Desde “agarrarse a la coleta”, al “que se jodan”, pasando por “vaya al médico”

Sobre la necesidad de exigir unos mínimos de educación y capacidad a la hora de ejercer un cargo de representante en las Cortes.

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Antonio Díaz González
Antonio Díaz González
Forma parte del movimiento ciudadano "Imagina un Bulevar" y de la red Oviedo Sostenible.

Qué daño hace el paso del tiempo, cuando pasa, y arrasa, con cuestiones que apenas hace unos días fueron rabiosa actualidad. Parece que ya nos olvidamos de la consigna que decía “No nos representan”, usada para manifestar la lejanía de los políticos de la gente, más ocupados en sus propios asuntos que en los del pueblo al que debían representar. Hoy en día suena a asunto olvidado, y sin embargo, es necesario, imprescindible diría yo, recordarles que están en esos puestos para servir a quienes les han elegido.

En días recientes se ha dado un caso especialmente doloroso, y ha sido la intervención del diputado por Cantabria Diego Movellán, insultando a todas las mujeres del país. Y digo a todas porque, aunque sus palabras literales se referían al partido al que pertenece la ministra Yolanda Díaz, a la que interpelaba, el insulto llegó como una bofetada a muchas personas, entre las que me incluyo. Y por si la falta fuera poco grave, cuando se le solicitaron disculpas soltó una frase que nadie puede considerar como tal, haciendo el insulto mayor al convertirlo en una verdad general que “todos los españoles sabemos”.

La falta de consideración hacia la ministra, hacia todas las mujeres de su partido, y hacia todos los que consideramos que las mujeres no tienen el sitio que merecen, esa actitud machista de un representante elegido por los ciudadanos, debería haber dado lugar a la exigencia de una rectificación en regla. Y después de darle la oportunidad de retirarla, que él aprovechó para reiterar el insulto en la misma frase en la que dice retirarlo, nadie tomó ninguna medida para exigirle una rectificación clara y manifiesta de sus palabras. Personalmente me sentí decepcionado por la actitud de la ministra, por no insistir en la exigencia de la retirada de tal afirmación, y aceptar como disculpa lo que no era tal, aunque cabe decir que su actitud conciliadora dejó en evidencia la distancia entre una mujer que sabe actuar en representación de quienes la eligieron, y un impresentable que nadie se explica que pueda ocupar tal puesto.

Y esto ocurre pocos días después de que otro diputado, Carmelo Romero, haya faltado al respeto de todas las personas que han tenido algún problema de salud mental en otra intervención indigna, que debería ser objeto de un requerimiento de disculpas públicas.

Todo esto no hace más que engrosar la larga lista de insultos que se han vertido desde los bancos de los diputados hacia aquellos a los que deberían representar, entre los que siempre destacará el “que se jodan” con el que Andrea Fabra batió todos los records de infamia. Ella, que puede ostentar el honor de ser el último miembro de una saga de presidentes de la Diputación, de la que ella forma la quinta generación, y que se extiende desde mediados del siglo XIX hasta su padre, actualmente imputado y condenado por diversos delitos, incluyendo su paso por la cárcel. Con esos antecedentes ya puede mandar a joderse a los parados para ganarse el puesto en su partido.

Retomo el discurso inicial para tratar de saber a quién representa el diputado por Cantabria, Diego Movellán, y creo que él sí que representa a todos aquellos que no se han agarrado a una coleta, sino que han encontrado otros modos de prosperar en la vida a base de tragarse sapos y ruedas de molino, por no utilizar la expresión más habitual y soez, ésa que deja tan sucia la lengua con la que luego manchan todo lo que nombran.

También ahora parece que el tiempo de hablar de estas acciones ya pasó, y sin embargo, deberíamos detenernos y analizar con calma estas actitudes y decidir si queremos que se mantenga este estilo de hacer en la política, o en caso contrario, tomar las decisiones para evitar que se repitan. Sería muy optimista esperar que los líderes de las formaciones políticas asumieran como inaceptables estas actitudes, requiriendo el abandono del puesto por los protagonistas. Pero en estos tiempos en los que cualquier motivo sirve para proponer la reprobación de ministros y responsables políticos, debería establecerse un sistema por el que se retirara del cargo a los que manifiesten su incapacidad para representar al pueblo que los elige.

Los millones de parados que luchan por incorporarse al mercado laboral para poder tener una vida digna; otros tantos millones de trabajadores pobres que no tienen más remedio que aceptar las condiciones que se les ofrecen en un mercado laboral que más parece de esclavos a tiempo parcial; y todos aquellos que vemos pasar por delante a los que prosperan sin otro mérito que el de seguir el mandato del líder o haber tenido un abuelo cacique; todos estos votantes y representados exigimos que Andrea Fabra pase una temporada sellando la cartilla del paro, en lugar de  sentarse en el amplio despacho que la Telefónica le tiene asignado.

Los cientos de enfermos mentales graves que no encuentran solución en la sanidad pública, menos aún en la privada; los miles de personas que sufren dolencias menos graves pero que les llevan a situaciones de angustia para llevar una vida normal con un estado de ánimo inestable; y los millones de ciudadanos que sufren dolencias psíquicas por su insegura situación laboral, debemos exigir que Carmelo Romero se baje de su pedestal público y conozca de cerca las razones que llevan a estos sufrimientos.

Y todas las mujeres que se hayan sentido ofendidas por las palabras del diputado por Cantabria Diego Movellán, y los que hemos sentido el insulto de sus palabras, debemos exigir que esta persona explique a qué pelos se agarró él y qué usos dio a su lengua para alcanzar el puesto que ocupa, porque no parece que sea su intelecto el que le llevó al puesto de diputado, y tampoco muestra capacidad para representar a las personas que le eligieron.

Así que aprovecho estas líneas para pedir al conjunto de diputados y a los líderes de los partidos que establezcan las medidas y sistemas de depuración de aquellos compañeros que demuestren su incapacidad para el cargo con declaraciones como las citadas. No parece que sea mucho pedir que les exijamos unos mínimos en su capacidad para representar al pueblo en una institución como las cortes parlamentarias, y en las que, aunque no hagan lo necesario para mejorar la vida y la situación de sus electores, al menos no les insulten.

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