“Ley Mordaza: se trata de una ley iliberal. Es decir, una ley irreformable. Que eliminarla no haya sido una prioridad de Moncloa, que aún exista, es sumamente inquietante. Y otro ejemplo de cómo gana la Extrema Derecha. Gana cuando no hay rival” resumía esta semana el periodista Guillem Martínez a propósito de la Ley vigente desde 2015, y que Pedro Sánchez, en La Moncloa desde 2018, sigue tomándose su tiempo para derogar. Por ello, este martes, Amnistía Internacional y otras organizaciones sociales salían a la calle en toda España para cantarle las 40 al Gobierno. En Madrid, un grupo de personas, periodistas, activistas, gentes del mundo de la cultura, se manifestaban por turnos durante 12 horas, amordazados frente al Congreso de los Diputados, mientras en la megafonía se repetían en bucle las declaraciones de 2015 de Pedro Sánchez prometiendo que se iba a derogar la Ley Mordaza en cuanto el partido socialista llegara al Gobierno.
Carlos Escaño, responsable de campañas de derechos humanos de Amnistía Internacional España, valora muy positivamente la respuesta ciudadana a la convocatoria lanzada esta semana. Escaño, que estuvo recientemente en Oviedo/Uviéu invitado por el grupo asturiano de Amnistía, cree que las movilizaciones han sido un “basta ya” de la sociedad civil frente al incumplimiento de la promesa de revertir esta ley aprobada por el PP de Mariano Rajoy para frenar la movilización social en España, pero que se ha seguido aplicando con igual furor a pesar del notable descenso de esta.
“Estamos en el último año de legislatura y no hay avances. Además, la reforma que por ahora conocemos mantiene los artículos más preocupantes, como las sanciones por faltas de respeto, desobediencia y negativa a identificarse a la policía, o la prohibición de la difusión de imágenes de actuaciones policiales” explica Escaño. Para el licenciado en derecho y responsable de campañas de derechos humanos en España, la reforma de la ley mantiene “la presunción de veracidad de los agentes” y deja por tanto a la ciudadanía sin “mecanismos de control ante los abusos de las fuerzas policiales”. ya que su palabra siempre vale menos que la de un policía. En opinión de Escaño los avances pactados por PSOE y Unidas Podemos no tocan aspectos sustanciales, y por eso prefiere hablar de maquillaje antes que de reforma. “No queremos Ley Mordaza, pero tampoco una mordaza maquillada” resume Escaño, que advierte del fuerte retroceso democrático en España que el Gobierno progresista no está revirtiendo.
Las responsabilidades políticas no están en todo caso equilibradas. Es el PSOE el partido que está mostrando una gran resistencia no solo a derogar la ley, sino incluso a reformarla en profundidad, tal y como estarían dispuestos a pactar sus socios de Gobierno y de investidura. El motivo puede estar en las presiones de los sindicatos policiales. El 27 de noviembre de 2021 varios sindicatos policiales respaldados por PP, Cs y Vox salían a la calle para clamar por el mantenimiento íntegro de la Ley de Seguridad Ciudadana. Escaño señala que “una manifestación de policías y guardias civiles parece pesar más que siete años de movilizaciones de la sociedad civil y la opinión de Naciones Unidas y el Consejo de Europa”. No hablamos de una ley secundaria o marginal, de escasa aplicación. Entre 2015 y 2020 (última fecha disponible) se han impuesto 1.155.727 multas al calor de la norma.
No es el único déficit de España en materia de derechos civiles, y de reunión, expresión y manifestación. Escaño cita también las redadas racistas, las devoluciones en caliente de personas migrantes y las pelotas de goma usadas por los antidisturbios para disolver manifestaciones. Como explicaba Guillem Martínez, la extrema derecha se normaliza, cuando no hay un centro-izquierda que se diferencia de ella. No solo en los discursos, sino también en las prácticas.
