La apuesta empresarial por la precariedad

La nueva reforma laboral no deroga por completo la de 2012, pero rompe con una dinámica que desde los años 80 ha sido contestada con huelgas generales y otras movilizaciones.

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Gonzalo Wilhelmi
Gonzalo Wilhelmi
Es historiador, ferroviario y sindicalista de CGT. Su último libro es "Sobrevivir a la derrota. Historia del sindicalismo en España, 1975-2004" (Akal, 2021).

La precariedad laboral es uno de los grandes problemas sociales endémicos en España. En ocasiones se identifica con los contratos temporales, pero en realidad es un fenómeno más amplio. Se trata de una situación de debilidad de la persona trabajadora que pone en manos del empresario el poder suficiente para obligar a prolongar gratis la jornada, a trabajar sin suficientes medidas de seguridad, a realizar horas extras, a reducir las horas de trabajo y el salario o incluso a trabajar como falso autónomo o en negro, sin derecho alguno. El contrato temporal, con su amenaza de no renovación, es una forma de precariedad laboral, pero no es la única. Un contrato indefinido con una baja indemnización por despido en una empresa sin sindicatos dispuestos a movilizarse para impedir los abusos es también una forma de precariedad. Un contrato indefinido a tiempo parcial no deseado también es precario, al igual que un contrato indefinido a tiempo completo con salario bajo el umbral de pobreza.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2019, antes de la pandemia, las personas contratadas de forma temporal eran algo más de cuatro millones (24,63% del total de asalariadas), y junto a otra modalidad de contrato precario, el indefinido a tiempo parcial, ascendían a 5.464.900 personas (33,65% del total), con especial incidencia entre las mujeres, que también sufren mayores índices de paro y pobreza. Si añadimos el resto de situaciones anteriormente mencionadas, la precariedad laboral podría afectar al 50% de las personas asalariadas.

“La precariedad, muy extendida bajo otras formas durante la dictadura franquista, se transformó para adaptarse al nuevo sistema de relaciones laborales de la democracia”

La precariedad, muy extendida bajo otras formas durante la dictadura franquista, se transformó para adaptarse al nuevo sistema de relaciones laborales de la democracia. Cuando se analizan sus raíces y su pervivencia durante décadas, rara vez se menciona su causa principal: la apuesta de largo recorrido de los empresarios españoles por la precariedad como elemento central de su modelo productivo.

Felipe González y Carlos Ferrer Salat, primer presidente de la CEOE, en noviembre de 1982. Foto: Wilkipedia.

Desde su fundación a mediados de los 70, los empresarios agrupados en la CEOE (seguidos por la poco influyente CEPYME, representante de la pequeña y mediana empresa), han mantenido una línea reivindicativa coherente y constante en la negociación con gobiernos y sindicatos. En todas las mesas de diálogo social, la CEOE ha priorizado siempre lo mismo.  Por una parte, dinero público en forma de rebajas fiscales y de cotizaciones (la paguita de los empresarios) y por otra parte medidas generadoras de precariedad laboral como el mantenimiento del despido libre sin causa justificada, la reducción de la indemnización del despido y la desregulación de los contratos temporales y a tiempo parcial y de la subcontratación. Todo esto con el argumento de que así se favorecería la creación de empleo en la empresa privada, algo que se ha demostrado falso una y otra vez.

En los últimos cuarenta años, la CEOE ha reclamado reformas legales generadoras de precariedad (presentada como “flexibilidad”) en mucho mayor grado que medidas de acceso al crédito -elemento clave en la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas-, de impulso de la innovación, de mejora de procesos productivos, de aumento de la calidad de los productos y servicios, o de transición a una economía ecológica. En estas cuatro décadas, la CEOE ha defendido un modelo de negocio basado en la reducción de salarios, en la degradación de las condiciones de trabajo y en conseguir contratos del sector público, en mucha mayor medida que en la mejora de la organización de la empresa y los procesos productivos, para lo cual suele ser necesaria la participación de las personas trabajadoras.  

Es difícil saber a ciencia cierta si la apuesta de largo recorrido de la CEOE por la precariedad como eje central de su modelo de empresa coincide con la opinión del conjunto de los empresarios españoles, porque la representatividad de las organizaciones patronales (a diferencia de las sindicales) se establece con unos procedimientos poco transparentes y poco democráticos, por decirlo suavemente.  Cuando los empresarios de un sector se han organizado para firmar un convenio colectivo que renunciaba a la precariedad y a los bajos salarios, para optar por la calidad y la diferenciación de productos y servicios, la CEOE ha tratado de impedirlo. Este ha sido el caso del convenio firmado por la patronal Bizkaidendak en 2015 en el comercio textil vizcaíno, y anulado tras la denuncia de otra organización empresarial rival, encuadrada ésta última en la CEOE.  

La apuesta de la CEOE por la precariedad ha confluido con la orientación de la política económica de los gobiernos del PSOE y del PP, cuyas distintas reformas laborales han compartido un mismo enfoque neoliberal. Todas las grandes reformas laborales, las del PSOE de Felipe González en 1984 y 1994, las del PP de Aznar en 1997 y 2002, las del PSOE de Zapatero en 2010 y 2011 y la del PP de Rajoy en 2012, han seguido la misma línea de adaptar la legislación laboral a las nuevas realidades socioeconómicas pero siempre manteniendo el alto nivel de precariedad.

“Gracias a las huelgas generales y a otras movilizaciones, los sindicatos de clase han conseguido resultados notables en protección social”

En el diálogo social de ámbito español, donde se han abordado las reformas laborales, frente a la apuesta precarizadora de la CEOE y las políticas neoliberales de los gobiernos del PSOE y del PP, las centrales CCOO y UGT han defendido la necesidad de aumentar el nivel de empleo, de reducir la precariedad y de aumentar la protección social.

Gracias a las huelgas generales y a otras movilizaciones, los sindicatos de clase han conseguido resultados notables en protección social, especialmente en pensiones no contributivas, prestaciones por desempleo y rentas mínimas garantizadas. En contra del tópico, las mayores movilizaciones impulsadas sobre todo por CCOO y UGT y en menor medida por las centrales nacionalistas vascas (ELA y LAB) y gallegas (CIG) y otras de menor implantación (CGT) no se han dirigido a sus “clientelas” de “trabajadores privilegiados”, sino que han conseguido mejoras para los sectores de la clase trabajadora en peor situación y menos sindicalizados: personas paradas, precarias y jubiladas. Por citar solo tres ejemplos, la huelga general del 14D de 1988 obligó a Felipe González a implantar las pensiones no contributivas y a renunciar a su contrato para jóvenes con salario mínimo, por debajo del convenio colectivo; la huelga general en el País Vasco y Navarra del 21M de 1999 reclamó la creación de una renta mínima garantizada; y la huelga general del 20J de 2002 obligó a José María Aznar a retirar unos recortes sin precedentes en las prestaciones por desempleo.

Huelga General de Asturies en octubre de 1991. Foto: Luis Sevilla

Sin embargo, en cuarenta años de diálogo social de ámbito español, con la participación sindical exclusiva de CCOO y UGT, no se han logrado reducir los altos niveles de precariedad laboral. La estrategia de los dos principales sindicatos de clase, que ha incluido siete huelgas generales en todo el país (y decenas de huelgas generales de ámbito provincial), no ha conseguido apenas mejoras en la estabilidad laboral. Entre los escasos avances destacan la mejora de las condiciones de los contratos a tiempo parcial en 1997, y la limitación en el tiempo de los contratos temporales, en 2006.

Esta dinámica de largo recorrido se ha roto en 2021, con la aprobación de la primera reforma laboral basada en medidas para reducir la precariedad, una reforma liderada por la Ministra de Trabajo Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, y acordada con CCOO, UGT e incluso la CEOE, que ha optado por el control de daños y ha respaldado la nueva norma a cambio de limitar su alcance.

Yolanda Díaz y el sindicalista Juan Manuel Martínez Morala en Xixón. Foto: Iván G. Fernández.

Para que esto fuera posible, no solo ha hecho falta que entrara en el Gobierno una fuerza política a la izquierda del PSOE. Ha hecho falta también un enorme nivel de movilización contra las reformas laborales de Zapatero y de Rajoy: tres huelgas generales en toda España organizadas por CCOO y UGT y el resto de sindicatos de clase (una de ellas, la del 14N de 2012 de carácter europeo, un verdadero hito), cuatro huelgas generales más en el País Vasco y Navarra, convocadas por ELA y LAB junto a otras centrales y cientos de movilizaciones, algunas enormes, como las marchas de la dignidad de 2014, donde CGT tuvo un papel destacado. Sin estas huelgas generales, sin estas movilizaciones (en las que la CIG fue un actor decisivo en Galicia) es poco probable que el PSOE hubiera aceptado la reforma laboral de 2021. Una vez más, las huelgas generales y las movilizaciones, de gran intensidad entre 2009 y 2015, y que continuaron en 2018 con una huelga general parcial feminista, otro hito, han dado resultados concretos, en esta ocasión de forma aplazada.

La reforma laboral de 2021 no supone una derogación completa de la reforma del PP de 2012, pues no recupera los salarios de tramitación ni la indemnización de 45 días por año para los contratos indefinidos, si bien estos elementos no eran solo consecuencia de la reforma de Rajoy, sino que tenían su origen en reformas legislativas de 1997 y de 2002. Sin embargo, la nueva ley incluye medidas que recuperan derechos laborales perdidos mucho antes: la prioridad del convenio de empresa en cuanto a salarios (no así en la jornada ni en el resto de materias), mejorando la reforma de 2011 de Zapatero y fuertes limitaciones a los contratos temporales, mejorando así la regulación de 1984.

Huelga general feminista del 8 de marzo de 2020. Foto: Iván G. Fernández.

Aunque no derogue por completo la reforma del PP de Rajoy, la reforma de Yolanda Díaz mejora en algunos aspectos incluso la situación previa a la reforma de 2012.  El cambio legislativo de 2021 no revierte por sí solo cuarenta años de reformas laborales precarizadoras y neoliberales. Siguen vigentes aspectos como el despido libre sin causa justificada, los contratos a tiempo parcial involuntarios, la escasa protección frente al despido para las personas que deciden afiliarse a un sindicato o promover elecciones sindicales, el préstamo de trabajadores y la subcontratación como vía de rebajar salarios, degradar condiciones laborales y eludir las medidas de protección de la seguridad.  

De cara a las próximas reformas laborales, es necesario recordar que, desde 1990, la estrategia de CCOO y UGT ha consistido en movilizarse sólo de forma puntual para responder a cada recorte, pactando incluso retrocesos, como la reducción de la indemnización de 45 a 33 días de una parte de los contratos indefinidos en 1997, o el retraso en la edad de jubilación y las subvenciones para algunos contratos precarios en 2011, con el argumento de evitar un mal mayor. El resultado de esta estrategia ha sido escaso en la reducción de la precariedad.  

Quizá ha llegado el momento de que sindicatos de clase como ELA, CGT, CIG, LAB, Intersindical Canaria, Corriente Sindical de Izquierda y otros que apuestan por la participación, por la movilización y por una confrontación más decidida contra la estrategia precarizadora de la CEOE y contra las políticas neoliberales, coordinen su actividad para reclamar su participación directa en las próximas reformas laborales, junto a CCOO y UGT. Su capacidad de organización, movilización y negociación, ampliamente acreditada, se antoja imprescindible para reducir la precariedad y para mejorar las condiciones de vida y trabajo de la clase trabajadora, que hoy como ayer sigue representando la mayoría social de nuestro país.

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