Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y REDER1 han remitido al consejero de Salud del Principado de Asturias una carta solicitando que, en la próxima reunión del Consejo Interterritorial, se tomen medidas para que las poblaciones vulnerables tengan garantizado su acceso a las vacunas.
En esta categoría se incluyen a “personas inmigrantes en situación administrativa irregular, las personas reagrupadas legalmente por sus familiares en España, que no cuentan con tarjeta sanitaria, personas sin hogar o en situación de prostitución”.
Asimismo, todas estas organizaciones han solicitado que el Consejo Interterritorial de Salud adopte un protocolo que asegure el acceso a la vacunación sin ningún tipo de discriminación y que se traslade al Ministerio de Sanidad la urgencia en la adopción del anteproyecto de ley que asegure la universalidad en el acceso al Sistema Nacional de Salud.
Las entidades firmantes destacan iniciativas como el Plan de Contingencia específico para colectivos vulnerables de Islas Baleares; la instrucción interna en Asturias que comunica a todos los centros de salud la necesidad de asegurar vacunación de personas sin tarjeta sanitaria; y el anuncio de la Comunidad Valenciana de que todas las personas que no tengan tarjeta sanitaria pueden acercarse a los centros de salud con la finalidad de darles de alta en el sistema y entrar así en la campaña de vacunación.
Sin embargo, en muchas Comunidades Autónomas, las autoridades sanitarias no han adoptado ninguna medida orientada a garantizar la vacunación sin discriminación. Es por este motivo, que las organizaciones se han dirigido al Consejero de Salud para que impulse la adopción de un protocolo de vacunación, en el marco del CISNS, que asegure que no existen barreras en el acceso a la vacuna para ninguna persona en ningún territorio, con el fin de alcanzar la inmunidad en el menor tiempo posible.
Las organizaciones desean subrayar que toda exclusión o restricción en el acceso a la vacunación que afecte a personas migrantes y otros colectivos en exclusión no solamente constituiría una violación del derecho a la salud y al derecho al disfrute de los beneficios de los avances científicos y sus aplicaciones, sino que también representaría una medida contraria a los objetivos de salud pública del Estado.
