La Asamblea vecinal Salvemos Peñamayor ha pasado a la vía judicial contra la decisión del Gobierno Asturiano de conceder el permiso a la empresa Asturmet Recursos para un proyecto de investigación minera que se pretende poner en marcha en los concejos de Laviana, Piloña, Nava y Biemnes y que los vecinos y ecologistas, “con los datos que tenemos”, no dudan en afirmar que “hay riesgo de que se pueda especular con el territorio.”
Salvemos Peñamayor sufrió un revés el pasado verano cuando el Gobierno asturiano desestimó el recurso presentado por esta plataforma vecinal y la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies. El recurso se oponía al proyecto de investigación minera “Astur A” que busca explotar la presencia de minerales en los municipios en distintos municipios asturianos. Aunque el gobierno insiste en que la concesión solo permite la investigación, las asociaciones vecinales y los ecologistas denuncian que este permiso abriría la puerta a futuras explotaciones mineras, algo que sería difícil de frenar si se demuestra la viabilidad de la extracción.
“El proyecto ha sido otorgado a Asturmet Recursos S.L, con un capital social de 3.000 euros, filial de la británica Technology Minerals PLC, que se especializa en exploración. Ninguna de las dos se dedica a la explotación minera”
“El riesgo empieza con el permiso de investigación”, afirma Adriana de la plataforma vecinal, “es el camino más recto hasta la explotación.” Pero además quieren centrarse en parar la “llamada investigación” porque “en él ya hay riesgos para el territorio como, por ejemplo, el agua que hay en el subsuelo de Peñamayor. Esta fase ya tiene riesgos en sí misma como es la desaparición de manantiales.”
El proyecto ha sido otorgado a Asturmet Recursos S.L, con un capital social de 3.000 euros, filial de la británica Technology Minerals PLC, que se especializa en exploración. Ninguna de las dos se dedica a la explotación minera. El modelo de negocio instalado en este sector, según el informe “Minería especulativa en España”, elaborado desde el ecologismo en 2019, fomenta la especulación, ya que estas empresas suelen vender los derechos a otras que sí tiene capacidad de explotación. En Asturias, la mayoría de los proyectos de investigación minera siguen esta lógica especulativa, con derechos que pasan de una empresa a otra.
Debido a esto, los vecinos y ecologistas están poniendo tanto empeño en en parar el permiso de investigación ya que una compañía minera puede llegar a demandar a cualquier administración que si tras concederle el permiso luego lo retira para la extracción. Hay jurisprudencia al respecto.
El caso de “Astur A” no es aislado. Existen varios proyectos de investigación minera en diferentes municipios asturianos. El informe de 2019 ya advertía sobre el riesgo de que estas empresas, sin capacidad de explotación, utilicen los recursos minerales para especular legalmente. Señalaba, además, que aunque la normativa española establece mecanismos de información pública, estos son insuficientes, pues muchos vecinos y empresas locales no fueron conscientes del proyecto hasta mucho después de su presentación oficial en 2021.
“Los ecologistas vienen alertando de que este proyecto es un claro ejemplo de especulación minera, impulsada por la necesidad de minerales estratégicos para la transición energética y digital.”
Desde Salvemos Peñamayor se felicitan de que el pasado 20 de septiembre el ayuntamiento de Llaviana, gobernado en coalición por el PSOE e IU, vaya a ser “la primera administración pública que se posiciona claramente contra el permiso de investigación minera”. En esa moción se reconoce que no se informó adecuadamente a los vecinos aunque no aclara por qué el ayuntamiento no lo hizo cuando recibió el documento de Otorgamiento de Permiso de Investigación en mayo de 2024.
“Esta moción es importante para nosotros”, cuenta Adriana, de Salvemos Peñamayor, “porque de esta manera la cuestión se debatirá por primera vez en un pleno y todos los representantes políticos podrán votar y manifestar su posición públicamente.” Asegura que lo que les ha llegado es que “desde el ayuntamiento se va a pedir la revocación del permiso” antes de emplazar a que el resto de los ayuntamientos hagan lo mismo.
Los ecologistas vienen alertando de que este proyecto es un claro ejemplo de especulación minera, impulsada por la necesidad de minerales estratégicos para la transición energética y digital. Las comunidades rurales afectadas no solo denuncian la falta de información y transparencia, sino también temen las consecuencias a largo plazo para el medio ambiente y su modo de vida, algo que no solo ocurre en Asturias.
Por otro lado, el próximo martes 29 de octubre, el diputado de Foro en la Junta General, Adrián Pumares, interpelará al Consejo de Gobierno sobre la autorización investigar en Peñamayor y el nivel de transparencia que se está siguiendo en todo este proceso.
Especulación minera en España
El pasado marzo, el Consejo de la Unión Europea dio luz verde a un nuevo Reglamento sobre Materias Primas Fundamentales, con el objetivo de asegurar el suministro de estos recursos clave para la transición ecológica y diversas industrias estratégicas en el espacio comunitario. Ante la necesidad de reducir la dependencia de China, la UE se enfrenta a la realidad de que las empresas extractivas europeas son una minoría. Además, no existe un fondo específico para financiar la extracción, por lo que se prioriza destinar recursos a la exploración. Sin embargo, según advierten las asociaciones ecologistas, esta estrategia favorece prácticas mineras especulativas, insostenibles y poco responsables, llevadas a cabo principalmente por pequeñas empresas.
El norte de Europa y la Península Ibérica destacan como zonas con importantes yacimientos de estas materias primas, lo que ha impulsado un incremento en las solicitudes de licencias para nuevos proyectos mineros. En España, el 95% de estas licencias, vinculadas a minerales metálicos utilizados en tecnología y digitalización, se concentran en cinco comunidades autónomas: Andalucía, Castilla y León, Galicia, Asturias y Extremadura, en ese orden. Los minerales que abarcan estas concesiones incluyen aluminio, cobalto, cobre, grafito, estaño, litio, manganeso, níquel, oro, plata, tierras raras, uranio, vanadio y wolframio.
“España se sitúa en el epicentro de una dinámica económica y geopolítica que, según denuncias del ecologismo, ha llevado a que muchas comunidades autónomas realicen subastas masivas de derechos mineros caducados”
De este modo, España se sitúa en el epicentro de una dinámica económica y geopolítica que, según denuncias del ecologismo, ha llevado a que muchas comunidades autónomas realicen subastas masivas de derechos mineros caducados. Esto implica que vastas extensiones de terreno, algunas dentro de la Red Natura 2000, se ofrezcan a las compañías mineras.
Desde el movimiento ecologista se apunta que el creciente interés de grandes corporaciones e inversores responde principalmente a una motivación especulativa, alimentada por la transición energética y digital. En España, esta tendencia se ve agravada por una ley de minas que data del franquismo. Ejemplos locales como los de Laviana, Piloña, Nava y Bimenes ilustran este fenómeno.
