El organismo respalda así la denuncia de los vecinos y las organizaciones ecologistas, y señala que la construcción en ese espacio infringiría la protección costera.
Se trata de la medida más proteccionista, la que reclamaban científicos y ecologistas, y a la que se oponía el Principado, que defiende una protección no estatal, sino autonómica.
