Día del Medio Ambiente: Asturias tiene muy poco que celebrar

La transición ecológica justa se ha convertido en el lugar común de un Gobierno asturiano continuista con las viejas recetas del desarrollismo arecista y javierista.

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Diego Díaz Alonso
Diego Díaz Alonso
Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y dirige Nortes.

El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y Asturias vuelve a estar salpicada de un reguero de conflictos medioambientales en los que la administración autonómica es a veces juez, otras parte, y en la mayoría de los casos, juez y parte al mismo tiempo. Si bien estos tres años de barbonismo han supuesto una renovación importante en las formas comunicativas de la FSA, la política de guiños, asturianistas, feministas o LGTBI del presidente, contrastan con el continuismo mantenido en la otra política, la de los hechos, el día a día y las cosas de comer. La acción gubernamental de Adrián Barbón mantiene con muy pocas variaciones lo que en su día fueron las líneas maestras del javierismo y antes del arecismo: una agenda económica más liberal que socialdemócrata, así como más desarrollista que ecologista, en la que persisten viejas apuestas heredadas del pasado como la construcción de la Ronda Norte de Oviedo, la apertura de la regasificadora del Musel o la incineración de basuras, ahora dentro de la térmica de La Pereda, Mieres, futura planta de biomasa.

Mucha reglamentación, poca diversión

Desde los años 80 los sucesivos gobiernos del PSOE han fiado la reindustrialización de Asturias a la captación de multinacionales a través de subvenciones económicas y otro tipo de ayudas. La protección del medio ambiente casa mal con esa ideología businnes friendly que fía el desarrollo regional a colocar a los inversores una alfombra roja más larga que la de otros territorios con los que se compite. Del negociado del vicepresidente Juan Cofiño, muñidor del acuerdo secreto con Amazon, y hombre muy bien conectado con las patronales asturianas, salen la Ley de Medidas Administrativas Urgentes y un proyecto de Ley de Calidad Ambiental que ha encendido en el parlamento asturiano las alarmas de Podemos e IU, así como de los grupos ecologistas.

Quienes llevan décadas peleando con el derecho medioambiental apuntan a una legislación dictada a la medida de los intereses empresariales y que bajo la excusa de “agilizar” y “reducir burocracia” elimina garantías básicas, prescinde de evaluaciones ambientales y reduce a la mitad los plazos de los ciudadanos para realizar alegaciones en los periodos de información pública. No por casualidad, la nueva normativa se inspira en recientes legislaciones aprobadas por los gobiernos de Feijóo en Galicia y Moreno Bonilla en Andalucía.

El consejero Alejandro Calvo. Foto: Iván G. Fernández.

¿De qué hablamos cuando hablamos de cohesióm territorial?

Si de la consejería de Cofiño sale el andamiaje legal de la política del Gobierno asturiano, a Cohesión Territorial le toca lidiar con algunos de los conflictos medioambientales más controvertidos, así como con los retrasos del Estado en la inversión en cercanías ferroviarias. Un asunto en el que el Principado debería haber ejercido más presión y vigilancia a tenor de la tardanza que el ministerio Raquel Sánchez acumula en la ejecución de sus inversiones. Desde la consejería de Alejandro Calvo, responsable también de Medio Rural, se habla de fomentar la movilidad sostenible, pero en la práctica esto se ha traducido en más bien poco. Mientras siguen sin abordarse reivindicaciones tan básicas como reducir el precio del billete del Consorcio de Transportes de Asturias o dotar de una conexión tren-bus al HUCA, Calvo apoya la construcción de una autovía de circunvalación para Oviedo atravesando la ladera del monte Naranco.

“No hace falta ser un ecologista radical para sostener que la movilidad motorizada debe decrecer en la Asturias del Siglo XXI”

Puede que Calvo esté muy lejos de Alfredo Canteli en su discurso y en sus gustos estéticos, pero ambos comparten con Cs y Vox una firme apuesta por una Ronda Norte que cada vez menos gente quiere en Oviedo. Lejos de apoyar medidas para reducir la circulación de coches en la zona central asturiana, la Ronda Norte es una infraestructura millonaria para reforzar la hegemonía del vehículo privado.

No hace falta ser un ecologista radical para sostener que la movilidad motorizada debe decrecer en la Asturias del Siglo XXI. Lo dice el propio Plan para la Movilidad Multimodal en el Área Metropolitana del Principado de Asturias 2018-2030, un documento oficial ninguneado por la propia administración que lo encargó. Aunque parezca imposible, a estas alturas de la crisis climática los asturianos siguen debatiendo en términos casi apocalípticos sobre la reducción del tráfico en el Muro de Gijón. Quienes escriban la historia del año 2022 sonreirán cuando en el futuro lean los argumentos de viejas plataformas anti movilidad sostenible como Stop Muro.

De Calvo también sabemos que no está poniendo grandes objeciones al hacer y desahacer de la multinacional minera Black Dragon Gold en el Occidente asturiano. Su justificación de la indiscriminada tala forestal en los lagos de Silva, Tapia de Casariego, objeto de deseo de la empresa canadiense dedicada a la extracción de oro, resulta cuando menos inquietante, ya que la multinacional literalmente arrasó con un espacio natural que además contiene restos arqueológicos de la antigua minería romana aurífera.

Tala indiscriminada en las lagunas de salave. Foto: David Aguilar Sánchez.

Los dilemas de la descarbonización

La descarbonización es otra de las patatas calientes de la política ambiental asturiana. Asturias, sociedad en la que el carbón llegó a ser mucho más que un mineral, se ha descarbonizado a regañadientes y de mala gana, por imperativo legal y sin apenas pedagogía que acompañara el proceso.

Todo el mundo sabía que las ayudas a la transición ecológica no serían unos nuevos fondos mineros, pero en las comarcas afectados por el proceso, como el Suroccidente asturiano, no terminan de llegar las inversiones prometidas por el Ministerio para paliar los efectos económicos del cierre de las térmicas. Vox, partido político especialista en la mentira compulsiva, espera pescar en el resentimiento de aquellos que han visto cerrar minas y centrales sin alternativas para suplir el vacío dejado. La concentración de los ultraderechistas en la clausurada térmica de Soto de la Barca, Tineo, culpando a PSOE y UP de la pérdida de “soberanía energética”, y cargando contra las energías renovables, deberían servir como toque de atención sobre el trabajo de zapa que los reaccionarios están haciendo a partir de las debilidades de un Gobierno con mejor retórica que práctica.

Poblando y térmica Soto de la Barca. Foto: David Aguilar Sánchez.

Una política ambiental sin justicia social ni imposiciones a las grandes compañías energéticas es gasolina para una ultraderecha que niega el cambio climático. La derecha política y mediática se emplea con habilidad en redirigir el malestar por el precio de la luz del oligopolio eléctrico a una conjura de los ecologistas y “progres” que rechazan la térmica y las nucleares.

Otro tanto sucede con lo que a priori podría ser el gran éxito de Pedro Sánchez y de Adrián Barbón: la descarbonización de ArcelorMittal. Si bien la construcción un horno eléctrico en Gijón repercutirá indudablente en una mejora de la pésima calidad ambiental de la ciudad y del área central, así como en la continuidad de la acería en Asturias, entre los trabajadores cunde el temor a que la descarbonización se convierta en la excusa perfecta del gigante anglo-hindú para reducir producción y con ello un millar de puestos de empleo. “Acero verde, futuro negru” es precisamente uno de los lemas de las secciones sindicales de CCOO y CSI, muy críticas no con la modernización de la industria siderúrgica, sino con un proceso del que, denuncian, se enteran por la prensa. Desde ambos sindicatos reclaman a la multinacional compromisos en materia de empleo si esta quiere acceder a los generosos fondos europeos para descarbonizase. Podemos va más allá y pide entrar en la sala de mandos: acciones para el Estado a cambio de las ayudas públicas. En el Gobierno asturiano ni se planean plantearlo.

Protesta de trabajadores de ArcelorMittal en la Junta General. Foto: Iván G. Fernández

¿De qué vamos a vivir?

Responder a la pregunta ¿De qué vamos a vivir? ayudando a los asturianos a pensar en otros futuros económicos posibles y deseables es el gran reto del movimiento ecologista, que este domingo celebra su día grande con movilización en La Collá, Siero.

El ecologismo se ha especializando en las tareas de resistencia, pero debería plantearse también formular más a menudo propuestas a la ofensiva, ofreciendo otros escenarios económicos al desarrollismo hegemónico en la cultura política asturiana: ¿Qué alternativa al auge de nuevos proyectos de minería? ¿Cómo competir con el coche privado desde el transporte colectivo? ¿Qué fiscalidad para financiar los costes de la transición ecológica? ¿En qué consistiría una industria verde? ¿Qué papel debería jugar el sector público en esa transición ecológica?

Como señalaba recientemente la analista catalana María Corrales, un ecologismo popular, para mayorías, debería moderar los discursos moralistas y culpabilizadores sobre la responsabilidad individual y lanzarse sobre todo a pensar a lo grande, proponiendo horizontes en los que bienestar y sostenibilidad vayan de la mano, y construyendo las alianzas sociales, culturales y políticas necesarias para ello. Y es que esto, no lo olvidemos, debería ir de decirle a la gente que puede vivir mejor. También en una Asturias que necesita imaginarse más allá de recetas fracasadas y marcos obsoletos para estos tiempos de emergencia climática.

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