La Policía Nacional prosigue con los registros en las plantas de Alcoa, vendidas al Grupo Riesgo, en Avilés y A Coruña, además de en las oficinas de la multinacional norteamericana en Madrid, y otras dependencias en Málaga y Castellón. Las pesquisas se han saldado hasta ahora con tres detenidos en la factoría gallega, según han informado fuentes de Comisiones Obreras a Nortes.
La Policía busca pruebas de la presunta “despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio de Alcoa en Avilés y A Coruña“, según explica la nota de de prensa. La Confederación de Cuadros de la empresa de aluminio ya presentó una querella en su momento a la que se sumaron el resto de federaciones sindicales. Esta actuación policial se circunscribe en el proceso iniciado a raíz de esta denuncia.

En Avilés los agentes están desplegados por todas las instalaciones de la fábrica. Su trabajo se centra especialmente en las oficinas, en el rastreo de los equipos informáticos.
El responsable de la Federación de Industria de Comisiones Obreras (sindicato que tiene la presidencia del Comité de Empresa de Alu Ibérica), Damián Manzano, ha señalado que su organización tiene la certeza de que “hubo un incumplimiento de los acuerdos suscritos” en lo referente a la venta de las instalaciones, primero a Parter, y después al Grupo Riesgo, al que ahora pertenece Alu Ibérica.
La organización cree que tras la entrada de los efectivos policiales en la planta de Avilés solo falta que entre el Ministerio de Industria para “rescatar la actividad, permitiendo que se respeten los acuerdos y que se garantice el empelo y la viabilidad” de la planta.

Manzano ha señalado que son “desgraciadamente habituales estos comportamientos (la venta fraudulenta de las instalaciones para desprenderse de ellas) en el marco de las empresas vinculadas a multinacionales o bien a fondos de inversión”. “Llevamos desde el minuto uno diciendo que no era un inversor real, que era una pantalla, y el tiempo nos ha dado la razón”, ha añadido.
La operación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y está coordinada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.