A mediados del pasado noviembre Marruecos y el Frente Polisario dieron por roto un alto al fuego que duraba ya veinte años. Las declaraciones mutuas de guerra han vuelto a remover en nuestro país la irresuelta cuestión saharaui y los debates sobre la responsabilidad de España en la misma. Pocos días después de esas escaramuzas se estrenó el documental “Ocupación S.A”, producido por la ONG vasca Mundubat y la productora brasileña Forward Films. La película, que se presenta como “el relato de una traición histórica que pone nombre y apellidos españoles a un expolio silenciado”, incluye entre esos apellidos el de los asturianos Masaveu como beneficiarios del “saqueo de la última colonia africana: el Sáhara Occidental”.
“Ocupación S.A” indaga en los intereses económicos de empresas españolas en el Sáhara y los beneficios que eso le reporta a Marruecos como potencia ocupante del territorio. Pese a que el Tribunal Superior de Justicia Europeo estableció en 2018 que los acuerdos comerciales de países de la Unión Europea con Marruecos no pueden incluir el Sáhara, empresas españolas de distintos sectores siguen haciendo negocios en la zona. Caladeros de pesca, reservas de petróleo, material militar, fosfatos o arena, que es donde centra su actividad la familia de empresarios asturianos, cuyo patrimonio supera los 2.000 millones de euros.
Arena del Sáhara para cemento
CEISA (Cementos Especiales de la Isla) es una empresa participada al 50% por el brasileño Grupo Votorantim y la Corporación Masaveu a través de Cementos Tudela Veguín. La arena del Sáhara llega en barco a Canarias para ser utilizada como material de construcción o para regenerar las playas más turísticas de la isla. Aunque CEISA ha asegurado que “no importa arena del Sáhara”, un informe de la organización Western Sahara Resource Watch sostiene lo contrario.
Tras el seguimiento efectuado de varios desembarcos de arena en Canarias, el informe concluye que procede de “los territorios ocupados de Sahara Occidental”. La arena sería almacenada en los silos de Granintra S.A, integrada en CEISA, para ser enviada luego a la fábrica de esta última cerca de Arguineguín, al sur de la isla de Gran Canaria. Allí la arena se procesa y se convierte luego en cemento, hormigón y mortero.
En 2017, el colectivo Sáhara Acción convocó una protesta frente a la sede de la empresa para denunciar “el expolio de la arena saharaui”. La asociación argumentaba que Marruecos no tiene “legitimidad alguna” para vender arena del Sáhara y le remitieron un escrito a CEISA recordándole que “la ONU dijo en su día que no se puede negociar con los recursos naturales sin que los beneficios reviertan en el pueblo saharaui”.
“Pendiente de recepción”
El senador de Compromís Carles Mulet llevó el tema a la Cámara Alta en octubre de 2018 para preguntarle al Gobierno “qué medidas piensa adoptar al respecto dentro de sus competencias”:
“El Colectivo Saharaui ha denunciado ante la unidad del SEPRONA de la Guardia Civil la importación de arena del Sahara por parte de la empresa cementera CEISA a las islas Canarias. Para importarla, según las últimas sentencias europeas, necesitarían el consentimiento de las autoridades saharauis. Además, asegura que la arena importada no es sometida a ningún tratamiento, como obliga la ley, lo que podría suponer un riesgo medioambiental”.
La respuesta del Ejecutivo, dos meses después, se limitaba a señalar que “el SEPRONA de Las Palmas ha requerido el certificado fitosanitario citado, estando pendiente su recepción”. No ha vuelto a saberse más del asunto.
