El grupo parlamentario de Izquierda Unida en la Junta General ha presentado una proposición no de ley para evitar el derribo previsto de la Fábrica de Gas de Oviedo, por parte de su propiedad, la empresa energética EdP. Para ello propone la adquisición de la instalación por parte de un consorcio público creado entre el Ayuntamiento de Oviedo y el Gobierno autonómico, además de su declaración como Bien de Interés Cultural.
En la proposición, Izquierda Unida recuerda que los planes conocidos de la propiedad de la antigua fábrica ponen en peligro la conservación del conjunto arquitectónico, pues plantea el derribo de la planta para construir una “manzana de viviendas”, a fin de que la propiedad pueda conseguir “beneficios extraordinarios a costa de destruir partes esenciales de nuestro patrimonio”.
En este contexto, IU reprocha al Gobierno autonómico que no haya sido capaz de materializar la declaración de Bien de Interés Cultural del conjunto. Recuerda la coalición de izquierdas que el expediente para realizar este trámite fue incoado en 2001, y que debido al retraso los plazos legalmente establecidos ya han caducado.
A juicio de IU, las dos administraciones, la autonómica y la local de Oviedo, deben asumir, mediante un consorcio conjunto, la adquisición del inmueble, así como la determinación del uso público que se le deba dar, “compatible con su protección integral”.
La coalición propone crear un consorcio público para adquirir el complejo
IU recuerda que la Fábrica de Gas constituye un “magnífico conjunto industrial urbano de origen decimonónico (aunque una parte significativa de sus edificios e instalaciones data de las décadas de 1920 y 1930), construido por los arquitectos Joaquín Vaquero Palacios y Miguel García Lomas, junto con el ingeniero Ildefonso Sánchez del Río”. Para IU, estas instalaciones, junto con la Fábrica de Armas, constituyen un símbolo de la revolución industrial en la capital asturiana. Es además, “la única fábrica de gas de estas características aún en pie en España”.
La propuesta de IU llega pocos días después de que el sindicato Comisiones Obreras propusiera que la propiedad EdP cediese la instalación al Ayuntamiento a un precio simbólico.
