Reflexiones para un debate sin ruido sobre el sí es sí

Cualquier crítica legítima que podamos tener sobre las políticas o enfoques de Ministerio de Igualdad acaba siendo utilizada para campañas políticas ilegítimas.

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Silvia Cosio
Silvia Cosio
Fundadora de Suburbia Ediciones. Creadora del podcast Punto Ciego.

Que el Ministerio de Igualdad se encuentra bajo asedio constante es una realidad difícil de negar. Las fuerzas de la reacción tradicional desde la llegada de Podemos al Ministerio llevan alertando sin tregua del peligro de la dictadura feminista, la criminalización de la condición masculina, la ideología de género y el peligro que corren nuestros hijos e hijas de que les enseñen a masturbarse en la escuela en vez de la tabla del siete, pero también le ha declarado la guerra algunas históricas militantes del PSOE que sienten que se les ha arrebatado un Ministerio que es suyo por derecho divino. En esta guerra sin cuartel las enemigas del Ministerio han tomado como rehenes los derechos de las personas trans, pero tampoco desaprovechan ninguna ocasión de entablar batalla en cada trinchera que levanta Igualdad, en una extraña contienda en la que los argumentos que esgrimen a penas se diferencian de los exabruptos de la extrema derecha. Las consecuencias de esta guerra perpetua implican que el feminismo viva en una constante posición de defensa preventiva, combatiendo los discursos de odio, las desinformaciones y los bulos que llegan por ambos lados. Pero esto nos está impidiendo abordar debates profundos y necesarios dentro del feminismo sobre punitivismo, prostitución, interseccionalidad o educación sexo-afectiva en la infancia porque cualquier intento de abrir debates nuevos acaba siendo siempre utilizado como munición contra el Ministerio.

Otra de las consecuencias indeseadas es que nos coloca a muchas feministas en una situación muy incómoda, porque que cualquier crítica legítima que podamos tener sobre las políticas o enfoques de Igualdad acaba siendo utilizada para campañas políticas ilegítimas en esta guerra sin cuartel a dos bandas que tanto nos avergüenza a muchas.

Irene Montero, en una intervención institucional. Foto: Ministerio de Igualdad

Esta semana han estallado las hostilidades a cuenta de la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida popularmente como la Ley del sí es sí y que desde su aplicación en octubre de este año ha tenido como consecuencia que algunas sentencias por abuso sexual anteriores a esta fecha hayan sido revisadas a la baja en beneficio de los acusados, al aplicarse, retroactivamente, la nueva ley. El escándalo en prensa y en redes ha sido mayúsculo y se ha alimentado el bulo de que cientos de abusadores sexuales quedarán en libertad. Además la Ministra María Jesús Montero ha contribuido al ruido, al igual que el presidente del Principado Adrián Barbón -que desde que ya no es ministeriable se le nota alicaído con Sánchez-, pidiendo su revisión, lo que ha obligado al presidente Sánchez a salir a defender la ley. La reacción del Ministerio de Igualdad, que ha salido en tromba a acusar a los jueces, ha empeorado todavía más la situación al alimentar la teoría de que la judicatura española está en guerra constante contra el feminismo y que su ley es irreprochable. Entre tanto ruido y furia de fondo la sensatez huye, una vez más, aterrada por la ventana. Como en todo debate complejo lo recomendable es parar a tomar aire y recapitular.

“Como en todo debate complejo lo recomendable es parar a tomar aire y recapitular”

La ley del sí es sí nace para dar respuesta a la necesidad de reformar los delitos contra la libertad sexual, un asunto que llevaban un tiempo reclamando algunos sectores del feminismo, especialmente tras el escándalo social que provocó la sentencia del llamado caso de “La manada”. Y si bien es cierto que la ley y su borrador fueron obra del Ministerio de Igualdad, con la participación del de Justicia, no es menos cierto que la ley antes de ser aprobada tuvo que pasar por el Consejo de Ministros y que por tanto fue avalada y defendida por el gobierno, que después se sometió a trámite parlamentario, en el que se presentaron enmiendas y que fue finalmente aprobada en agosto de este año con 205 votos a favor, al mismo tiempo fue sometida a examen por el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial que emitieron informes favorables, siendo este último el único ente que emitió un informe crítico centrado, exclusivamente, en la definición que la nueva ley hace sobre el consentimiento sexual. De hecho solo se advirtió de forma generalizada de que cabía la posibilidad de que algunas condenas máximas pudieran ser rebajadas. Con el Código Penal de la mano, en su artículo 22, es posible aplicar la retroactividad de una norma siempre y cuando esta le sea favorable al reo, una normativa que, aunque pueda ofender a priori a algunas personas, deja en un excelente lugar a nuestro Estado de derecho. Esta aplicación retroactiva es posible salvo que se introduzca una disposición transitoria en la ley que de forma taxativa lo impida, algo que obviamente no se ha hecho en este caso y que se les ha pasado por alto tanto al Ministerio de Igualdad como al de Justicia pero también al Gobierno, al Parlamento y a los distintos Consejos: Fiscal, Judicial y de Estado.

La tormenta constante que persigue al gobierno de coalición, con una bulla de fondo insoportable alimentada por muchos medios de comunicación, convierte cada tropiezo, por pequeño que este sea, en un batiburrillo que obstaculiza cualquier posibilidad de debate o aclaración o incluso crítica razonada. Resulta cínico que los columnistas de extremo centro que este verano alertaban de que esta ley convertiría a todos los hombres en delincuentes potenciales que se verían obligados a exigir un contrato para follar, clamen ahora mientras se arrancan mechones de sus bellas cabelleras que violadores y pedófilos van a ser liberados a causa de una ley benigna y permisiva. No ayuda tampoco la reacción de las ministras Montero, Irene y María Jesús, la una apuntando hacia los jueces y la otra aprovechando que el Guadalquivir pasa por Sevilla para sacar rédito en la guerra particular que se vive dentro del gobierno.

Clara Serra y Germán Fernández, en la Escuela de Pensamiento Feminista de AMA. Foto: David Aguilar Sánchez

Esta no es la primera crisis a la que se enfrenta este gobierno de coalición, que ha tenido varios tropiezos -algo absolutamente normal, por otro lado-; el problema es que muchos de ellos se han gestionado de manera cuestionable de cara a la opinión pública, por eso los spin doctors insisten tanto sobre las gestiones de las crisis pero parece que a este gobierno se le da regulín, especialmente a la parte Podemos. Apuntar indiscriminadamente hacia la judicatura como se ha hecho estos días desde Igualdad, en vez de reconocer que lo que sucede es algo ordinario y que tal vez deberían haber introducido una disposición transitoria, ha añadido confusión y aumentado la crispación cuando lo que se necesitaba era calma y sensatez para explicar las cosas. Acusar a los y las juezas de actitudes machistas o de lawfare (guerra judicial a gobiernos progresistas) simplemente porque en aplicación de la ley han rebajado ciertas penas es frívolo y peligroso. Como lo es negar que un sector reaccionario de la judicatura está aprovechando su posición de poder para atacar al gobierno, que es obvia la falta de concienciación en cuestiones de género de la justicia o la existencia de maniobras torticeras por parte de ciertos jueces contra Podemos. El hecho de que esto sea así no puede servir como excusa para todo. Lo ocurrido estas semanas con respecto a la rebaja de algunas condenas mínimas es algo normal, legal y legítimo. Unirse al coro de vociferantes y echar balones fuera solo provoca que la madeja se enrede todavía más. Los debates sociales sobre temas penales deberían siempre tenerse desde la templanza. A los ministros y ministras también se les paga para aguantar rapapolvos y coscorrones y en este caso la reacción de Igualdad ha sido errónea y ha desviado el foco de atención de la propia ley y agrandando la bola de nieve que artificialmente la prensa y las redes han puesto en marcha. La tensión política tan polarizada, a la que también ha contribuido esta vez el Ministerio de Igualdad al poner el foco en la judicatura, distorsiona cualquier intento sensato de debate que parece condenado a situarse siempre en una guerra de posiciones -estás en una trinchera o en la contraria, sin matices- y, una vez más, diluye los matices de una ley, que no nos olvidemos, también ha recibido críticas, legítimas, por parte de sectores del feminismo progresista.

“Lo ocurrido estas semanas con respecto a la rebaja de algunas condenas mínimas es algo normal, legal y legítimo”

La ley del sí es sí pone, por primera vez, el foco en el consentimiento, esto quiere decir que cualquier relación sexual no consentida pasa a ser considerada agresión sexual (violación si hay penetración) independientemente de si ha habido violencia o coacción, desapareciendo, por tanto, la gradación entre abuso y agresión. Esta es una vieja reivindicación de algunos sectores del feminismo que defienden que así se evitan consideraciones patriarcales sobre el comportamiento de las víctimas durante la agresión, cuya gravedad se medía en tanto si estas habían mostrado resistencia o no. Las defensoras de esta ley alegan además, con razón, que con este nuevo enfoque se pretende evitar la revictimización que muchas mujeres sufren en los procesos judiciales en los que su actitud y comportamiento antes -e incluso después- de la agresión se utiliza como excusa, justificación o atenuante para la misma. La consecuencia directa de esta unificación de delitos, como comenta en El País Manuel Cancio Mellá, catedrático de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, es que algunas penas mínimas que antes se preveían para los delitos de coerción en los que no ha habido violencia o intimidación se han reducido de seis a cuatro años. La revisión retroactiva, a pesar de que en la mayoría de los casos responde a cuestiones de buena fe por parte de la judicatura gracias una interpretación garantista de los derechos de los acusados, ha sido aprovechada políticamente para generar malestar en una parte de la sociedad que entiende la aplicación de la ley desde una perspectiva exclusivamente punitivista. En este debate adulterado se pierde de vista que la nueva ley pone el foco en la asistencia a las víctimas más allá del castigo a sus agresores mediante la creación de una red de servicios de atención a las víctimas, acceso a ayudas económicas, protección para las mujeres migrantes víctimas de violencia sexual y que además la ley simplifica los protocolos para que las víctimas no tengan que pasar por procesos traumatizantes para acreditar que han sufrido una agresión sexual.

Nuria Alabao en la Escuela Feminista de AMA. Foto: Luis Sevilla

Otra de las consecuencias indeseadas de la constante bronca política es que muchas de las críticas legítimas que algunas feministas han expresado ante esta nueva ley pasan desapercibidas impidiendo un debate enriquecedor. Voces como las de Nuria Alabao o Clara Serra, pero también colectivos como el de Jueces y Juezas para la Democracia, llevan tiempo alertando de la tendencia a limitar el debate sobre la violencia machista al ámbito exclusivamente penal y que precisamente ha sido la pulsión punitivista, junto con cierta improvisación y falta de diálogo, lo que ha provocado el lío en el que el Ministerio, pero también el Gobierno y, por arrastre, el colectivo feminista, nos encontramos en este momento.

Muchas feministas llevamos años defendiendo que el punitivismo, es decir, el endurecimiento de las penas, no solo no protege a las mujeres, sino que da más herramientas al Estado para limitar nuestros derechos. Con tanto ruido de fondo, sin embargo, muchas albergamos pocas esperanzas de que se puedan escuchar otras voces, atrapadas como estamos en una guerra de posiciones que nos está condenando al desastre.

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