La regulación del cannabis, tema recurrente en los últimos años, parece que está tomando el impulso definitivo gracias a las diferentes iniciativas legislativas planteadas por Unidas Podemos, Más País-Equo y ERC en torno a su uso, tanto recreativo como medicinal, al autoconsumo o a la regulación de los clubes, pero sobre todo gracias a que, como en tantas ocasiones anteriores, la sociedad va muy por delante de la política y, como refleja el CIS, una mayoría de españoles están a favor de revertir el enfoque prohibicionista de la regulación del cannabis, tanto para fines terapéuticos como recreativos.
Hace tiempo que el cannabis dejó de ser un problema social y pasó a un ámbito exclusivamente político, de ahí que el dilema no es si se va a regular o no, sino cuándo y cómo.
“El dilema no es si se va a regular o no, sino cuándo y cómo”
En la actualidad, el cannabis ya cuenta con regulación, de una manera u otra, en países como Canadá, EEUU, Uruguay o México, e incluso algunos de nuestros socios de la Unión Europea han legislado en la vía de la legalización, ya sea en el aspecto terapéutico (como Alemania) en la despenalización de la posesión y consumo (como Portugal). Sin embargo, en España, a pesar de que se trata de un debate socialmente superado, los sucesivos gobiernos no han hecho nada a favor de la legalización, más bien al contrario: se han dedicado con ahínco a complicar el camino de la legalización interponiendo todos los obstáculos posibles y negándose a reformar una legislación que en materia de drogas, no lo olvidemos, tiene como marco principal de referencia la Ley 17/1967, que surgió de la adaptación de nuestra norma a los acuerdos alcanzados en la Convención Única sobre Estupefacientes celebrada en 1961 al amparo de la ONU (el primer tratado internacional sobre el control de drogas).
Que nuestra legislación sobre estupefacientes provenga de la época de la dictadura ya debería ser motivo más que suficiente para su revisión, pero, más allá de cuestiones morales, éticas o ideológicas, preguntémonos ¿por qué España debería ser el primer país europeo en aprobar una regulación integral del cannabis?
Pues la clave del debate es regular. Regular, al contrario de lo que se está leyendo en los últimos días, no es liberalizar ni incentivar el consumo, no es convencer a nadie de que el cannabis sea inane o que no conlleva contraindicaciones, no. Regular significa negar la hipocresía de que lo hecho hasta ahora no funciona, el cannabis hoy día está al alcance de cualquiera, con la diferencia de que quien controla el mercado son las mafias. Ni una sola de las medidas coercitivas para controlar el tráfico y el consumo ha funcionado. Las llamadas Ley Corcuera o Ley Mordaza han derrochado miles de millones persiguiendo el consumo y el autocultivo, sin resultado alguno en una droga que, según las revistas médicas, no es más perjudicial que el tabaco o el alcohol, sustancias que nadie plantea ilegalizar.
Por eso es imprescindible que sea el Estado, con el apoyo de las comunidades autónomas, el que controle su distribución y dispensación, el que establezca unos estándares de calidad y seguridad que actualmente, debido a la ausencia de normas, no se dan, a día de hoy sin control de ningún tipo, las personas que acceden a esta sustancia carecen de la información necesaria sobre sus potenciales riesgos y daños, mientras que en un mercado regulado existirían filtros informativos previos al consumo, lo que facilitaría un consumo mas controlado y responsable, algo que con el
Cannabis en la ilegalidad se antoja imposible
El Estado tiene que facilitar que el uso medicinal, recreativo y productivo pasen del ámbito penal al fiscal, ayudar a que sea una industria pujante que contribuya a luchar contra la despoblación de la España vaciada gracias al cultivo de cáñamo industrial. Para que el gasto que hoy en día va a parar a las mafias repercuta positivamente en las maltrechas arcas públicas y se emplee en sensibilizar y concienciar, en alejar el consumo de los menores y en dar protección y seguridad al consumidor adulto.
Plantación de cannabis.
Porque a día de hoy la industria del cannabis está controlada por mafias que coartan e imposibilitan la iniciativa de pequeños agricultores y empresarios para participar en un negocio que solo en 2019 movió en torno a 340.000 millones de euros y que experimenta un crecimiento anual de más de dos dígitos, y que podría significar para España la creación de cerca de 100.000 puestos de trabajo de aquí a 2030, en su mayor parte en el medio rural, y más de 3.000 millones en ingresos fiscales cada año.
Por eso, más pronto que tarde, tendremos que afrontar este debate como una sociedad adulta integrada por miembros de pleno derecho, sin paternalismos ni cortapisas. Cuando hablamos de legislación y regulaciones no existen recetas mágicas, y con total seguridad se acabará generando la pugna entre un modelo orientado a los usuarios y otro que priorice los beneficios de las grandes empresas. Esa será otra batalla.
