Asturies en Colombia: un país (todavía) en guerra contra su gente

El incumplimiento por el Estado del Acuerdo de Paz de 2016 está generando un nuevo ciclo de violencia y la multiplicación de grupos armados.

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Lucía García
Lucía García
Es integrante de AMA.

Durante la primera semana, la Delegación Asturiana de Verificación de los DDHH en Colombia ha visitado el Departamento de Norte de Santander y el Departamento de Arauca, dos zonas especialmente marcadas por el conflicto armado y con problemáticas específicas asociadas a su característica de territorios fronterizos, condición que agudiza más la vulneración de los Derechos Humanos en estas zonas.

La Delegación recorre junto a la organización CPDH ( Comité Permanente por la Defensa los Derechos Humanos, capítulo Norte de Santander) el Departamento de Norte de Santander. En este territorio se identifican diferentes problemáticas y conflictos que se entretejen y dan lugar a una vulneración constante de los Derechos Humanos.

Una de las audiencias de la Delegación tiene lugar con la Mesa Municipal de Participación Efectiva de las Víctimas del Conflicto-Tibú, que está formada por personas víctimas del conflicto armado y por representantes de diferentes organizaciones sociales. 

A través del diálogo con los miembros de la mesa, se visibilizaron problemáticas recurrentes en el territorio: falta de presencia y abandono por parte del Estado colombiano, cultivos ilícitos de coca, explotación sexual y trata de mujeres y niñas ( en su mayoría migrantes venezolanas), reclutamiento de menores por parte de grupos armados, amenazas a líderes sociales y firmantes de paz…etc.

Resulta especialmente preocupante el abandono institucional en el que se encuentran estas víctimas, sin garantías de seguridad para ellas. Expresan que ellas mismas y  sus comunidades han recibido de manera directa amenazas por parte de grupos paramilitares a través de redes sociales, de mensajes o llamadas telefónicas, o con personas armadas que les abordan por la vía pública. Muchas veces sus denuncias no son admitidas a trámite y cuando lo son, no se puede saber que ha pasado con sus procesos administrativos de denuncia. La respuesta por parte de las instituciones públicas es en definitiva el silencio, que deja en situación de desamparo e indefensión absoluta a las víctimas.

Actualmente, las mismas instituciones públicas reconocen la existencia de 17 grupos armados en el territorio de Norte de Santander. Estos grupos se disputan el control de la frontera y están relacionados con múltiples actividades ilícitas: paramilitarismo, narcotráfico, trata de personas …etc.

Otra de las grandes problemáticas es la falta de implementación de los Acuerdos de Paz de La Habana, del año 2016, especialmente de los planes de sustitución de cultivos a través del PNIS ( Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos). La falta de recursos y de voluntad política para la implementación de los acuerdos y el poco avance en este proceso ha generado un clima de desconfianza, desilusión  y malestar de las comunidades campesinas, que se encuentran abandonadas a su suerte, muchas veces sin acceso a recursos básicos de salud o educación y completamente vulneradas por los grupos armados que incurren en sus territorios obligándoles a desplazarse de forma violenta.

La mayor parte de estas problemáticas son denunciadas también en la siguiente parada de nuestra Delegación, en el Departamento de Arauca, donde la Delegación visita la localidad de Saravena y de Arauca.

En estas dos localidades se repiten las denuncias por el incumplimiento de los acuerdos de paz, también es latente la preocupación por la creciente presencia de grupos paramilitares, la reactivación del narcotráfico y la presión cada vez mayor sobre las tierras de los campesinos, que son obligados a desplazarse forzosamente, ya que bajo sus tierras se encuentra uno de los mayores pozos de petróleo de Colombia, todavía sin explotar pero en fase de exploración por parte de varias multinacionales petroleras.

En Saravena, es alarmante el aumento y recrudecimiento de las agresiones contra el movimiento social. En lo que va de año han sufrido múltiples amenazas a líderes y lideresas, retenciones ilegales, criminalización de la protesta social además de dos atentados graves cuyo objetivo era acabar con la vida de las personas que forman parte de los movimientos sociales.

El primero de ellos, fue una granada que lanzaron contra la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena. Esta empresa es un proyecto comunitario manejado por 100 representantes de organizaciones sociales de Arauca, sin injerencia de empresas privadas ni de las autoridades departamentales, y que surte de agua potable y gas al municipio.

El segundo atentado tuvo lugar el 19 de enero. Un coche bomba explotó a unos metros del edificio Héctor Alirio Martínez, sede de al menos ocho organizaciones campesinas, de jóvenes y mujeres de Saravena. El atentado ha sido reivindicado por el Frente 28 de las disidencias de las FARC-EP

Desde la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra comentan “Con la agresión a líderes y procesos sociales no sólo se pone en riesgo su existencia e integridad; también se amenaza la posibilidad de construir un mundo mejor, de defender la vida y el territorio, de alcanzar la igualdad, la libertad y la justicia, objetivos para los cuáles son imprescindibles los líderes sociales”.

Colombia no está en paz y todo indica que el incumplimiento del Acuerdo de Paz firmado por el Estado con las FARC-EP, está generando un nuevo ciclo de violencia en el que el conflicto armado interno va camino de recrudecerse, con la participación de nuevos grupos armados y la presencia estratégica de EEUU en el país, especialmente en las zonas fronterizas, para una posible invasión al país vecino, Venezuela.

Cobertura informativa financiada por las subvenciones de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo

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