Un informe de la Universidad señala las consecuencias negativas de la privatización de la ayuda a domicilio

El 60% de las auxiliares tienen jornadas parciales, no llegan al SMI, y no tienen otros empleos, concluye el estudio, que recomienda la gestión pública del servicio.

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Marta Rogia
Marta Rogia
Periodista, abogada, guionista. Cinéfila y apasionada de la radio, a la que he prestado voz mucho tiempo. Continúo con mi búsqueda de la autenticidad mediante narraciones que nos conecten a través de la emoción.

El informe “Las condiciones laborales del personal auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio [SAD]” de la Universidad de Oviedo apunta a la precariedad de quienes trabajan en este sector y advierte que su privatización puede rebajar su calidad. El estudio, que se apoya en encuestas realizadas en todo el territorio nacional, fue presentado el jueves, 3 de marzo, en el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo por sus dos autoras, Sandra Dema, profesora del Departamento de Sociología y María Estébanez, estudiante de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, a las que acompañaron María Valvidares, profesora del Área de Derecho Constitucional; Carmen Diego, integrante de la Plataforma de Asturias de Auxiliares de Ayuda a Domicilio y la directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Oviedo, Paz Menéndez.

España tiene una esperanza de vida de las más elevadas del planeta, una población muy envejecida y unas elevadas tasas de dependencia. La Ley 39/2006 de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia ofrece protección social a quienes precisan ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Sin embargo, según esa misma ley, las entidades locales no necesariamente deben prestar el servicio con sus propios medios, sino que pueden delegarlo en las empresas acreditadas según cada Comunidad Autónoma o municipio. Esta práctica ha sido muy frecuente en los últimos tiempos, tal y como analizan las autoras del informe.

Público asistente al acto. Foto: Alisa Guerrero.

Un aspecto clave del panorama tiene que ver con la precariedad, que se refleja en un abuso de la ocupación a tiempo parcial. Más del 60% de las auxiliares cuentan con una jornada de este tipo y su retribución no alcanza el salario mínimo interprofesional. De hecho, la mayoría de las trabajadores se situarían bajo el umbral de pobreza si dependieran únicamente de su sueldo y con la presión de pluriemplearse para satisfacer sus necesidades básicas y familiares. A lo cual se añade que más del 42,5% tiene jornada partida, lo que dificulta tanto la posibilidad de esos empleos adicionales como el conciliar la vida laboral, personal y familiar. La opción de una reducción de horas de trabajo tiende a descartarse, pues aplicada sobre una colocación parcial no interesa a casi la mitad de las personas ni económicamente ni para cotizar a la Seguridad Social y entre quienes sí tendrían interés en solicitarla, el 32,8% manifiesta que no se lo puede permitir. Asimismo, se registra una alta inestabilidad laboral, que proviene del alto carácter temporal de los puestos (26,9%), más elevado que el del conjunto de la población española, que a su vez es de los mayores de la Unión Europea.

“Más del 60% de las auxiliares tienen jornada parcial”

En cuanto a la salud de los profesionales, más de la mitad de las enfermedades y lesiones que padecen son musculoesqueléticas, seguramente por el manejo de personas dependientes, que con frecuencia tienen movilidad reducida. Además, les faltan equipos de protección individual, medios técnicos y protocolos de seguridad. Casi un tercio declara haber sufrido al menos un contagio biológico en su trabajo y más de cuatro de cada diez indican que no les facilitaron medidas preventivas para evitarlos. En un escenario de pandemia, esto resulta particularmente peligroso por el riesgo de contraer y propagar el virus. 

Presentación del informe. Foto: Alisa Guerrero

Además, en una plantilla muy feminizada e integrada por algo más de 120.000 personas en todo el país, el acoso laboral es otro grave problema. El 39% de las personas encuestadas revela haberlo sufrido; este provenía fundamentalmente de los usuarios del servicio o de sus familiares. De manera muy similar, otras escalofriantes cifras arrojan un 26% de situaciones de acoso sexual, que procede en buena parte de las personas dependientes, en concreto, tres veces más responsables que sus familiares, si bien en ocasiones esta violencia se produce simultáneamente por unos y otros. Las investigaciones previas muestran que los causantes son mayoritariamente hombres, lo que puede aportar vías para establecer protocolos eficaces para reaccionar ante el mismo. Por otro lado, quienes ocupan cargos de responsabilidad apenas acosan a sus subordinados, tal vez porque este oficio está muy copado por mujeres en todas las categorías.

Por todo lo cual, las autoras afirman que la responsabilidad de la calidad del servicio y de las condiciones de trabajo de quienes lo prestan van unidas y recaen en la Administración, independientemente de que lo gestione de forma directa o lo delegue. Además, la estrategia de privatización del servicio de ayuda a domicilio no ha supuesto una mejora, sino que ha profundizado la precariedad. De ahí que sea necesario, concluyen, que los poderes públicos asuman su prestación, lo que es una histórica demanda del personal auxiliar del SAD. La recomendación del informe es que se atienda a la  prestación de los cuidados desde un planteamiento integral, con políticas públicas adecuadas dado su carácter indispensable para la sostenibilidad de la vida. Se trata, explican, de una responsabilidad de carácter colectivo, y no únicamente de las mujeres.

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