Asturias, el retroceso de una comunidad pionera en la protección medioambiental

Los cambios legislativos introducidos por el gobierno de Barbón suponen una significativa rebaja en el cuidado de nuestro medio.

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Silvino Cordero
Silvino Cordero
Licenciado en derecho. Especialista en derecho urbanístico y ambiental

En el BOPA del 3 de diciembre del pasado año se publicaba la Ley 4/2021 de Medidas Administrativas Urgentes. Una nueva ley que introduce en nuestra comunidad importantes cambios en materia de medio ambiente y urbanismo, contenidos en la denominada “Disposición derogatoria única. Derogación normativa” y que afectan a los apartados 7.2 y 7.3 del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias (PORNA), publicado en el BOPA de 2 de julio del año 1994, en el que se regulaban los supuestos y el contenido de las denominadas evaluaciones preliminares de impacto ambiental. Este artículo pretende analizar las modificaciones y derogaciones operadas, y sopesar las consecuencias que las mismas pueden conllevar para el medio ambiente y el urbanismo asturianos.

La comunidad autónoma asturiana es una de los pocas que a fecha de hoy no se ha dotado de una ley de medio ambiente y por esta razón las normas de aplicación han sido las sucesivas leyes estatales, estando vigente la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Pero ya en el año 1994, el Gobierno de Asturias había reparado en la necesidad de adaptar la ley estatal del año 1986 a la realidad asturiana y complementar sus previsiones para lo que aprobó el PORNA y reguló las denominadas evaluaciones preliminares de impacto ambiental conocidas por el acrónimo EPIA. La motivación que el PORNA, hizo en su día para establecer la figura de la EPIA, fue:

“En este sentido, el efecto combinado o sinérgico de pequeñas alteraciones distribuidas por todo el territorio y debidas a actividades no contempladas en la citada norma (ley de 1986), pudieran deteriorar gravemente el medio ambiente asturiano en general”

La ley estatal recoge en sus Anexos I y II, los proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria y simplificada. Pero esas actuaciones que requieren trámite de Evaluación de Impacto Ambiental tienen una importante dimensión, como sabe toda persona que haya trabajado en la valoración del daño de estas iniciativas y que por ello muchos otros, que son de menor cuantía, van a quedar sin un control ambiental previo.

A modo de ejemplo podemos concretar algunos de los supuestos previstos en la ley estatal y los contemplados actualmente en el PORNA, para los que se suprime la obligación de redactar una evaluación ambiental:

Concentraciones parcelarias. La ley estatal solo la exige para los proyectos que afecten a más de 100 hectáreas. Según el PORNA era preceptiva para más de 3 hectáreas.

Implantación en suelo no urbanizable de un antenas, repetidores o instalaciones de comunicaciones. Al no contemplarse en la ley estatal no será exigible como lo era actualmente.

Playa de Cué, Llanes. Foto: Iván G. Fernández.

Campamentos de turismo. La instalación de un nuevo campamento de turismo solo para aquellos con una capacidad mínima de 500 plazas. Actualmente sería exigible en todo caso, si se trata de un nuevo uso

Las repoblaciones con eucaliptos. Solo es exigible la evaluación ambiental cuando sean de más de 50 hectáreas, por lo que conociendo la realidad del minifundio asturiano es previsible que se puedan realizar la casi totalidad de las plantaciones sin necesidad de evaluación ambiental alguna.

Explotaciones ganaderas en intensivo. Las dimensiones o umbrales que se fijan para las instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas, previstas en la ley estatal dejan fuera de cualquier control la mayoría de los proyectos ganaderos que se promueven en Asturias.

“Casi la totalidad de las plantaciones de eucalipto no necesitarán estudios de impacto ambiental”

Tendidos o líneas eléctricas en suelo no urbanizable. La ley solo lo fija para las de un voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud superior a 3 km. En el PORNA para cualquier línea de tensión superior a 1 KV.

Modificaciones de trazados de carreteras y creación de enlaces. La ley no los contempla, el PORNA sí.

Plantación de eucaliptos. Foto: Ence.

Apertura de pistas forestales y de otro tipo, especialmente turísticas, minería, eléctricas y de telecomunicación. La ley no las contempla, el PORNA, sí.

Toda inversión superior a 50 millones, financiada total o parcialmente con fondos públicos en los espacios protegidos o a proteger bajo figuras contempladas en la Ley 4/1989 del Estado y en la Ley 5/91, de 5 de abril, de Protección de los Espacios Naturales en el Principado de Asturias, debía someterse a una EPIA.

La ley estatal proclama de manera solemne en su exposición de motivos que se asienta en la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección (artículo 149.1.23.ª de la Constitución).

La ley asturiana, lejos de establecer normas adicionales de protección ha optado por la vía contraria, derogar las existentes.

La derogación y las modificaciones aludidas carecen de toda motivación en criterios científicos o de técnica jurídica y no aportan ningún estudio comparativo para que la ciudadanía pueda conocer de forma trasparente que reales perjuicios se derivaron de la aplicación de la normativa que se deroga y por el contrario, cuáles serían los hipotéticos beneficios o el incremento de la protección ambiental que aporta la nueva regulación.

A mayor abundamiento, podemos argumentar que la modificación operada por esta ley atenta contra el principio de no regresión establecido en el art. 1, de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética y explicitado en su exposición de motivos :

”Desde el punto de vista medioambiental, este principio de no regresión se define como aquel en virtud del cual la normativa, la actividad de las Administraciones Públicas y la práctica jurisdiccional no pueden implicar una rebaja o un retroceso cuantitativo ni cualitativo respecto de los niveles de protección ambiental existentes en cada momento….”.

La nueva legislación autonómica apela a razones eminentemente políticas y económicas (crisis, pandemia) para justificar la quiebra del  equilibrio que ha de regir los aspectos ambientales, sociales y económicos propios del desarrollo sostenible, a favor de un desarrollismo o crecimiento o económico no sujeto a reglas y se olvida que el art. 7 del TROTU al declarar los principios generales de la ordenación territorial y urbanística establece que ambos son una función pública.

La ley 4/2021, rompe el consenso político, social y con la doctrina jurídica que ha conceptuado dicho control como una potestad pública y su ejercicio reservado por ley a los funcionarios públicos sujetos a los principios de imparcialidad, independencia y defensa del interés público, al permitir que el otorgamiento de determinadas licencias urbanísticas —ahora denominadas declaraciones responsables— y su control e inspección posterior pueda ser ahora desarrollado por colegios profesionales o por las cámaras de comercio, que según sus leyes, son corporaciones de derecho público pero constituidas para la representación y defensa de sus intereses privados.

Transcurridos 27 años desde la entrada en vigor del PORNA, los nuevos responsables políticos de Asturias parece que actuasen con desprecio para con la que ha sido la normativa ambiental vigente en nuestra comunidad y a la par, parecen ignorar los nuevos principios y mandatos derivados tanto de convenios internacionales como de nuestra Constitución, encaminados todos ellos a la defensa y mejora del medio ambiente y para combatir el cambio climático, al dejar sin control ambiental muchas de las actividades hasta ahora reguladas y con ello abrir la puerta a que en el futuro se produzcan “pequeñas alteraciones distribuidas por todo el territorio” que previsiblemente van a llevar consigo un deterioro de nuestro medio.

Estas modificaciones y derogaciones a través de una norma jurídica posterior son conductas que en palabras del presidente del Centro Internacional de Derecho Comparado de la Universidad de Limoges en Francia, profesor Michel Prieur, están en “ flagrante discordancia con el principio de equidad intergeneracional, en la medida que a nuestra generación le está vedado comprometer a las generaciones futuras con una norma que haría retroceder la protección del medio ambiente …”.

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