Amnistía Internacional pide a Sánchez que actúe para anular la condena a muerte del disidente que España deportó a Argelia

Mohamed Benhlima, un ex militar que denunció la corrupción en el ejército argelino, solicitó en dos ocasiones asilo político en nuestro país pero fue deportado

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Paco Álvarez
Paco Álvarez
Periodista, escritor y traductor lliterariu d'italianu. Ye autor de les noveles "Lluvia d'agostu" (Hoja de Lata, 2016) y "Los xardinos de la lluna" (Trabe, 2020), coles que ganó en dos ocasiones el Premiu Xosefa Xovellanos.

Amnistía Internacional ha iniciado una campaña en la que exige al Gobierno español que actúe para lograr que se anule la condena a muerte dictada por un tribunal castrense argelino contra Mohamed Benhlima, un ex militar de 32 años de edad que denunció casos de corrupción de altos oficiales del ejército del país magrebí. El disidente había pedido asilo en nuestro país en dos ocasiones, pero el Ministerio del Interior resolvió devolverlo a Argelia “sin el debido proceso ni evaluación de su solicitud de asilo. Ahora está condenado a muerte”, denuncia la organización de derechos humanos.

“Nuestros peores pronósticos se han hecho realidad. En marzo advertíamos de que la deportación por España del activista Mohamed Benhalima podría tener como consecuencia que sufriera tortura y otras violaciones graves de derechos humanos en Argelia. España hizo caso omiso, violando de forma flagrante la obligación internacional respecto a la no devolución”, denuncia Virginia Álvarez, responsable de Política Interior y experta en asilo y refugio de la sección española de Amnistía Internacional, que añade que ahora el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez “debería presionar para que esta sentencia a muerte no se lleve a cabo”.

Se da la circunstancia de que uno de los abogados que defiende a Benhalima, que aparecía en un vídeo difundido a través de Facebook junto con la madre del activista responsabilizando a las autoridades de difamar a Benhalima, también fue detenido en Argelia hace dos semanas. Su defendido había abandonado el país tras descubrir que estaba en una lista de militares que corrían el riesgo de ser detenidos por su participación en Hirak, un movimiento que reclama avances democráticos en el país norteafricano. Pidió asilo político en España en febrero de 2020 y en marzo de este año, y en ambos casos le fue denegada. Lo detuvieron en un control policial en Zaragoza hace un par de meses y fue recluido en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia. En el expediente administrativo de expulsión, revelado por Amnistía Internacional, el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska justifica su resolución aduciendo que Mohamed Benhalima había tomado parte en “actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países”.

Amnistía Internacional matiza, en referencia a este caso, que Argelia no ejecuta a nadie desde 1993, aunque en 2021 seguía manteniendo la condena a muerte sobre al menos un millar de personas, “y el número de sentencias a muerte ha aumentado con respecto al año anterior”. Es uno de los estados en los que se dictan condenas a muerte in absentia, sin que esté presente la persona juzgada. Asimismo, la organización internacional de derechos humanos tiene constancia de la existencia de cerca de casi tres centenares de presas y presos encarcelados por motivos políticos en el país magrebí, personas “recluidas en prisión preventiva abusiva o condenadas por su activismo pacífico”.

Curiosamente, la deportación de este disidente se produce en un momento en el que el Gobierno español trata de recomponer sus relaciones diplomáticas con Argelia, seriamente dañadas por la decisión unilateral de Pedro Sánchez y del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de reconocer implícitamente, en contra de la opinión de una parte del Gobierno y de buena parte del Parlamento, la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

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