Tras la publicación, por parte del Banco de España, de los resultados del sector, es evidente que los beneficios de la banca son un récord absoluto: más de 20.850 millones en 2022, con un incremento de un 38%. Una ocasión que no han desperdiciado sus presidentes y consejeros delegados para ponerse las botas sin el menor rubor. Vamos a los datos: a la cabeza, los del Santander, con 11,7 y 9,6 millones de euros, respectivamente. Le siguen los del BBVA, con 8,2 y 7,5; Caixabank, 2,2 y 3,9; Sabadell 1,7 y 2,4. Y no son hechos aislados, es un modus operandi: España es el país de Europa donde los banqueros tienen sueldos más altos. De hecho, hay 221 altos ejecutivos que ganan más de un millón de euros al año.
Todo esto ocurre mientras se suceden los cierres de sucursales y se maltrata al cliente. Todo esto ocurre mientras se excluye a las personas mayores de los servicios financieros porque les niegan la atención personal que es básica y las condenan al abismo digital. Todo esto ocurre mientras nos atracan con comisiones de escándalo por todo. Todo esto ocurre mientras esos mismos directivos, que multiplican sus sueldos y bonus, ponen el grito en el cielo por el impuesto a la banca aprobado por el Gobierno, para aplicar la Constitución y conseguir más justicia fiscal. Todo ello ocurre mientras suben las hipotecas pero somos el país de Europa donde menos pagan por los depósitos bancarios.
“Todo esto ocurre mientras se suceden los cierres de sucursales y se maltrata al cliente”
Vayamos al detalle para hacernos una idea más cabal del despropósito: desde 2008 nuestro país ha sufrido un severo proceso de concentración financiera con cierres de oficinas y reducciones de plantillas. Un informe de CCOO recoge que en 2008 había 46.065 oficinas y en diciembre de 2021 quedaban 19.338, menos de la mitad. Y en cuanto al empleo, en 2007 las 88 entidades financieras con sede en nuestro país tenían un total de 238.272 personas trabajando; en 2021 solo hay 10 entidades con 127.884 profesionales. ¿El resumen? La banca puso la quinta marcha para convertirse en un poderoso oligopolio: media docena de bancos controlan casi todo el mercado. Y ya se sabe: a más oligopolio, menos democracia.
Según datos del Banco de España el proceso se aceleró en los últimos años: entre 2016 y 2021 los bancos cerraron 9.700 oficinas. De los 8.131 municipios que hay en todo el país, 4.400 ya no tienen sucursal. Esto quiere decir que más de 1,6 millones de personas no tienen acceso a una oficina en su municipio. Sobra recordar que, en la mayoría de casos, se trata de personas mayores con más dificultades para moverse y hacer gestiones.
Asturias tenía en 2016 en torno a 713 sucursales, en marzo de 2022 se quedaron en 487. Especialmente grave es el abandono de las zonas rurales, aunque la exclusión financiera empieza a sentirse también en las zonas urbanas.
Desde Comisiones Obreras venimos alertando de que la drástica reducción de plantilla ha hecho que se multiplique la carga de atención (personas a atender por cada empleado o empleada de banca), que ha pasado de 167 personas en 2008 a 276 en 2020, muy por encima de los 186,5 de la zona euro. Hablamos de un incremento del 65,1%. Esta sobrecarga de trabajo, y la intolerable presión que reciben por parte de los directivos para conseguir aumentar la venta de productos financieros (bajo amenaza de todo tipo de represalias), tiene graves consecuencias sobre su salud: el aumento de las bajas, los ataques de estrés o de ansiedad, y el número de profesionales a tratamiento psicológico en el sector es sencillamente espeluznante.
Todas y cada una de estas decisiones se han adoptado para conseguir que la banca sea un negocio redondo (más aún). El modelo no es nada sofisticado: cierran masivamente sucursales, recortan brutalmente plantilla, cobran por todo y no pagan nada a los clientes por tener su dinero. Exprimen a trabajadores y clientes para generar beneficios extraordinarios, pero luego la fiesta tiene reservado el derecho de admisión: solo un pequeño grupo de grandes directivos se reparten bonus y sueldos de escándalo.
En el ático de la banca la fiesta no acaba nunca, en los pisos más bajos, donde trabajan la mayoría de profesionales del sector, sufren la precariedad, la coacción, las amenazas y la discrecionalidad empresarial. Bien lo saben las mujeres, con una brecha salarial de escándalo (31,8%) porque la banca es el paraíso de los salarios variables y los complementos extraconvenio de concesión dactilar.
La banca no escatima en anuncios y campañas de publicidad para mostrarnos su rostro más amable, su compromiso y responsabilidad social. Sin embargo, la realidad es bien diferente: lo están demostrando con la batería de recursos para no pagar el impuesto extraordinario sobre los beneficios. Hablamos de un gravamen del 4,8% sobre los ingresos por comisiones y márgenes financieros obtenidos en los dos últimos años, y con los que el Gobierno pensaba recaudar 1.500 millones de euros.
El primer pago del nuevo tributo ha supuesto 631,1 millones (cuando solo el Santander ganó 9.605 el año pasado). Un impuesto que hasta el presidente de la Autoridad Bancaria Europea, el asturiano José Manuel Campa, considera “legítimo”, y que no va a tener impacto en la solvencia de las entidades o en la menor provisión de crédito para la economía.
Sorprende por tanto que los bancos hayan tenido la desfachatez de llevar a los tribunales ese impuesto, a pesar de que el esfuerzo que se les pide apenas representa un 0,06% del valor de los activos de las grandes entidades.
E indigna que lo haga un sector que en la anterior crisis financiera fue rescatado con dinero público por importe de más de 60.000 millones de euros. Un dinero del que, por cierto, solo han devuelto el 10%, y está claro que no tienen ninguna intención de devolver, porque la banca nunca pierde.
La banca solo tiene un rostro amable para las campañas publicitarias, la realidad es que la usura, la avaricia, el abuso y la coacción siguen siendo sus señas de identidad. Son el sector de los negocios redondos en el que nunca sale nada mal porque, cuando la estafa llega a tales límites que hace que todo se tambalee, siempre estará el Estado para acudir al rescate.
¿Hacen falta más motivos para regular el sector, impedir los monopolios, garantizar la libre competencia, exigir la atención presencial y en condiciones para los clientes con mayor edad, imponer la transparencia necesaria, impedir las comisiones abusivas, garantizar más equidad y justicia salarial o retribuciones justas a los clientes por sus depósitos?
¿Hasta cuándo tendremos que esperar para que no seamos el resto los que perdamos siempre?
