A 85 años del Frente Popular: nuevos retos, la misma lucha

Necesitamos un Green New Deal asturiano que asegure una transición ecológica justa, reducir la jornada laboral y un nuevo Estado del Bienestar.

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Daniel Ripa
Daniel Ripa
Es psicólogo social, diputado y secretario general de Podemos Asturies.

A 85 años del triunfo del Frente Popular  nos encontramos en un momento histórico en el que se repiten algunos de los rasgos que caracterizaron a la España de 1936. En el Gobierno central, por primera vez desde entonces, nos encontramos con una coalición de izquierdas que incluye a amplios sectores del pensamiento progresista. En la Generalitat todo apunta a la conformación de un Gobierno encabezado por Esquerra Republicana, cuyo último presidente, Lluís Companys, fue fusilado en 1940. El paralelismo se completa con el ascenso de una ultraderecha firmemente conectada con las élites mediáticas, judiciales y empresariales del país. Volver a 1936 es pensar en un país democrático, un Estado social avanzado que proyectó la modernización del país, trágicamente truncada. ¿Qué sucedió en los años 30 para que el fascismo creciera hasta ser capaz de arrollar a las democracias y desbordar al movimiento obrero? Philip Roth en “La conjura contra América” intenta explicarlo: No te das cuenta. Se normaliza su discurso, poco a poco, con un racismo sutil y una línea autoritaria que aumenta sin darse cuenta. Imperceptible para muchos, presente en los medios de comunicación, no se nota hasta que es demasiado tarde. 

El fascismo también se alimenta del miedo, porque invalida cualquier debate y reflexión mediante la violencia, física y simbólica. Frente a la parálisis inducida por el fascismo, hemos de profundizar en los logros de los movimientos transformadores que, en los últimos 5 años, han impulsado cambios profundos en la sociedad española. Celebrar lo logrado: un sistema de rentas mínimas (Ingreso Mínimo Vital), avanzar hacia la gratuidad de la educación (reducción a la mitad del 0 a 3 y del 25% en tasas universitarias), recuperar derechos (reducción de jornada en la función pública), o aumentar el personal sanitario y en dependencia y los permisos parentales. Hemos evitado despidos con ERTEs, realizado la mayor subida del SMI de la historia y puesto sobre la mesa la importancia de un ciclo feminista que sitúe a los cuidados en el centro. 

Miles de personas trabajan para transformar el país sin perder de vista las lecciones del pasado, recogiendo el legado de todos y todas aquellas personas que lucharon por un país mejor. Formamos parte de una causa con profundas raíces históricas, pero, sin dejarse llevar por la melancolía, nuestra tarea, parafraseando a Durruti, es implementar el mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones. Cuando la democracia está amenazada, nuestra obligación es avanzar, no retroceder. 

En primer lugar, necesitamos adaptar nuestras estrategias al nuevo rostro del capitalismo internacional, que tiende a concentrar el poder político y económico en menos manos, cada vez más alejadas de la ciudadanía. Este proceso repercute en la entrada de fondos de inversión internacionales en todo tipo de sectores económicos y sociales, desde residencias de ancianos a hospitales, fondos de pensiones y sectores industriales, que se convierten en carne de cañón para la especulación financiera, destruye sectores productivos enteros, limita la soberanía de los estados y fomenta la desregulación de las relaciones laborales. Consecuentemente, se incrementa la desigualdad al empujar a más sectores por la senda de la precariedad, empobreciendo a la población en su conjunto. Bienvenidos a la sociedad de las periferias: más sectores precarizados, que viven en la incertidumbre (jóvenes, autónomos, pensionistas, trabajadores precarios, agricultores y ganaderos), y más territorios marginados entre los países de la OCDE. Las periferias geográficas sufren así un empobrecimiento que consolida flujos de emigración de personas y empresas hacia los centros económicos de cada país. En resumen, Madrid, Barcelona y Bilbao se hacen más grandes, a costa de Oviedo, León o Santander. 

Madrid, Barcelona y Bilbao se hacen más grandes, a costa de Oviedo, León o Santander. 

En este sentido, es necesario responder a la mutación de la economía en el capitalismo digital. 5 gigantes tecnológicos (Amazon, Apple, Google, Microsoft y Facebook) se reparten el mercado mundial; comparten al menos, tres características que definen su actual hegemonía. Primero: se trata de modelos que se basan en la apropiación de los datos personales para obtener ventajas competitivas. Tus datos y los míos ayudan a Google o Amazon a vender más. En segundo lugar, compiten desde una posición privilegiada al no pagar impuestos (Amazon sólo paga el 8% de sus beneficios en impuestos, Netflix pagó en 2018 menos de 3.146 euros en impuestos). Por último, se debe destacar su tendencia al monopolio y a depredar las economías nacionales. Amazon destruye 2,7 empleos (de comercio local) por cada empleo generado. Si los Estados e instituciones internacionales persisten en entregar parcelas de su soberanía a las multinacionales del capitalismo digital, sin exigir que paguen los impuestos que les corresponden, y consintiendo en sus prácticas monopolísticas y en la apropiación masiva de datos, nos encontraremos con que las desigualdades en la sociedad no dejarán de crecer. Por otra parte, aunque de forma concurrente, es evidente que estas empresas extienden y naturalizan el modelo Úber, consistente en desregularizar las relaciones laborales, de tal suerte que los trabajadores se convierten en autoempleados, indefensos ante los abusos y sin apenas derechos laborales. La tensión estructural, que nos mantiene permanentemente conectados al empleo y aislados de forma individualista del resto, desemboca en una espiral de estrés laboral y malestar cotidiano, aderezado con psicofármacos y técnicas de coaching. ¿Queremos esta vida?

El segundo gran reto de la izquierda española es quebrar definitivamente el régimen del 78. Si el 15M intentó señalar los límites democráticos de este país, una década más tarde estos límites son aún más claros. La corrupción de la monarquía y las élites políticas y económicas se ha revelado más profunda de lo que se intuía hace diez años. ¿Alguien duda que la democracia es fallida cuando se exculpa a políticos corruptos y empresarios del IBEX35, Juan Cuarlos I vive a cuerpo de rey en Emiratos Árabes con el dinero presuntamente saqueado en comisiones ilegales, mientras se encarcela a raperos, el líder del partido vencedor en las elecciones catalanas duerme en prisión y se espía y se fabrican pruebas falsas contra el vicepresidente del gobierno de España? En paralelo, gran parte de los medios de comunicación se han convertido en una herramienta militante más al servicio de las élites, sin apenas matices. 

Podemos afirmar, en resumidas cuentas, que el franquismo no se fue, sino que mutó. Las estructuras de mando de la dictadura se trasvasaron a la democracia sin apenas interferencias, cristalizando en un conglomerado de burocracias políticas, económicas, judiciales y mediáticas que constituyen la principal red de poder del sistema liberal parlamentario. En esta transición, que no implicó ruptura ni transformación y que careció de memoria democrática, el rey jugó un papel clave, al garantizar, simbólica y efectivamente, que ese sistema de influencia política mantuviera el control de los poderes económicos. La resistencia de las redes de poder del franquismo también explica un país altamente centralizado, en el que las elites dirigen un Estado que diseña todo tipo de mecanismos para aislar a las izquierdas y concentrar el poder en Madrid, lejos de cualquier visión integradora de las diferentes periferias. Difícilmente se podrá considerar que España sea una democracia normalizada sin regenerar un régimen que hereda, en no pocos sentidos, la centralización autoritaria del franquismo, tanto a nivel geográfico como político.

El tercer gran desafío que se abre ante nosotros nos interpela como generación: nos corresponde salvar al planeta. Si en el 36 aún se podía imaginar una utopía que asociaba progreso y crecimiento constante, en pleno siglo XXI no nos puede quedar duda de que no habrá otros 85 años de tregua: el modelo de explotación capitalista que depreda la Naturaleza y los recursos comunes acelera las contradicciones del sistema y nos aboca a un futuro gris si no actuamos a tiempo. Cuidar nuestro planeta requiere que actuemos ante la emergencia climática, pero también que establezcamos el buen vivir como horizonte: menos horas de trabajo, más tiempo para los cuidados y el ocio, asegurar la calidad de vida en unos entornos urbanos (y rurales) aceptables. Lo cotidiano, las redes próximas, los cuidados y el apoyo mutuo, son claves en la utopía que buscamos.

Todos estos retos deben llevarnos a repensar nuestros planteamientos y a trabajar para ampliar la base social de los movimientos transformadores. En ese sentido, necesitamos, al menos, tres alianzas: En primer lugar, una alianza por la soberanía nacional y productiva que nos permita recuperar el control de la economía desde la industria al sector primario y que expulse a los fondos de inversión especulativos de nuestro estado del bienestar, implementando un plan contra las deslocalizaciones y de inversiones para incrementar la participación pública en el sector productivo y sociosanitario y una defensa de derechos laborales y protección para nuestros autónomos y PYMEs nacionales. Esta alianza debe poner coto a los desmanes de las grandes multinacionales en la economía digital mediante una nueva legislación laboral y fiscal que incluya límites al modelo de extracción de datos de los gigantes tecnológicos. Y debe erradicar la desigualdad en el empleo, que favorece una inaceptable brecha salarial entre hombres y mujeres y peores condiciones en los sectores feminizados y en amplios grupos de población que sufren una alta precariedad e incertidumbre laboral, derogando la reforma laboral o subiendo el SMI.

En segundo lugar, necesitamos una alianza territorial, por la descentralización del Estado y la ruptura con el régimen del 78. El estado actual no es reformable sin una alianza entre las izquierdas plurales de este país, un frente amplio que venza en las elecciones, impulse consultas ciudadanas y permita lograr las mayorías necesarias para alcanzar una República y, con ello, cambios estructurales en el modelo de Estado. Pero, ¿cómo revertir este proceso de centralización? Asumiendo aquí también nuestra responsabilidad. Asturies debe transitar de una vez por la senda del autogobierno para profundizar su capacidad de intervención política, con un nuevo Estatuto de autonomía que blinde los derechos sociales para toda una generación, desarrolle al máximo nuestro autogobierno y asegure de una vez la cooficialidad de la llingua asturiana y del gallego-asturiano. Una reforma del Estado, en definitiva, que requiere la voz de las periferias territoriales para avanzar, de manera global, hacia un cambio de modelo. Se impone, así, una alianza ante la emergencia climática. Necesitamos un Green New Deal asturiano que asegure una transición ecológica justa y un nuevo estado del bienestar bajo dos premisas: reducción del tiempo de trabajo y ampliación de derechos (alcanzar la educación gratuita en todas las etapas, derecho subjetivo a la vivienda, garantía del derecho a la atención sanitaria integral y al reconocimiento a la dependencia de manera inmediata, reconocimiento del trabajo de cuidados). 

Como hace 85 años, la fuerza del campo popular es su unión en torno a la transformación de su país. Tenemos la obligación de aprobar medidas lo más avanzadas sea posible, y poner sobre la mesa debates que no solo abran grietas en el régimen, sino que faciliten alianzas entre las personas y colectivos de vocación progresista o revolucionaria. Así es como se combate al fascismo: con propuestas que permitan articular mayorías. Dando un paso adelante, sin ceder ni un centímetro de lo ganado. Sin miedo al futuro. Con memoria, y con orgullo por nuestro pasado. 

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