La declaración sobre el impacto ambiental de la mina de oro de Salave puede retrasarse meses

Belarmina Díaz, directora general de Energía, Minería y Reactivación, sostiene que la "complejidad" del proyecto está retrasando las gestiones

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Redacción Nortes
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Te contamos lo ocurrido centradas en la periferia.

La directora general de Energía, Minería y Reactivación, Belarmina Díaz, ha asegurado este jueves que la declaración del impacto ambiental del yacimiento aurífero de Salave, en Tapia de Casariego, “excede el límite competencial” de su departamento y ha apuntado que el pronunciamiento podría retrasarse “unos meses todavía” ante la “complejidad” del proyecto en cumplimiento de una legislación “muy garantista”.

Así lo ha dicho en la Comisión de Industria, Empleo y Promoción Económica de la Junta General, en su comparecencia a solicitud de la diputada de Podemos Nuria Rodríguez para informar sobre la planificación que de la explotación del yacimiento aurífero en Salave se pretende hacer desde el Gobierno asturiano.

El plazo administrativo para la declaración del impacto ambiental del proyecto, ha precisado, debería de “estar a punto de resolverse” pero ve “muy posible que, dada la complejidad del asunto, hagan faltan otros informes adicionales” y “pueden ser unos meses todavía”.

Ha defendido que cualquier proyecto minero está actualmente sometido a una “rigurosa” regulación ambiental que determinará, con todas las garantías que establece el marco jurídico, la viabilidad ambiental o no del mismo, con la participación de todas las personas y partes interesadas.

Díaz ha indicado que su departamento es el órgano “sustantivo” para la tramitación de proyectos mineros, pero en “ningún caso es competente” para determinar si un proyecto cumple la normativa medioambiental, de medio natural o de uso de acuíferos.

Según ha explicado, el proyecto minero de Salave plantea un desarrollo durante un plazo de 14 años y medio, con una parte de labores preparatorias y otra de explotación propiamente dicha, más un período de dos años dedicado íntegramente a la ejecución del plan de restauración.

Esta planificación original presentada por los promotores pudiera verse revisada en su caso, si así se considerase en las posibles especificaciones que se recogerán en la Declaración de Impacto Ambiental.

Según ha sostenido, su “único interés” es impulsar y promover la minería sostenible y el uso racional de las materias primas, mientras que Medio Ambiente es el “órgano competente” y el que tiene que pronunciarse sobre si los informes y contrainformes permiten hacer una declaración de impacto ambiental favorable o no.

Excede el límite competencial de esta dirección general de Minería, que es el órgano “sustantivo” mientras que las competencias medioambientales corresponden a la Dirección General de Calidad Ambiental y las de aguas a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, por eso la tramitación exige “años”.

En este momento, ha precisado que “se está revaluando la documentación presentada por la empresa en mayo de 2022 de respuesta a alegaciones e informes”, y también está “un trámite ambiental a la espera de verificar toda esa información”.

Sobre el impacto económico en la zona, la directora general ha señalado que los datos de los que dispone son los presentados por el promotor, que apuntan la creación de entre 150 y 200 puestos de trabajo directos con una inversión de 103 millones de euros y estima los beneficios en 140 millones durante la vida útil del proyecto.

Díaz ha precisado que estas cifras coinciden con algunas de las cuestiones que “se está viendo que se están produciendo” en la minería asturiana, que desde hace 5 meses presenta un incremento del 6 por ciento en puestos de trabajo, al pasar de 1.755 a 1859 empleos.

La diputada de Podemos Nuria Rodríguez ha calificado como “gravísimo” lo que va a suponer el proyecto, que el Gobierno regional “podría haber paralizado” en vez que afianzarse en la “intención” de que “se lleve a cabo” pese al “impacto negativo” que implicará en la comarca, de manera especial en el turismo y las explotaciones ganaderas.

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