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La demanda social: el privilegio que Wert creó para la concertada y la Ley Celaá quiere suprimir

El economista de Educación Manuel Muñiz nos explica el cambio legal que la derecha presenta como un ataque a la libre elección de centro

Cartel propagandístico del Colegio Madre Alberta contra la nueva ley.

“Hace siete años les dijeron que podían elegir un centro privado para sus hijos y que el Estado se lo pagaba. En ningún sitio existía ese derecho. Es un privilegio que la Ley anterior asentó como derecho ficticio. Ahora vete y diles que no, que ese derecho no existía, que en realidad era un privilegio. Es normal que se vengan arriba”.

Los diputados de la derecha gritaban “Libertad, libertad”, cuando el parlamento aprobó la Lomloe, la nueva ley de Educación, conocida como Ley Celaá. Pero Manuel Muñiz, economista de la Universidad de Oviedo especializado en Educación, y autor del estudio ‘Colegios concertados y selección de escuela en España: un círculo vicioso’, junto con Roberto Fernández Llera, se muestra mucho más prosaico.

Lo que ha puesto en guardia a los partidos conservadores y a los llamados centros concertados (que como el propio Muñiz matiza son centros privados financiados con dinero público, es decir, lo concertado no es el centro, sino las plazas subvencionadas que ofrece) es la supresión del concepto de “demanda social“.

Manuel Muñiz economista especializado en Educación.

Se trata de un término introducido en 2013 por el Gobierno del PP, cuyo ministro de Educación era José Ignacio Wert, en el artículo 109 de la Ley de Educación. Viene a decir que la Administración debe programar la oferta educativa tomando en consideración la existente de centros públicos y privados concertados, y “la demanda social”.

En palabras del economista asturiano, esto significa que “si en un barrio hay una escuela pública medio vacía, y en la acera de enfrente hay una concertada llena, y los padres quieren seguir llevando a sus hijos a la concertada, lo que tiene que hacer el sector público es abrir más aulas en la concertada, aunque la pública siga vacía“. “Esto”, en su opinión, “es pernicioso, y no es equitativo ni ineficiente”.

Se trató, según Martínez, “de un blindaje” que la anterior norma creó “para la concertada”, pues el concepto de demanda social “no existía” antes de la llamada Ley Wert. De hecho, recuerda que en la Comunidad de Madrid, “se aprovecharon  de esta norma para llevarla al extremo en algunas zonas de nueva residencia, en las que solo se abrieron escuelas concertadas, y ni un solo centro público”.

“La Constitución no recoge el derecho a que el sector público te pague un colegio privado”

Descarta por tanto que se ataque a la libertad de elección de centro, como se ha vendido desde los sectores convervadores, pues “la Constitución recoge que tenemos derecho a la educación y que el Estado tiene que proveerla”. “Pero en ningún sitio pone que el sector público tiene que ofrecerte además la posibilidad de pagarte un colegio privado si lo quieres. De ahí se han sacado de la manga el concepto de libertad de elección“. “Eres libre de elegir si quieres ir a una empresa privada, pero no tengo por qué pagártelo yo”, sentencia.

Destaca también de la nueva ley que se pretende eliminar “la segregación social que existe entre pública y concertada, sobre el número de alumnos por ejemplo inmigrantes, de etnia gitana, o con necesidades de apoyo educativo”. En el estudio que publicó en 2012 ya señalaba que los criterios para elegir un centro privado tenían más que ver con la composición social de su alumnado que con la supuesta calidad educativa.

El concepto de demanda social no existía antes de la Ley Wert

Al crecer la demanda de centros privados concertados, gracias a la anterior norma, Muñiz explica que estos establecimientos pueden “seleccionar a su alumnado, descartando por ejemplo estudiantes de raza gitana, inmigrantes, o aquellos que prevean que pueden dar peores resultados educativos“. “Esto es así, es estructural, y es como funciona la concertada desde que existe”, señala.

Recuerda Muñiz que en el ámbito de la educación se ha pervertido el concepto del “concierto“. Un concierto se pone en marcha cuando la red pública no es suficiente para ofrecer un determinado servicio y hay que concertarlo con empresas privadas. Esto era así, señala, en el sistema educativo en los años 80, cuando la oferta pública no era suficiente. “Ahora ya no hay tanta necesidad, y lo normal sería que los conciertos se fueran reduciendo, o como mucho que se mantuvieran, pero en los últimos años han ido creciendo“, lamenta.

LA NUEVA LEY, UN AVANCE, PERO INSUFICIENTE

La nueva norma incorpora avances importantes, pero a juicio de Muñiz todavía presenta carencias. Además de la falta de consenso, ha criticado la poca concreción de muchos aspectos, especialmente la falta de concreción económica.

Es el caso del apoyo señalado a la educación infantil, que no va acompañado de compromisos económicos concretos, ni fija acciones a llevar a cabo, si va a ser gratis para una parte de la población o qué tipo de ayudas se van a poner en marcha.

Estos y otros aspectos, a su juicio, han quedado ocultados por las polémicas sobre aspectos más llamativos, como el papel de la asignatura de Religión o el contencioso entre la pública y la concertada. En este sentido, da un tirón de orejas a los medios de comunicación: “sucede, siempre. No es premeditado. Es buscar lo que da titulares informativos, los puntos calientes. Si dices que el apoyo a la Educación Infantil tendría que ser más decidido, eso a la gente no le preocupa tanto, aunque sea muy importante”.

En su opinión, el Gobierno no ha hecho “pedagogía”, especialmente a la hora de combatir los bulos que se han difundido en redes sociales. El ejecutivo “ha estado muy tímido a la hora de contestar” a mentiras como la de la eliminación de la Educación Especial.

David Artime
Escrito por

Periodista y escritor. En 2009, ganó el premio de narrativa en lengua asturiana de la editorial Trabe con la novela "La Bufanda", en la que aborda el mundo de los ultras de fútbol.

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