Podemos-Equo Xixón y Podemos Asturies presentarán dos proposiciones para avanzar en la lucha contra la brecha y la pobreza menstrual. Así lo han anunciado Laura Tuero, portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Gijón/Xixón, y Daniel Ripa, diputado de Podemos Asturies en la Junta General del Principado, este mediodía en el consistorio gijonés.
La coalición municipal de Podemos-Equo Xixón propondrá en el próximo pleno un conjunto de medidas para combatir la llamada “pobreza menstrual”, mediante el abaratamiento del gasto en productos de higiene destinados a la menstruación. La portavoz de la coalición morada y verde, Laura Tuero, ha asegurado que “la estimación de los expertos es que las mujeres se habrán gastado entre 6.000 y 10.000 euros en compresas o tampones a lo largo de toda su vida”. “La pobreza menstrual también existe”, añade Tuero, “pero su invisibilidad forma parte del tabú arraigado que sigue girando en torno a la menstruación”, por lo que ha sido “invisibilizado y estigmatizado” también “por nuestras políticas públicas”.
La proposición para el pleno municipal de Gijón recoge, además, instar al Principado a realizar “un estudio sobre la salud y la higiene menstrual” en Asturias, con el fin de esclarecer “los factores que determinan la pobreza menstrual”. Esta propuesta también incluye el impulso de “actividades de formación sobre pobreza menstrual y educación sexual integral en los centros educativos”. De salir adelante, posteriormente, “se instará al Gobierno de España para que se produzca la rebaja del IVA, al tipo superreducido del 4%, de los tampones, las compresas y las copas menstruales, así como de otros productos de higiene para bebés, menores o personas dependientes”.
Esta iniciativa se presentará conjuntamente a otra proposición en la Junta General, por parte de Podemos Asturies. Su diputado en el parlamento asturiano, Daniel Ripa, ha acompañado a Laura Tuero este mediodía. Junto con las medidas ya señaladas, se debe sumar “la elaboración de un anteproyecto de ley contra la pobreza menstrual que garantice el acceso a los productos de gestión menstrual en igualdad de condiciones a toda la población mediante la gratuidad de los mismos”, ha explicado Ripa. El diputado ha hecho alusión también a los precedentes de esta propuesta, como los casos de Escocia y de la Asamblea de Madrid. En esta última, la diputada de Más Madrid, Loreto Arenillas, impulsó una PNL para implementar un Plan integral de Salud Menstrual con una batería de medidas para avanzar en salud menstrual desde varios ejes, desde la gratuidad de productos de higiene hasta la bajada del IVA o las propuestas educativas para niñas y niños.
El caso escocés
Escocia se convirtió, en noviembre de 2020, en el primer país del mundo en hacer que los productos de higiene para la menstruación no tengan un coste económico para la población. El Parlamento de Escocia aprobó por unanimidad el proyecto de Ley de Productos de Período (de suministro gratuito), impulsada por la laborista Monica Lennon, quien estuvo haciendo campaña para poner fin a la llamada “period poverty” o “pobreza menstrual”. De este modo, las autoridades locales de Escocia están obligadas por ley a garantizar que los artículos sanitarios sean gratuitos y estén disponibles para quien los necesite en edificios públicos.
En el Reino Unido, los productos sanitarios en general tienen un 5% de IVA, pero Escocia se convirtió, en 2018, en una región pionera en subvencionar estos artículos en escuelas, institutos y universidades. El gobierno de Edimburgo destina 5’2 millones de libras anualmente a estos productos, además de invertir otros 4 millones para que los diferentes municipios expandan este programa a otros sectores. El proyecto impulsado por Monica Lennon tiene como origen el estudio de Young Scot, el Servicio de Información Juvenil de Escocia, cuyos resultados reflejaron que una de cada cuatro estudiantes de escuelas, institutos o universidades tenía problemas económicos de acceso a los productos de higiene femenina. A partir de estas investigaciones, junto con otras similares, la nueva legislación obliga a los edificios públicos a disponer de los productos sanitarios necesarios para quien los solicite.
