Las reacciones a la propuesta del colectivo de expertos en patrimonio industrial “Salvemos La Vega” de declarar la fábrica Bien de Interés Cultural, han sido contundentes. El alcalde Alfredo Canteli ha acusado los especialistas y profesores de la Universidad de Oviedo/Uviéu de “torpedear el futuro de La Vega”, y Joel García, pressidente de CAC-Asprocon, en declaraciones a La Nueva España, ha afirmado que apostar por el BIC “frena la economía”. Para García una declaración de BIC aumentaría los costes del mantenimiento y limitaría “proyectos de futuro” para el recinto fabril, del siglo XIX. Por ahora el único proyecto para La Vega que ha trascendido a la opinión pública por parte del bipartito es el desvío de la autopista Y a través de una de sus naves y del conjunto de la fábrica. Un proyecto que necesitaría contar con el beneplácito del Ministerio de Defensa, propietario de la fábrica, así como de la Consejería de Cultura, que también tiene en su mano dar luz o vetarlo. El Principado y la consejera de cultura, Berta Piñán, guardan por ahora silencio al respecto de la polémica sobre el futuro de La Vega.
Desde “Salvemos La Vega” se emplaza a Alfredo Canteli e Ignacio Cuesta para que decidan “si quieren que sus nombres pasen a engrosar esa nómina oprobiosa de perpetradores de agresiones contra elementos valiosos de su ciudad”. Los expertos universitarios señalan que ambos políticos “todavía pueden decidir cómo quieren pasar a la historia, grande o pequeña, de la ciudad que les ha concedido en privilegio de regir sus destinos”. El colectivo recuerda que la administración tiene la obligación legal de impedir su deterioro y de buscar las fórmulas que permitan dar a La Vega “vida con nuevos usos y actividades e integrarlo en la ciudad para disfrute de todos”. En su comunicado a la opinión pública concluyen señalando que apoyarán cualquier solución que proteja y preserve La Vega: “aplaudiremos al alcalde o a quien sea que muestre su voluntad de proteger el patrimonio”.
