El país andino ha sido militarizado y está bajo estado de emergencia. En las calles la gente reclama nuevas elecciones y una nueva Constitución.
La ministra de Educación, Patricia Correa, y el ministro de Cultura, Jair Pérez, renunciaron. El primer ministro Angulo ha sido dimitido.
Aumenta la demanda de Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución que viene de la dictadura de Alberto Fujimori.
Piden la libertad del presidente Pedro Castillo.
En Ayacucho se dio la represión más dura, con ocho muertos. Ya van 26 muertos desde que comenzaron las protestas.
Según las autoridades de salud de la región, el 90 por ciento de los fallecidos y heridos en Ayacucho lo son por impactos de bala, el otro 10 por ciento por contusiones.
Muchos de los fallecidos eran adolescentes de entre 15 y 19 años. Trabajaban en actividades agrícolas o en construcción para mantener a sus familias.
Soñaban con ser futbolistas, farmacéuticos, médicos, policías y artistas. En Ayacucho, gran parte de ellos murieron por impactos de armas de fuego en el torax, cuello y cabeza.
La presidenta de facto Boluarte anuncia que las investigaciones por las muertes las harán los militares. Se asegura así la impunidad. (“Se ve que matar no es delito cundo el asesino es el estado”, dicen las pancartas).
Hoy martes llega una delegación de la Comisión Interamericana de DDHH.
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA, que representa a más de 500 pueblos indígenas amazónicos) exhortó a los organismos internacionales a actuar frente a los actos de violencia en Perú.
Exige también al Estado peruano el cese de la represión brutal contra manifestantes y que escuche y respete las demandas ciudadanas.
El hartazgo por históricas exclusiones y demandas no atendidas y de una clase política desacreditada, hace que en otras regiones del país también sigan las movilizaciones sociales que exigen “que se vayan todos”.
La Defensoría del Pueblo condenó la represión y las muertes y presentó una denuncia penal para que estos hechos sean investigados. “Ha habido disparos contra estas personas. Un estado de emergencia no desprotege el derecho a la vida”, señaló la defensora del Pueblo, Eliana Revollar.
El gobernador de Ayacucho, Carlos Rúa, condenó la represión y exigió la renuncia de Boluarte. En similar sentido se han pronunciado los gobernadores de Puno y Cuzco.
La Asociación Pro Derechos Humanos, Aprodeh, informó que está redactando una acusación por homicidio calificado contra la presidenta de facto del Congreso golpista, Dina Boluarte, a causa de las más de 20 personas fallecidas en contexto de represión policial y militar.
Al mismo tiempo queda en el olvido los miles de pelícanos que aparecen muertos en las playas, debido a una fuerte epidemia de gripe aviar.
También queda rezagada la contaminación provocada por derrames sucesivos de la Repsol, a la que no se le habían aplicado las elementales normas de rechazo, reparación y enjuiciamiento a la transnacional.
Otra gripe, y otra contaminación, más persistente y de difícil cura tiene al país de la antigua civilización inca en la más absoluta de las ingobernalidades, con 5 presidentes en pocos años, con Congresos cambiados a mitad de mandato (para peor), y con perspectivas de seguir controlando el país los sectores más ultras y cavernarios.
Era la vez tercera que el Congreso intentaba “vacar” al presidente Pedro Castillo. Ya le habían obligado a cambiar a más de 70 ministros y a 5 jefes de Gobierno.
Era y es el anuncio y promesa que había realizado la extrema derecha desde que en julio del 21 desconocía el triunfo del maestro rural en las presidenciales: no dejarle gobernar y destituirle.
Lo han conseguido.
Dice la crónica apresurada que ante la nueva votación en su contra el presidente Castillo intentó a la desesperada el cierre del Congreso para elegir otro. Lo permiten las leyes peruanas, pero en ciertas condiciones. Se lo estaban demandando de forma insistente varios partidos y sectores que ahora dicen que no fue el momento adecuado.
Lo había hecho Vizcarra con apoyo popular.
Faltaban otros requisitos y sobremanera faltaban los apoyos de calle, de alianzas, que Pedro Castillo no tenía: entre ellos y ellas las todopoderosas fuerzas armadas que provienen sin retoque de la guerra contrainsurgente, del golpismo fujimorista que tiene asiento preferencial en el Congreso y en el resto de instituciones peruanas.
Ahora Castillo está detenido acusado a su vez de golpista.
Ha asumido la que era su vicepresidenta, que ha juramentado ante el Congreso dominado por los ultras.
Ella, Dina, se había distanciado del último gesto de Pedro Castillo. También de la última remodelación de gabinete, renunciando al Ministerio donde ejercía.
Es la primera mujer presidenta del Perú.
Durante los numerosos cambios en el Ejecutivo de Castillo también hubo dos primeras ministras.
Una de ellas la abogada Mirtha Vázquez, que defiende la causa de doña Máxima Acuña: su finca está rodeada por la minera yanqui Yanacocha, que la violenta, que mata sus animalitos, que la enjuicia para que se vaya, pero ella resiste a la minera, y ha recibido el prestigioso Goldman ambiental, (igual que Berta Cáceres en Honduras).
Dina Boluarte proviene de la izquierda moderada. Su discurso de toma de posesión podría considerarse de una maestría inédita en medio de la confusión reinante: ofrece un Gobierno “de todas las sangres”, apelando o malinterpretando a José María Arguedas, el escritor más cercano al pobrerío y hablante quechua, solicita una tregua, y oferta ministerios para todos los sectores político-partidarios.
Sin embargo, ¿con este mismo Congreso presidido por un exmilitar con prontuario criminal podrá hacerlo, “gobernar” para quién?
La derecha y la extrema han vuelto a salir ganando.
La enorme soledad en que la izquierda y el progresismo han dejado a Pedro Castillo ameritaría de una revisada médica, de una terapia de choque multidisciplinar.
La desesperación del sindicalista proveniente del “Perú profundo” le llevó a recabar hasta el apoyo de la OEA, que llegó al país a “intermediar” y avalar primero a Castillo, ahora a su destitución.
(Algo repetitivo que ya se había producido con Evo en Bolivia, como repetida resulta la oferta elemental de México de proteger a Castillo, como ya lo hizo con Evo, salvándole la vida).
El veterano presidente mexicano ha sido de los pocos en no callarse: “Ellos tienen que resolver este asunto, pero creo que se extralimitaron. ¿Quién apoya esto? Pues Vargas Llosa y políticos o intelectuales orgánicos del conservadurismo. ¿Por qué no les gusta Castillo? Porque es un maestro de un pueblo de la sierra de Perú, no es un fifí, entonces nunca lo han aceptado, porque a ellos les gusta la democracia cuando les conviene, pero en la democracia todos contamos lo mismo, todos somos iguales, además no hay razas, eso no existe y no debe haber racismo, ni clasismo, sino humanismo”.
El pueblo, tras el susto, ha salido a las calles masivamente, y ha sido reprimido con extrema violencia.
En la Selva, todas sus autoridades y organizaciones; en la Sierra, en las comunidades andinas, en la poderosa organización de las rondas.
Y ya tienen 26 muertos en la represión en que se estrena Dina, cuyo territorio de origen Apurimac, se ha declarado en insurgencia. Hoy martes, tras dos días de “tregua” para enterra a los difuntos, hay anunciadas movilizaciones en muchas regiones peruanas. Y es tradición que el estado de emergencia decretado por la nueva presidenta no las va a detener.
Desde que Fujimori (hoy preso) huyó al Japón en el año 2000, los presidentes que lo han sido de Perú han tenido todos enjuiciamientos, cárcel, o huidas forzadas a EE UU.
Menos Paniagua, que murió a los pocos meses y dejó una impronta positiva de cambios y Comisión de la Verdad en su medio año de mandato. Menos Alan García, que se pegó un tiro cuando iban a detenerle por corrupción.
La última saga comenzaba con la destitución del empresario PPK Kuczynski. Le sustituyó su vice Vizcarra, que como se dijo disolvió el Congreso y eligió otro de dos años. Después vinieron varios presidentes que duraron meses e incluso días. Hasta la elección de Castillo en urnas hace año y medio.
Y ahora la abogada Dina Boluarte.
Las organizaciones indígenas peruanas están exigiendo la convocatoria de una Asamblea Constituyente Plurinacional, Soberana, Popular y Paritaria.
Rechazan el permanente acoso racista y clasista a que ha sido sometido Castillo, con la “complicidad entusiasta de los grandes medios de comunicación”, dice el pronunciamiento de la Organización Nacional de Organizaciones Indígenas Andinas y Amazónicas.
Consideran que la actual coyuntura política es el resultado de una estructura estatal colapsada por décadas de corrupción privatizadora.
También sectores sindicales y de pensionistas exigen elecciones inmediatas a Presidencia y a Congreso y a una Asamblea Constituyente.
Una demanda de difícil curso ha sido presentada ante la Corte Interamericana de DDHH. En ella se solicita la restitución de Castillo a la Presidencia. “La fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, apenas juramentó como fiscal de la nación, amenazó y creo un equipo especial para investigar al presidente Pedro Castillo Terrones, violando el artículo 117 de la Constitución Nacional del Perú”, según denuncia ante la CIDH.
Hay quien está diciendo: Pedro Castillo comenzó a perder cuando hizo caso a sus asesores y se quitó su sombrero chotano.
Detener la represión, es muy Urgente.
Solidaridad desde Asturias con los pueblos del Perú.
