La XIXª Delegación Asturiana de verificación de DDHH en Colombia compuesta por integrantes de organizaciones sociales, políticas y sindicales, lleva desde la pasada semana realizando trabajos de observación en el país andino, que vive un nuevo tiempo político desde la histórica victoria del progresista Gustavo Petro en las últimas elecciones presidenciales.
Uno de los grupos ha pasado por Yopal, en el departamento de Casanare, donde los integrantes de la misión asturiana han tenido como guía a la COSPACC, Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria, una de las organizaciones dedicadas a la protección a líderes y lideresas sociales, y a la Asociación de Mujeres Unidas por Casanare (ASMUC).
Entre las visitas efectuadas por este grupo de la delegación asturiana, ha estado un encuentro con los pobladores del asentamiento de Nunchía, compuesto por 56 familias que sobreviven sin luz ni servicios básicos como atención sanitaria. Reclaman la legalización de su comunidad y un plan de vivienda digna para sus habitantes. Asimismo piden medidas de seguridad para las personas que lideran el movimiento por la mejora de sus condiciones de vida. Y es que el paramilitarismo se está reorganizando en esa región, tal y como confirmó a la delegación asturiana la policía militar del departamento, en una entrevista con los mandos policiales.
El problema de la violencia política y el resurgir del paramilitarismo también han aparecido en la visita asturiana a La Bendición. Allí la delegación se entrevistó con líderes sociales víctimas de acoso legal y de grupos armados ligados a los intereses de terratenientes y multinacionales. Uno de ellos es el sacerdote Luis Albeiro Camacho, de Nuestra Señora Guadalupe, objeto de amenazas de muerte, por su responsabilidad al frente de este templo que sirve de paraguas y albergue a diferentes movimientos sociales de la zona.
En otro asentamiento, el de “Mi Nueva Esperanza”, más de 2000 personas viven hacinadas en viviendas de autoconstrucción. Se trata de casas hechas de ladrillos amontonados, sin una estructura estable, con planchas de metal sirviendo como techo, y telas y lonas de plástico como paredes. Además de estas duras condiciones para las familias que habitan el asentamiento, se vive una problemática específica con la violencia de genero que se extiende al terreno institucional. Las mujeres que sufren violencia machista, han denunciado a la delegación asturiana que no se sienten arropadas por la fiscalía de Casanare. Consideran que con su actitud desprotege a las mujeres, minusvalora las denuncias y contribuye a perpetuar las agresiones.
“en el asentamiento de Mi Nueva ESperanza 2.000 personas sobreviven hacinadas en viviendas de autoconstrucción”
En paralelo, la otra mitad de la delegación ha visitado Villagarzón en el departamento de Putumayo. Ubicado al suroeste del país, en la región Amazónica de Colombia, el municipio de 21.000 habitantes, fue uno de los epicentros del estallido social de 2021, y el pasado año volvió a vivir movilizaciones contra las petroleras que explotan la región con grandes perjuicios para las comunidades, el medio ambiente y los recursos autóctonos. Una de ellas acabó con el asesinato de un joven a manos de la policía.
La lucha contra los proyectos extractivistas de multinacionales con la canadiense Gran Tierra Energy es una de las principales fuentes de violencia en la región. 52 personas están amenazadas de muerte desde enero, y más de 2.000 tuvieron que dejar sus casas por temor a represalias o desplazamiento forzoso en 2022. Los integrantes de la delegación asturiana han conocido los relatos de estas personas perseguidas por los grupos paramilitares, pero también de las resistencias populares a la violencia, como la Red de Derechos Humanos del Putumayo y el Observatorio de Paz y Derechos Humanos.
Los dos grupos de la Delegación se han vuelto a juntar ahora para seguir con las entrevistas y encuentros con organizaciones políticas, sociales y organismos institucionales. Del nuevo clima que vive el país Cristina Fernández, trabajadora social e integrante de la Asamblea Moza d’Asturies, destaca que las “grandes expectativas” despertadas por el primer presidente progresista de la historia colombiana chocan con que “el nuevo gobierno se encuentra lidiando con lo que dejó el anterior, ya que dejó sin fondos para llevar a cabo nuevas medidas en materia de reformas sanitarias, laborales, de pensiones y educación”.
Ensanchar y profundizar la inédita oportunidad de cambio que se abre para el país es ahora el gran reto al que se enfrentan los movimientos populares de una sociedad colombiana acostumbrada a la violencia, las injusticias y la desigualdad.
Cobertura informativa realizada por la Asamblea Moza d’Asturies y financiada por las ayudas de cooperación internacional del Ayuntamiento de Gijón y de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo
