Sobre la nueva ley de cooperación española

La nueva legislación que se discute debería ser un acicate para que Gobierno de España, ayuntamientos y Principado aumenten las partidas destinadas a solidaridad internacional.

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Javier Arjona
Javier Arjona
Minero jubilado y militante internacionalista.

Las normativas de la cooperación española al desarrollo se construyeron a finales del siglo pasado, así que están bastante obsoletas. La sensibilidad y preocupaciones de la ciudadanía se tradujo en las acampadas por el 0,7 % del PIB para cooperación al desarrollo, que alentaron normas y compromisos nuevos. Entre ellos la ley de 1998.

23 años después el diagnóstico muestra un sistema disfuncional y fragmentado, en el que por el camino se ha perdido la mitad de los recursos de ayuda oficial al desarrollo, como reflejo de un decreciente compromiso y desconexión política de nuestro país con los asuntos globales. Así que resulta ineludible renovar y fortalecer el sistema de cooperación para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos como la Agenda 2030 y el Acuerdo de París.  Para ello es necesario un sistema de cooperación ambicioso y comprometido, que promueva la coherencia de políticas para
el desarrollo sostenible, y que sea capaz de responder de forma transformadora y vanguardista a los retos globales.

En eso están, en eso estamos, esperando que se cumpla la previsión de que en este trimestre se pueda aprobar. Un informe elaborado por la subcomisión parlamentaria encargada de plantear contenidos para la nueva Ley de Cooperación ya fue aprobado.

Las comparecencias han permitido comprobar el estado comatoso en el que se encontraba nuestra política de cooperación internacional tras años de desidia, abandono e instrumentalización por parte de sucesivos gobiernos.

En la nueva propuesta va la descentralización del sistema y la puesta en valor de toda esa descentralización. Es decir, mayor consideración a la cooperación realizada por las comunidades autónomas y por las entidades locales, como uno de los activos más importantes de nuestro sistema de cooperación, obviamente menos concejos como Siero, donde se ha eliminado la cooperación, tal como propugna justamente la ultraderecha en este debate sobre la Ley.

La ultraderecha está chantajeando a los gobiernos del PP para reducir o hacer desaparecer los fondos destinados a la cooperación

La cooperación local tiene importancia cuantitativa, ya que son los ayuntamientos y las comunidades quienes realizan y sostienen la mayor parte de la cooperación solidaria, y también por su orientación a la satisfacción de las necesidades sociales básicas y el ejercicio de derechos. Todo ello con una política participada con las ONGd.

La ultraderecha está chantajeando a los gobiernos del PP en distintas negociaciones para reducir o hacer desaparecer los fondos destinados a la cooperación o la ayuda al desarrollo. Y eso es motivo para preocuparse.

La igualdad en derechos, es una de las señas de identidad de la cooperación. La solidaridad, la equidad, la justicia social y la sostenibilidad han de ser más que palabras en la nueva normativa.

La lucha contra la pobreza en todas sus manifestaciones, la promoción de derechos y de procesos de desarrollo sostenible y bienestar y la consolidación de la democracia deberían seguir siendo la principal bandera de un nuevo sistema. El derecho a la salud, la alimentación y el agua, la desigualdad, la emergencia humanitaria y los desplazamientos humanos, la igualdad de género y agencia de las mujeres, los derechos de la infancia, la necesidad de modelos de desarrollo alternativos respetuosos con los ecosistemas y la justicia climática, la necesidad de avanzar en espacios fiscales progresivos y finanzas éticas y sostenibles, la promoción del espacio cívico y democrático, el refuerzo de los bienes públicos globales
desde el multilateralismo, y la renovación de los valores de ciudadanía global en la sociedad.

La cooperación debe contribuir a acelerar las transformaciones necesarias para que las sociedades con las que se coopera ganen en bienestar, democracia, resiliencia, derechos, dignidad, soberanía y sostenibilidad. Paralelamente, a nivel internacional debe impulsar los marcos y acuerdos que consoliden dichas transformaciones. Sin dinero, no hay planes posibles: España debe aplicar de inmediato los acuerdos del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados de la UE de 2005, que decidieron aportar colectivamente el 0,5 % de su RNB en ayuda al desarrollo.

La pandemia ha profundizado la pobreza y fragilidad, dañando capacidades y destruyendo importantes logros del desarrollo. Por ello debemos mejorar la capacidad de intervención de nuestra cooperación poscoronavirus sobre impactos múltiples, como el aumento de economías informales de subsistencia, la marginalidad, nuevas formas de desigualdad, migraciones forzosas y la dificultad de atender necesidades básicas.

Es urgente la aportación y los criterios a la hora de utilizar los recursos en la atención a refugiados en territorio de España, avanzando en la construcción de una mejor política de asilo y refugio.

Esa nueva ley y nuevos compromisos, considerando además la prioridad hacia las autonomías, “obliga” a que también la cooperación asturiana se actualice, comenzando con el irrisorio presupuesto que no llega al 0,1 % (en tanto el estatal sube de 0,22 al 0,35 %), y siguiendo por nuevos Planes Directores de contenido también un poco más ambiciosos en cuanto a los postulados transformadores, porque de lo contrario ¿para qué sirve la cooperación internacional al desarrollo, si no logra esos espacios de cambios y transformaciones en comunidades, pueblos y territorios?.

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