Abogados y abogadas asturianas por la derogación de la reforma laboral

Un manifiesto firmado por 104 laboralistas de toda España propone 15 medidas para la recuperación de los derechos laborales y sociales perdidos.

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Christian Ferreiro
Christian Ferreiro
Graduado en Filosofía por la Universidá d'Uviéu. Esperando ser docente de secundaria en un futuro no muy lejano.

Los nuevos tiempos políticos y económicos parecen acelerar la derogación de la reforma laboral de 2012, del Partido Popular. A este clima que aboga por acabar con la legislación impulsada por Mariano Rajoy se ha sumado un manifiesto firmado por un total de 104 abogados y abogadas laboralistas que además de pedir al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos esta derogación, proponen una serie de medidas en materia de defensa de derechos laborales. La presencia asturiana es notoria: hasta 20 juristas de Asturies se han sumado a este manifiesto. Entre ellos Nuria Fernández Martínez, Alejandra Gutiérrez García u Olga Teresa Blanco Rozada, del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo; y letrados como Rafael Velasco Rodríguez o María Xulia Fernández Suárez, del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón.

En pocos meses, se cumplirá una década con la reforma laboral decretada por el Partido Popular, impulsada desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con Fátima Báñez al frente. El Gobierno de Mariano Rajoy abría la veda de “una nueva cultura del empleo en España”. Sin embargo, esta nueva forma de entender el trabajo asalariado ha conllevado toda una retahíla de pérdida de derechos laborales inimaginables unas décadas antes: empobrecimiento, precarización, flexibilidad de despido, debilitamiento de las organizaciones sindicales…

El actual Gobierno de coalición, del PSOE y Unidas Podemos, se articuló en torno a la firma de un acuerdo de coalición en el que se explicita, concretamente en su punto 1.3, que “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”.

Los nuevos fondos Next Generation, con los que la Unión Europea pretende impulsar el llamado “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, parecen marcar los nuevos tiempos económicos tras la crisis surgida de la pandemia de la Covid-19. Entre las medidas que traen consigo estos nuevos fondos europeos, destaca la aprobación de una nueva reforma laboral; y el Ministerio de Trabajo y Economía Social sirigido por Yolanda Díaz, ha venido impulsando las negociaciones para la aprobación de una nueva reforma laboral antes de que finalice 2021.

En este marco de negociaciones, una serie de abogados y abogadas laboralistas de Asturies han querido hacer públicas una serie de propuestas, basadas en sus experiencias jurídicas, con el fin de que puedan ser consideradas por quienes negociarán la nueva reforma laboral. Una negociación que, en opinión de los y las juristas, “no significa necesariamente que derogue la reforma laboral aprobada en 2012”, sino que la cuestión pasaría por derogar su “contenido esencial”. La precariedad laboral, el fraude, el miedo y la inseguridad son las consecuencias palpables de este modelo económico que ya no da más de sí; por esto, los y las abogadas laboralistas han presentado un documento con las primeras 15 medidas destinadas a impulsar “un cambio de tendencia que permita recuperar los derechos laborales y sociales, por los que lucharon con gran sacrificio anteriores generaciones, y conquistar nuevos derechos en la perspectiva de construir una sociedad más justa y libre de toda forma de explotación”.

El manifiesto pide la prohibición de las empresas de trabajo temporal

Entre las medidas que proponen están la “indemnización por despido improcedente equivalente a 45 días de salario por año, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a 1 año, y eliminando la actual limitación a un máximo de 24 mensualidades”. Asimismo “la recuperación de los salarios de tramitación en caso de despido improcedente. La empresa deberá abonar los salarios dejados de despedir desde la fecha de efectividad del despido hasta la declaración de improcedencia, con independencia de que exista o no readmisión”. El manifiesto también propone el “derecho de opción entre readmisión e indemnización por parte del trabajador en caso de despido improcedente”, así como la “nulidad de los despidos sin causa justificada a los trabajadores en situación de incapacidad temporal, haciendo efectivoen el ámbito laboralel derecho a la protección de la salud contemplado en el artículo 43.1 de la Constitución”.

Los abogados y abogadas firmantes también proponen un “baremo de indemnizaciones en caso de despido nulo que actúe como mínimo legal, sentando un criterio uniforme que elimine la actual discrecionalidad”, la “prohibición de los despidos colectivos por causas económicas en empresas con beneficios” y la “indemnización de 33 días por año de antigüedad, sin límites de mensualidades, en los despidos objetivos”.

La autorización preceptiva por parte de la autoridad laboral de los ERES y los ERTES previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es otra de las medidas propuestas. El manifiesto llama a una nueva normativa laboral que apuesta por recuperar la capacidad negociadora de los trabajadores. En ese sentido propone la “eliminación de la posibilidad de descuelgue de los convenios colectivos del artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores”, la “recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos hasta la firma de un nuevo convenio” y de la “prioridad aplicativa del convenio colectivo general sobre el convenio de empresa”

Acabar con la temporalidad eliminando las empresas de trabajo temporal, penalizando los contratos temporales y el abuso de la externalización son otras de las medidas que proponen los laboralistas.

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