CSI asegura que Vauste ya ha liquidado toda la materia prima de la fábrica

Material de Vauste amontonado para achatarrar en las instalaciones de Riestra. FOTO: CSI

Ya no queda materia prima en la planta de Vauste (antigua Teneco) de Xixón. Así lo ha informado el delegado sindical de CSI en esta factoría, Ignacio Fuster, que ha explicado a Nortes que hoy han salido los últimos camiones con tuberías, camino del Centro de Transportes.

Trabajadores de la planta han seguido el recorrido del transportista desde sus instalaciones a las del centro. La semana pasada hicieron lo propio con los primeros cargamentos, pero en aquella ocasión fueron a parar a Riestra para su achatarrado.

esta mañana han salido los últimos camiones, según el sindicato

El sindicato insiste en que la empresa, gestionada por el grupo DSA (que el año pasado adquirió las instalaciones al grupo alemán Quantum, que a su vez las compró a Teneco) intenta conseguir así cierta liquidez para pagar las nóminas que tiene pendientes, antes de la próxima visita del administrador concursal, a fin de “decirle que hubo un pequeño ingreso y evitar la liquidación, para continuar con la agonía”, señala Fuster.

Instalaciones de Vauste sin materiales, esta misma mañana. FOTO: CSI

El representante sindical considera que esto “es engañarnos a nosotros mismos, porque si aparece un cliente estamos sin materia prima, tendríamos que volver a comprarla y nos saldría más caro”. “Es un fraude para los que quedamos, porque esto es el último activo que nos queda”, ha recalcado.

La situación sigue tensándose en la planta gijonesa fabricante de amortiguadores, después de que en octubre se acordara el despido de 60 trabajadores, un pacto que no contó con la firma de CSI, pero sí con la de UGT y CCOO, mayoritarios en el comité.

Prosigue la batalla legal para frenar la planta de asfalto de Las Caldas

La plataforma vecinal lleva desde 2017 luchando contra la instalación de la planta FOTO: Iván G. Fernández

Está siendo una semana agridulce para Roberto García Carril, presidente de la Plataforma Vecinal contra las plantas de asfalto y de hormigón por un Oviedo Saludable (PVOS), y para todos los vecinos del valle de Los Caldas. Son ya más de tres años luchando contra la instalación de una planta de asfalto donde ahora funciona Canteras Mecánicas Cárcaba, propiedad de la multinacional Hanson, y asumen que todavía les queda un buen trecho por delante. En los últimos días, dos resoluciones judiciales contradictorias hacen prever que el camino será largo.

El domingo pasado supieron que el Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso presentado por la plataforma, bajo el amparo de la Coordinadora Ecoloxista D´Asturies, lo que supone que no existe una autorización minera válida para los planes de la empresa. García Carril no oculta su satisfacción: “En 2020 el Tribunal Supremo rechazó el 85% de los recursos presentados, y el nuestro lo admitió. Pasar ese filtro es una noticia importante, porque sabemos que la van a mirar”. Pero dos días después, tras la euforia, llegó el jarro de agua de fría.

En otro de los pleitos en los que está inmersa la plataforma, este por la licencia municipal, Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº6 de Oviedo ha emitido una sentencia favorable a Hanson.  La resolución tumba la decisión del ayuntamiento ovetense de denegarle a la empresa la licencia para instalar una edificación industrial donde ahora se encuentra la cantera. “Teníamos esperanzas de ganar esto, pero la juez falló a favor de Hanson”, lamenta García Carril, que anuncia que la plataforma recurrirá la sentencia.

Los técnicos municipales del ayuntamiento no han cambiado sus informes y siguen sosteniendo que Hanson no debería obtener la licencia. No obstante, la juez ha estimado más verídicos los informes aportados por el perito de la multinacional. La plataforma insta ahora al ayuntamiento a recurrir la sentencia, en un plazo de quince días, “en defensa de los intereses municipales”. Los partidos que componen el consistorio ovetense, PP y Ciudadanos, votaron en 2018 en un Pleno contra los planes de Hanson. La pelota está ahora en su tejado.

Almitida la querella de Fiscalía contra los padres que nun escolarizaron a los sos fíos en Cangas

IES de Cangas.

La xusticia siguirá coles dilixencies previes abiertes por mor de la querella presentada pola Fiscalía de Menores contra los padres de dos neños que nun escolarizaron a los sos fíos nel colexu de Rengos y nel IES de Cangas, por mieu a un posible contaxu de Covid.

Nun autu comunicáu esti miércoles el Xulgáu d’Instrucción númberu 1 de Cangas dictó que se continúen los trámites de la investigación por si los fechos “fueren constitutlvos d’un delitu contra los derechos y deberes familiares, na so modalidá d’abandonu de familia, y d’otru de desobediencia, referíos concretamente a los artículos 226 y 556.1 del Códigu Penal.

Los dos neños, alumnos de segundu d’ESO y de quintu de Primaria respectivamente, nun acudieron al sos centros dende qu’entamó’l cursu, nun siendo’l menor pa realizar un exame. L’autu señala que los padres presentaron dellos escritos nos que defendíen que les restricciones impuestes impidíen el normal desarrollu de les capacidaes cognitives y sociales, polo que consideraben que yera meyor que los sos fíos permanecieren en casa.

Las organizaciones sociales reclaman pasar a alquiler público los pisos del “banco malo”

Piso de la Sareb en Asturias.

La futura Ley de Vivienda no solo está tensionando el Gobierno de coalición PSOE-UP. También está dejando a los socialistas aislados frente a sindicatos, organizaciones sociales y ONG´s, que reclaman con urgencia medidas de calado frente al problema habitacional que sufren amplias capas de la población española.

Héctor Colunga, de la fundación gijonesa Mar de Niebla señala que en los últimos años se está produciendo un “problema gordísimo con el alquiler, porque los alquileres crecen, mientras los niveles de renta se reducen”. Para Pilar Lobo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo/Uviéu, el problema en Asturies no sería tanto la regulación de los alquileres en las zonas tensionadas, un problema que afecta especialmente a Madrid, Barcelona y grandes destinos turísticos, como aumentar la oferta pública de alquiler. Para Lobo ese aumento del parque público en alquiler debería hacerse por dos vías. En el medio plaza, por la construcción de nueva vivienda. Pero, sobre todo, en el corto la transformación en bloques de alquiler público de las propiedades de la Sareb, el llamado “banco malo”, resultado de la nacionalización por el Estado de todos los fracasos inmobiliarios de la anterior década a través de la compra masiva de estos “activos tóxicos” a los bancos. Para Lobo sacar en alquiler esas viviendas, así como llegar a acuerdos con los grandes tenedores, sería la vía para incrementar de forma rápida una oferta pública de vivienda ajustada a precios razonables.

Ana María Rodríguez, responsable igualdad y juventud de CCCO de Asturias, señala que en Asturies “el 53% de las personas que viven en régimen de alquiler, soporta un esfuerzo excesivo para abonarlo. Es decir, la renta como inquilina o inquilino supone más del 30 % de sus ingresos”. A nivel confederal CCCO y UGT han exigido al PSOE una política valiente en materia de vivienda, y que se atreva a regular el precio de los alquileres.

Uno de los colectivos más perjudicados por esta combinación de bajos salarios y altos alquileres, son los jóvenes. Para Álvaro Villegas, de la Asamblea Moza d´Asturies, se necesita una “ofensiva habitacional” que facilite el acceso a la vivienda a precios asequibles, así como la posibilidad de que los jóvenes puedan emanciparse. En Asturies, según datos del Conseyu de la Mocedá, solo el 18,3% de los jóvenes de entre 16 y 29 años viven emancipados de sus padres, y todavía un 30% de los que tienen entre 30 y 34 años siguen viviendo en el hogar familiar. Para Villegas “el PSOE tiene que decidir de qué lado de la historia se coloca, si del lado del derecho a la vivienda y el futuro con dignidad para los jóvenes, o del lado del lobby inmobiliario”.

Informar sobre el Sáhara Occidental: Somos Conscientes

Foto: Borja Abargues y Víctor J Blanco/Ingeniería Sin Fronteras.

La historia del Sáhara Occidental está intrínsecamente relacionada con la del Estado español y las personas que lo habitan. Por un lado, la colonización de este territorio durante casi un siglo ha dejado a la antigua metrópolis un legado de responsabilidad por su situación irresuelta. Por otro, la posición de subalternidad a la que quedaba relegada la población saharaui por este hecho no evitó que se crearan vínculos sentimentales y emocionales, culturales, sociales, económicos, familiares… con personas españolas. La historia reciente del pueblo saharaui está ligada a la nuestra en esa doble dimensión.

Como periodistas, narradores y narradoras de lo que acontece en el mundo, somos conscientes del marco en el que se inscribe esa relación, y de que sigue condicionando lo que ocurre en el Sáhara Occidental, también ahora.

El Estado español tiene una responsabilidad con el pueblo saharaui. Los Acuerdos Tripartitos de Madrid en ningún momento transfirieron la soberanía ni a Marruecos ni a Mauritania. Como reconocen los organismos internacionales y la propia Justicia española, el Estado español sigue siendo la potencia administradora del proceso de descolonización del Sáhara Occidental, un territorio no autónomo según la definición de Naciones Unidas. En este sentido, la Audiencia Nacional declaró en 2014 en un auto de la Sala de lo Penal presidida por Fernando Grande-Marlaska Gómez que:

“España al ingresar en las NN.UU., y firmar la Carta de las Naciones, San Francisco, 26 junio 1945 -publicado en BOE el 16 de noviembre 1990- reconoció el hecho colonial del Sahara español, contrayendo una serie de obligaciones, y convirtiéndose en Potencia administradora. En esta dirección, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 2072, de 16 de diciembre de 1965, por la que se considera a España potencia administradora sobre el Sahara español. Como potencia administradora se obliga según el apartado a) del artículo 73: «a asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos, su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso…”

Manifestación de apoyo a la autodeterminación del Sahara en Oviedo. Foto: Iván G. Fernández.

Pero España ha dejado caer en la desmemoria su relación con las colonias que durante siglos ocupó de una forma extractiva, un pasado oscuro que sigue sin abordarse. La cuestión saharaui es el caso en el que las consecuencias de ese pasado irresuelto se muestran de un modo más paradigmático y más claro. Al no resolverla, el Estado español sigue instalado en una página negra de la historia de la humanidad, la colonización, que todavía no ha sido capaz de cerrar.

España abocó a los saharauis a la guerra en 1975, al vender el territorio del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania. La guerra duró hasta 1991, cuando se firmó el alto el fuego bajo la promesa de Naciones Unidas de celebrar un referéndum de autodeterminación para que el pueblo saharaui decidiera su futuro político. Una consulta que nunca se llegó a celebrar por el bloqueo de Marruecos.

Ahora, la guerra ha vuelto al Sáhara Occidental. Fue Marruecos quien violó el alto el fuego el pasado 13 de noviembre, cuando soldados marroquíes entraron a zona neutral para disolver una manifestación pacífica de civiles saharauis. El regreso a las armas del Frente Polisario, tras 29 años apostando por una solución pacífica y diplomática, es un fracaso de la humanidad, más concretamente de Naciones Unidas y de la gobernanza global basada en el multilateralismo; así como de España, que sigue siendo legalmente la potencia administradora del territorio.

El Sáhara Occidental es un territorio no autónomo según la definición de las Naciones Unidas, y su derecho de autodeterminación está refrendado por los tribunales internacionales. Por ello, el reciente anuncio en que el presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmaba la soberanía marroquí sobre el Sáhara está fuera de derecho y no puede ser considerado como aceptable por las propias Naciones Unidas —organización responsable de encontrar una solución aceptable por las partes basada en el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui—. Trump ha actuado contra el multilateralismo, contra una forma de gobernanza y de convivencia global que nos hace partícipes a todas las personas del mundo en el que vivimos.

Durante cuarenta y cinco años, el pueblo saharaui ha sido sometido a las duras condiciones del exilio y el refugio o de la ocupación. Las zonas ocupadas por Marruecos son “una cárcel a cielo abierto” para la población saharaui. Se han violado sistemáticamente sus derechos más elementales: reunión, expresión, identidad, culturales, sociales, económicos, a la integridad física, a la propia vida. Desapariciones, encarcelamientos arbitrarios, juicios sin garantías procesales…

Concentración en Xixón por la independencia del Sáhara. Foto: Luis Sevilla.

Desde la ruptura del alto el fuego, la situación en los territorios ocupados se ha hecho más peligrosa y dura para la población saharaui, en especial para activistas que defienden los Derechos Humanos y para periodistas. Informes de organizaciones como la Organización Mundial Contra la Tortura o Reporteros Sin Fronteras han dado a conocer los recientes asedios a las casas de periodistas saharauis de colectivos como Equipe Media o la Fundación Nushatta, así como intentos de secuestros de estos periodistas saharauis, residentes en las zonas ocupadas. También la Instancia Saharaui contra la Ocupación Marroquí, de la que forman parte activistas de reconocido prestigio internacional como Aminatou Haidar o El Ghalia Djimi, se ha hecho eco de esta situación. Las amenazas y coacciones a través de redes sociales contra estas personas que se dedican a la información y la comunicación son habituales.

Tampoco debe olvidarse, en este sentido, que siete periodistas saharauis se ven privados de su libertad, dispersos en prisiones marroquíes. Cuatro de ellos forman parte del conocido grupo de Gdeim Izik: Bachir Khada (Equipe Media, 20 años de cárcel), Hassan Dah (TV RASD y Equipe Media, 25 años de cárcel), Mohamed Lamine Haddi (RASD Radio, 25 años de cárcel) y Abdalahi Lechfauni (colaborador de Equipe Media, cadena perpetua). Los otros tres son Mohamed Bambari (6 años de cárcel), Oualid El Batal (2 años de cárcel) y Faraji Khatri Dadda (20 años de cárcel). Esta situación también contraviene la legislación internacional. El derecho a la información, libertad de expresión y comunicación están reconocidos en diversos tratados y compromisos, especialmente cuando se trata de una zona en conflicto, como el Sáhara. Así lo indican la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19; y la norma 34 del Derecho Internacional Humanitario.

Todo el sufrimiento generado al pueblo saharaui desde hace décadas es consecuencia de los deberes y obligaciones incumplidas por España. Por ello, el Estado español tiene la posibilidad y la responsabilidad de tomar y liderar la iniciativa que dé una solución acorde al Derecho Internacional. Una postura valiente, que devuelva a España a una política exterior activa que cumpla con la Carta Universal de los Derechos Humanos y con lo indicado por el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas. Una política responsable con su papel en el mundo y con su historia.

Más allá de la responsabilidad jurídica, el vínculo entre la sociedad española y la saharaui se revela en muchos ámbitos. Culturalmente, se trata de un pueblo hermano con el que compartimos lengua, arte e imaginario colectivo. Iniciativas como el FiSahara, Artifariti, ArTifariti y Un micro por el Sáhara han unido a la cultura española con la saharaui durante años. Esos lazos también tienen que ver con la memoria histórica y democrática: es necesario recordar que, igual que tenemos la responsabilidad de abrir las cunetas para resolver nuestro pasado en la Península, también hay cunetas en el desierto. También hay cuerpos con DNI español enterrados bajo aquella arena.

Los lazos solidarios duran hasta hoy. El programa Vacaciones en Paz ha hecho que decenas de miles de familias españolas hayan acogido a menores saharauis durante décadas. Familias que ahora ven cómo esos jóvenes se visten de soldados, van al frente, ante la carencia de perspectivas de futuro y de posibilidades

En cuanto a los vínculos económicos, el Sáhara es un territorio rico en recursos naturales. Estos están siendo explotados por Marruecos y por empresas multinacionales (muchas de ellas españolas), sin que la población saharaui se beneficie, en contra de lo que establece la legislación sobre territorios no autónomos. Es un expolio constante. La política exterior española no solo puede servir a grandes empresas: tiene que tener en cuenta los derechos humanos.

Es curioso observar que en el momento en que se cerraba el régimen franquista y se iniciaba la Transición democrática el Sáhara estaba en el centro del momento político; y que también ahora, cuando la historia política española vive un nuevo punto de inflexión, el Sáhara vuelve a estar presente. En aquel momento, la solución no fue tal y el problema y el sufrimiento de todo un pueblo se mantuvo durante décadas. Hoy, aunque tarde, puede ser el momento para empezar a buscar soluciones acordes a la legalidad internacional.

Si el problema es político, la solución es política. El Estado español ha de asumir la responsabilidad y ser un agente activo en la solución de este problema; y la sociedad civil y la opinión pública son elementos fundamentales para conseguir ese objetivo. Si no se actúa hoy, el conflicto del Sáhara Occidental seguirá siendo un bochorno, una hipoteca para la dignidad de España.

Somos conscientes de los lazos históricos y de los lazos presentes. Somos conscientes de la responsabilidad con la memoria y con el futuro. Y porque somos conscientes, lo hemos de reflejar a la hora de informar y narrar lo que acontece. No podemos permitir que un silencio informativo arroje más olvido sobre este pueblo.

Firmantes:

Rosa Montero, Javier Gallego, Virginia P. Alonso, Antonio Maestre, Andrea Momoitio, Pascual Serrano, Olga Rodríguez, Daniel Bernabé, Ana Pardo de Vera, Pedro Vallín, Edurne Portela, Miguel Mora, Yolanda Sobero, Gerardo Tecé, Pepa Blanes, Raimundo Castro, Alejandro Torrús, Ana Camacho Urtiaga, Pablo Elorduy, Miquel Ramos, Anita Botwin, Guillem Pujol, Fabiola Barranco, Sato Díaz, Carmen Domingo Soriano, Manu Tomillo, Teresa Villaverde Martínez, Aitor Albizua, Ebbabba Hameida, Pablo Morán Martínez, Leila Nachawati, Ignacio Pato, Ary Suárez, David Bollero, Isabel García Caballero, Miguel Muñoz, Laura Casielles, Xosé Manuel Pereiro, Mónica Santos Carrillo, Manuel Martorell, Beatriz Asuar Gallego, José Antonio Bautista García, Sarah Babiker, Rafa Panadero, Sara Montero, Jalil Mohamed, María F. Sánchez, Fernando Íñiguez, Esther Ferrero, Luis Díez Álvarez, Tato Puerto, Mª Ángeles Fernández González, José Ovejero, Violeta Muñoz, Santiago Escribano López, Clara Asín, Gorka Andraka, Kristina Berasain Tristan, Santi Donaire, Isabel Cadenas Cañón, Marcelo Ortega Picazo, Silvia Casado Arenas, Emilio Martínez, Naciu Varillas, Manolo Ballesteros, María José Fal Miyar, Pedro Menéndez González, David Artime Coto, Marisol Flórez Borges, Iván G. Fernández, Cristina Natal, Francisco Álvarez González, Xicu Ariza Fernández, Javier Cuevas Domínguez, Miguel Ángel Pérez Suárez, Germán Rodríguez Lourenço, Diego Díaz, Raúl Álvarez Rodríguez, Pablo Zariquiegui, José Pérez, Míguel Fernandi García, Fernando García de Dios, Alfonso Suárez Rodríguez, Luis Ordóñez, David Orihuela Sancho, Isidoro Vegue García.