de las políticas económicas del gobierno de coalición.
En contraste con las medidas de austeridad aplicadas durante la anterior crisis, el gobierno progresista optó por una política expansiva, con el objetivo de proteger el tejido social y empresarial del país, mientras tanto desde los economistas de cabecera de PP- Vox, se lanzaban alarmistas predicciones de un desempleo del 40% y el colapso de un millón de empresas si no se rectificaba el rumbo económico, los errores del INE en sus proyecciones estadísticas no hicieron más que alimentar la narrativa del “desastre” político y económico, complicando la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, cumplir con los objetivos de déficit y cuestionando la credibilidad de España en los mercados de deuda.
Pero algo no encajaba. Desde 2021, ciertos indicadores, como los beneficios empresariales, las horas trabajadas y un incremento en la recaudación del IVA —que superaba el consumo registrado— empezaron a poner en duda la precisión de los datos del INE. Estas sospechas fueron confirmadas con las revisiones realizadas este mes, la actualización quinquenal de los institutos de estadística europeos que junto a la revisión ordinaria anual que también recae en septiembre, arrojaron luz sobre los errores de estimación y metodología que habían lastrado las proyecciones económicas previas.

Dichas revisiones implicaron ajustes significativos en el PIB nominal. Para 2021, se añadió un crecimiento del 0,3% (13.184 millones de euros); para 2022, un 0,4% (27.252 millones), y para 2023, un 0,2% (36.435 millones). Incluso la contracción del 11,2% registrada en 2020 se ajustó a un 10,9%. Estos nuevos datos confirman que la recuperación económica fue más rápida de lo inicialmente registrado adelantando a 2022 la superación del PIB PreCovid, lo que desmonta el relato de los últimos cuatro años. De hecho, las cifras de crecimiento, productividad, déficit y deuda resultan considerablemente mejores de lo que se había cuantificado, lo que también implica una presión fiscal más baja de lo apuntado. No olvidemos la cantidad de titulares que tuvimos el año pasado por una supuesta presión fiscal del 42%, que situaban a España entre los países con mayor carga tributaria de Europa, cuando en realidad se sitúa en torno al 37%, lejos de la media de la Eurozona.
Lo más preocupante, sin embargo, no son los errores estadísticos en sí, sino cómo esta narrativa distorsionada condicionó las campañas electorales de 2023. Se llegó a las urnas con un gobierno a la defensiva presto a entregar la cuchara y que se salvó en el último minuto no sin antes hacer concesiones a una derecha nacionalista que poco tiene que envidiar a Vox, como Junts. Cabe preguntarse cuál hubiera sido el resultado si el relato económico se hubiera ajustado a la realidad, con una economía en crecimiento constante, unos objetivos de déficit cumplidos con un año de antelación, una política expansiva centrada en proteger a la clase trabajadora y un aumento de la productividad unido a la expansión del empleo, algo inédito en la economía española moderna, el escenario hubiera sido, sin duda, diferente. Y quizá hoy no dependeríamos de partidos como Junts para aplicar políticas progresistas en materia de vivienda.
Lo que este escenario nos revela es un problema profundo, no solo en el Instituto Nacional de Estadística (INE), sino en otros grandes organismos institucionales que marcan las pautas de las políticas de Estado. Tanto el INE como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han demostrado en los últimos años una preocupante dificultad para leer la realidad más inmediata. A pesar de que es imprescindible aplaudir la independencia de estas instituciones, también resulta ineludible exigirles el más alto grado de rigor en sus análisis. Y eso, lamentablemente, no está ocurriendo.
Los errores del INE en 2020 pueden ser comprensibles, dado el contexto de una economía prácticamente paralizada y una población confinada. Sin embargo, a partir de 2021, los datos ya comenzaban a apuntar que algo no funcionaba, y no ha sido hasta 2024 que se ha constatado la verdadera magnitud de esos fallos, esta miopía institucional no es patrimonio exclusivo del INE, como olvidar al Banco de España, con sus alarmistas informes sobre el impacto del salario mínimo interprofesional (SMI) en el empleo que parecían dictados por Juan Ramón Rallo, o como los análisis de la CNMV sobre ofertas públicas de adquisición (OPAs) y fusiones han demostrado cuando menos, falta de agilidad y adaptación a la economía global y tecnológica de hoy.
Las instituciones públicas deben ser no solo independientes, sino también capaces de rendir cuentas de manera efectiva y adaptarse a un mundo cada vez más complejo y dinámico. No se si el problema radica en los recursos humanos, en las herramientas tecnológicas o en un exceso de estatismo. Lo que está claro es que España no puede permitirse el lujo de contar con organismos que socaven los esfuerzos por implementar políticas que promuevan la redistribución de la riqueza y la mejora de las condiciones de vida de las clases populares, y que urge darle una vuelta a su funcionamiento, apremia la revisión, en este caso institucional para que quien orienta políticas de estado esté alineado con la realidad de hoy.



























