Todas las veces que Victorino Alonso ha esquivado la cárcel

El largo historial delictivo del "Rey del carbón": destrucción de patrimonio, daños contra el medio ambiente o fraude en el suministro de minerales

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Bernardo Álvarez
Bernardo Álvarez
Graduado en psicología y ahora periodista entre Asturias y Madrid. Ha publicado artículos en ABC, Atlántica XXII, FronteraD y El Ciervo.

La última fue hace apenas dos semanas. Victorino Alonso, “el Rey del Carbón”, fue sentenciado en 2016 a dos años y medio de cárcel y a pagar una indemnización de 25 millones de euros por destruir yacimiento prehistórico de Chaves, en la provincia de Huesca. Al empresario minero se le antojó tener en su finca de caza un lugar para que abrevase la fauna silvestre a la que luego iba a disparar, y dio la orden de entrar con una excavadora en el yacimiento para nivelar el suelo y colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras. El yacimiento de la Cueva de Chaves estaba considerado uno de los dos más importantes de la Península Ibérica, junto a la cueva de Or, en la provincia de Alicante.

Alonso, siguiendo una de sus viejas triquiñuelas, se declaró insolvente ante el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca. El juez decidió entonces suspender la ejecución de la pena. En su auto, el magistrado argumenta que en el plazo de tres años después de ser dictada la sentencia, Victorino Alonso no ha cometido ningún delito, condición que le fue impuesta para lograr la remisión definitiva de su condena. Pese a un largo historial de multas y delitos, “Don Vito” jamás ha puesto un pie en la cárcel.

2021: Cuatro años por daños al medio ambiente

La Audiencia Provincial de León condenó a Alonso a cuatro años de cárcel por los daños causados al medio ambiente en una zona protegida con la explotación de una mina de carbón a cielo abierto entre Babia y Laciana. Además, se le impuso el pago de 24 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.

Todo valía para la promotora con tal de extraer el carbón y obtener rendimientos económicos. El cumplimiento de obligaciones legales ni valía la pena, ni importaba nada”, se lee en la sentencia. Alonso incumplió “de forma flagrante tanto la legislación aplicable como las condiciones impuestas en la Declaración de Impacto Ambiental, produjo un grave riesgo para el medioambiente y los recursos naturales, llegando incluso a causar graves daños en una zona protegida y en hábitats de interés comunitario, no siendo posible la recuperación de los sistemas afectados”.

Según concluyeron los magistrados, la mina explotada “supone, actualmente, un riesgo moderado alto respecto a la contaminación de aguas por la generación de drenajes ácidos de mina, existiendo un alto riesgo para el medio natural por la emisión atmosférica de partículas contaminantes y un riesgo muy grave por el escenario de rotura o fallo de las escombreras, con afecciones de graves a muy graves sobre la estructura y la funcionalidad de hábitats incluidos en la Directiva 92/43, en especial del urogallo cantábrico y del oso pardo, especies en peligro de extinción”.

2021: Un insolvente en los Papeles de Panamá

La investigación periodística de los Papeles de Panamá sacó a la luz las estructuras societarias de evasión fiscal de numerosos políticos, empresarios y artistas. En la lista de evasoras figuraba también el nombre de Victorino Alonso. El empresario aparece vinculado a tres sociedades offshore en las Islas Vírgenes y en Panamá, en las que escondía entre 25 y 30 millones de euros.

La primera de ellas, Herriard Limited, fue constituida en 1996 en las Islas Vírgenes Británicas con un poder general al nombre de Alonso y una dirección de facturación radicada en la calle Don Quijote de Madrid, donde el empresario tiene registradas varias de sus empresas. En 2004 se constituyó la panameña Watercard Holdings en la que, al menos hasta 2017, Alonso figuraba como “la persona que controla los registros y documentación subyacente de la compañía”. En 2016, y también en el país centroamericana, se abrió la sociedad Neilmar Investments.

2020: 600.000 mascarillas incautadas

En marzo de 2020, en los primeros compases de la crisis del coronavirus, la Policía Nacional retiró 600.000 mascarillas de una nave en Ponferrada propiedad de una empresa de Alonso. Por aquel entonces, el gobierno hacía llamadas desesperadas para conseguir material sanitario con el que hacer frente a la primera ola de la pandemia.

La Junta de Castilla y León, por aquel entonces presidida por el popular de una nave en Ponferrada, anunció que estaba estudiando estudiando abrir acciones legales, sin descartar la vía penal, contra el empresario que “guardaba indebidamente” las mascarillas.

2020: Presunto delito contra la ordenación del territorio

A comienzos de 2020, la Fiscalía solicitó la nulidad de la sentencia que absolvía a Victorino Alonso por las presuntas irregularidades urbanísticas en la construcción de una fábrica de ruedas gigantes para camiones en Fabero. Demetrio Alfonso, el alcalde de la localidad, fue condenado a una pena de tres años y medio de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por permitir la construcción de la nave sin los permisos oportunos.
En un principio, el magistrado pidió una pena de cárcel de tres años y medio para Alonso por un presunto delito contra la ordenación de territorio, aunque acabó absolviendo al empresario de toda responsabilidad. Alonso estaba al frente de las sociedades que promovieron la construcción de la fábrica.

2019: Dos años y medio por delitos contra el medio ambiente

La Audiencia Provincial de León condenó a Alonso a dos años y medio de prisión, y otros tantos de inhabilitación especial para el desempeño de funciones de administración, dirección o gerencia de cualquier empresa de extracción o tratamiento de minerales tras considerarlo el autor responsable de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

El auto considera probado que Alonso estuvo explotando durante 13 años la mina de carbón a cielo abierto de El Feixolín, ubicada en una zona protegida del municipio de Villablino sin tener las licencias necesarias. La sentencia recoge que la empresa de Alonso empezó a explotar la mina en 1995, y mantuvo la explotación durante más de una década “sin disponer de licencia urbanística, de Estudio de impacto ambiental, ni de licencia ambiental”. El texto recuerda también que la explotación provocó “un impacto negativo y severo” en los ecosistemas de la zona.

2016: Indemnización de 36 millones para HUNOSA

FOTO: Iván G. Fernández

La empresa minera Uminsa, propiedad de Victorino Alonso, fue condenada a indemnizar a Hunosa con 36 millones de euros, 28 de principal y 8 de intereses, por la desaparición de más de medio millón de toneladas de carbón público que Alonso almacenaba en sus instalaciones.

2011: Europa condena a España por autorizar las minas de Victorino

El Tribunal de Justicia de la UE condenó a España por autorizar la explotación de minas a cielo abierto en la zona protegida del Alto Sil sin evaluar su impacto medioambiental y en especies en peligro, como el urogallo.

La justicia europea concluyó así que España había incumplido la directiva de evaluación de impacto ambiental y la de hábitats al haber autorizado las explotaciones mineras a cielo abierto de ‘Nueva Julia’ y ‘Los Ladrones’. Ambas explotaciones fueron autorizadas sin la realización de una evaluación previa para identificar y describir los efectos de las mismas.

2010: Fraude en los suministros de carbón

El Tribunal Supremo condenó a Alonso, en su calidad de máximo responsable de la desaparecida Agrupación Minera del Bierzo y de Unión Minera del Norte, a indemnizar a la eléctrica Unión Fenosa (propietaria de la Central Térmica de La Robla) con 7,4 millones de euros más los intereses legales generados.

En total, el empresario minero se vio obligado a abonar unos 14 millones de euros tras quedar probado que suministró carbón de forma irregular para aumentar su margen de beneficios. Alonso cargaba los camiones con carbón de una calidad “notoriamente inferior al precio facturado”.

1995: Insolvente para no pagar la pensión de sus hijas

Una de sus primeras comparecencias en sus juzgados tiene poco que ver con su actividad empresarial. María del Mar Blanco, su primera mujer, le acusaba de no pagar la pensión a sus dos hijas y de ocultar parte de sus bienes. Durante cuatro años, Alonso no abonó las 60.000 pesetas mensuales de pensión alimenticia que habían sido acordadas en el divorcio. El empresario se declaró insolvente y adujo que su única propiedad era una vespino heredada.

Un año después, un informe de la Guardia Civil revelaba que Alonso poseía un entramado de unas 30 sociedades con un valor de 20.000 millones de pesetas.

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