“Vox está yendo como pollo sin cabeza denunciando, pero no hay ninguna factura que no se sepa dónde está”

La alcaldesa de Castrillón y sus socios de Gobierno explican en rueda de prensa que ni el Tribunal de Cuentas ni el Ministerio Fiscal aprecian irregularidades en la gestión de fondos públicos

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Marta Rogia
Marta Rogia
Periodista, abogada, guionista. Cinéfila y apasionada de la radio, a la que he prestado voz mucho tiempo. Continúo con mi búsqueda de la autenticidad mediante narraciones que nos conecten a través de la emoción.

El llamado ‘caso Ferrota’ sigue dando que hablar. El dinero público invertido para remodelar el complejo deportivo de esa zona vuelve a ser judicializado por el concejal adscrito a Vox, Alberto García Hevia, que ha presentado una demanda por la vía civil. Para aclarar la legalidad de las actuaciones del Ayuntamiento, el tripartito que conforma el Gobierno de Castrillón- IU, PSOE y Podemos- ha ofrecido una rueda de prensa el 28 de octubre.

El expediente se remonta a 2018, cuando se saca a licitación pública un proyecto de ejecución y obras de remodelación de campo de fútbol y servicios anexos de Ferrota. Después de su adjudicación a la empresa Iguar Obras, S.L, en octubre de 2019 la Alcaldía dicta una resolución para ampliar el objeto de contrato cuyo importe se eleva de 1,1 a 1,6 millones de euros. Y  precisamente en tal incremento del más del 49% se basa Vox para presentar sus recursos, pues al encontrarse cerca del límite máximo del 50%, permitido por la ley, entiende que se retuerce la norma, se adjudica a la misma empresa y no se publica una nueva licitación en un manejo fraudulento de los recursos públicos.

Sin embargo, en su comparecencia, la alcaldesa, Yasmina Triguero, acompañada por representantes del PSOE y Podemos, ha ido desgranando de una manera exhaustiva las resoluciones que avalan su gestión. Ha recordado que primero el edil del grupo conservador interpuso un recurso de reposición ante el Ayuntamiento, que fue desestimado y que le abría así la vía contencioso-administrativa, pero no quiso llevar al Consistorio a los tribunales, con lo que la decisión municipal quedaba firme e inatacable. También presentó una denuncia, el 20 de julio de 2022, contra el equipo de gobierno por presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias, pero la Fiscalía Superior del Principado de Asturias, tras revisar el expediente, decidió su archivo el 10 de septiembre.  

El 23 de diciembre de 2020 les llega el aviso del siguiente paso de García Hevia, una denuncia ante el Tribunal de Cuentas. Este, a pesar de su nombre, es un órgano de carácter administrativo cuyas competencias se limitan a comprobar el uso contable de caudales públicos. En su resolución provisional de 16 de marzo de 2022 especifica que  las actuaciones del Ayuntamiento de Castrillón no suponen irregularidades con los fondos públicos y el Ministerio Fiscal, que también participó en las diligencias de este organismo, acredita “que las modificaciones contractuales se debieron a exigencias técnicas sobrevenidas, por lo que no se aprecia menoscabo en los fondos públicos y por tanto, no hay causa para abrir juicio contable”.

Después, en septiembre de 2022, el concejal de Vox presenta una demanda civil,  a título individual y contra personas individuales. Triguero indicaba que aún desconocen contra quién, porque no les ha llegado la notificación, pero lo que está claro es que García Hevia “está yendo como pollo sin cabeza, como un elefante en un cacharrería, denunciando en los distintos órganos judiciales sin que hasta ahora haya tenido éxito”. No espera que el Ministerio Fiscal se adhiera a la demanda y se reconoce tranquila, aunque admite que el proceso puede ser largo, pero se ve con la seguridad de que “todas las unidades de ejecución que se han realizado en el Ferrota están debidamente auditadas. Están en hormigón y en estructuras metálicas. No hay ninguna factura que no se sepa dónde está”. En un sentido similar se expresaba Iván López Reguero, concejal del PSOE que reflexionaba que “aparte de los políticos está dañando la imagen de los técnicos, y eso no se puede permitir;  Vox una vez más, se confunde. Lo que busca es paralizar el Ayuntamiento”. Desde Podemos, Eva Menéndez comentaba que “tenemos muy claro que aquí no hay dónde rascar. Lo único que quieren es embarrar, ensuciar y provocar, como están haciendo en el salón de plenos.” El concejal de Urbanismo, Infraestructura y Vivienda, Laureano López Rivas, incidía en la absoluta unidad del equipo de Gobierno y remarcó que “el primer objetivo de Vox era retrasar o anular el proyecto de construcción del Ferrota. Al no conseguirse, se plantea este segundo objetivo: introducir la cuestión judicial”, porque no busca beneficiar a la ciudadanía de Castrillón, sino ir en contra del tripartito. La alcaldesa también precisó que, llegado en momento, se reservan la posibilidad de emprender acciones legales por imputaciones falsas.

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1 COMENTARIO

  1. Parece ser que la versión del concejal de VOX, Alberto García, dice lo contrario, que no ha hecho ninguna demanda civil a título individual, si no que es el curso de la primera denuncia por el sobre coste de La Ferrota. Ya se verá en que queda todo. Pero dar una rueda de prensa el tripartito de Castrillon es para pensar que están un poco nerviosos!!

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