Reclaman a la dirección general de Memoria Democrática que cumpla Ley, mientras Vox trata de blindar el mausoleo con una declaración de Bien de Interés Cultural.
El cuarto municipio asturiano carece de un servicio público de autobuses, a pesar de que la ley establece esta obligación para las poblaciones de más de 50.000 habitantes.